Bienestar, Pemex y Educación padecen los recortes al gasto Expansión

Ante el objetivo de reducir el déficit fiscal al cierre de año, los ajustes de Hacienda al gasto programable de enero a junio se han concentrado en programas sociales a cargo de la Secretaría del Bienestar, de Educación Pública; en gasto para infraestructura, materiales y suministros para Pemex; y en el gasto previsto para provisiones salariales, que incluyen contrataciones de personal y pagos en el sector público. Las reducciones en los gastos de estos organismos en comparación con lo programado, para el primer semestre del año, van desde los -27,853 millones de pesos que registra la Secretaría de Educación Pública (SEP), y hasta los -40,944 millones para Bienestar, principalmente por menores erogaciones a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para Personas con Discapacidad, Sembrando Vida y Pensión Mujeres Bienestar. La Escuela es Nuestra, Beca Rita Cetina y Servicios de Educación Media Superior, destaca información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los ajustes a la baja obedecen principalmente al objetivo de reducir el déficit presupuestario, lo cual se logra con mayores ingresos, los cuales no han sido del todo favorables especialmente por la caída de los ingresos petroleros, mientras que, si bien los tributarios han crecido por ISR e IVA, el IEPS viene por debajo de lo aprobado, entonces también hay que hacer reducciones a los gastos que se han visto en estos ramos y en programas sociales, explicó José Luis Clavellina, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). De acuerdo con Hacienda, el recorte general al gasto público fue de 286,885 millones de pesos, de los cuales, 281,076 millones fueron para gasto programable, el cual se refiere a los recursos presupuestarios para cumplir con objetivos y metas específicas de los programas y proyectos gubernamentales. “Una parte también relevante del ajuste la está llevando la inversión física y la inversión financiera”, comentó el director de Investigación del CIEP. Son justo Pemex y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) dos organismos que están en los primeros 10 organismos con ajustes a la baja en sus gastos programables, detalló Hacienda, específicamente por menores erogaciones en inversión física, servicios generales y en materiales y suministros para la petrolera, y en el caso de la SICT es por el no ejercicio de gasto en las provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga, por igual para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura, y menores recursos para la conectividad municipal. “Esto va a tener repercusiones en sí, en el crecimiento económico, en la recaudación, pero también de forma inmediata en el nivel de vida de las personas, porque estas acceden a bienes y servicios públicos, y pues ahora hay menos inversión, en prácticamente todos los rubros, lo cual merma la calidad de estos bienes y servicios”, consideró Clavellina. Explicó las variaciones del gasto para los programas sociales también dependen de los cambios en la edad y grados escolares de las personas que se favorecen de estos, por ejemplo, los jóvenes estudiantes entran al campo laboral, o suben de grado escolar; mientras que las personas de mayor edad tienen decesos, entonces se van actualizando los registros de los beneficiarios. En tanto, IMSS, Hacienda, SRE, Gobernación y CFE registran ajustes al alza por montos desde los 1,034 millones de pesos hasta los 4,388 millones, por mayor gasto en pensiones, mayor control aduanero, más recursos para servicios consulares y migratorios, y mayor gasto en materiales y suministros para CFE. Clavellina explicó que los mayores gastos para pensiones obedecen al envejecimiento de la población, que es uno de los gastos que más crecen en el sector público. Tan solo en el primer semestre el gasto para pensiones y jubilaciones del sector público creció 8.4%. Si bien en el total y por función, Hacienda reporta menor crecimiento en sus erogaciones, recibió 3,659 millones de pesos más a lo programado para el diseño y aplicación de la política económica; para la regulación del sector financiero; y para el control de la operación aduanera. La actual administración se ha concentrado en reforzar mecanismos y aplicación de impuestos en aduanas tras, el objetivo de incrementar la llegada de recursos a las arcas públicas, y que para el siguiente año prevé una reforma a la Ley Aduanera. Mientras la política antimigratoria de Estados Unidos y la migración hacia México, ha requerido de mayores y mejores servicios consulares y migratorios.