Tonatiuh Márquez es el encargado de combatir el huachicol fiscal, le encontraron lujos que no podría explicar y Claudia Sheinbaum se lava las manos Libertadbajopalabra.com
Por supuesto, si fuera un alcalde o gobernador de la oposición, o un funcionario de otro partido que no fuera Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum exigiría la renuncia del funcionario y una investigación por parte de la Fiscalía de Gertz Manero. Pero como el funcionario es de Morena, pues entonces que otro decida si sigue o no en el cargo. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ha sido notablemente tibia y evasiva. Frente a las graves acusaciones que involucran a Márquez Hernández —quien presuntamente acumuló una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos y está vinculado a operaciones irregulares por 257 millones de pesos a través de la empresa Aledo S.A. de C.V.—, Sheinbaum se limitó a delegar la responsabilidad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin pronunciarse con firmeza ni comprometerse a una acción inmediata.
Esta postura contrasta con la urgencia de un caso que pone en entredicho la integridad de una institución clave como la ANAM y reaviva cuestionamientos sobre la tolerancia a la corrupción en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. La falta de una condena clara o de medidas concretas, como la separación inmediata del cargo de Márquez Hernández mientras se investiga, refleja una actitud pasiva que podría interpretarse como indiferencia ante un escándalo de alto perfil.
Más aún, la revelación de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya conocía estas denuncias desde 2023, sin que se tomaran acciones significativas, agrava la percepción de opacidad y protección a funcionarios cuestionados. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, la respuesta de Sheinbaum no solo resulta insuficiente, sino que arriesga alimentar la narrativa de continuidad en las prácticas de impunidad que su administración prometió erradicar.
