La urbanización de lujo donde viven Aitana, Bisbal o Baltasar Garzón no quiere una residencia de ancianos y ha denunciado al Ayuntamiento que ha dado la licencia Infobae

Ciudalcampo no quiere residencia de ancianos. La urbanización madrileña que está siendo investigada en dos juzgados distintos por verter sus residuos fecales a un río y por captar sin permiso agua de cinco pozos, ha denunciado a su vez al Ayuntamiento de Colmenar Viejo (gobernado por el PP) por un delito de prevaricación urbanística tras conceder la licencia para la construcción de este centro, que espera abrir sus puertas antes de que acabe el año y que está promovido por la firma Planiger, del grupo Maisons de Famille (propietario de Alcampo, Decathlon y Leroy Merlin).

No es fácil encontrar casas en Ciudalcampo por debajo del millón y medio de euros. Se trata de una urbanización de alto nivel (con 1.200 viviendas) donde residen, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, los cantantes David Bisbal y Aitana, los presentadores Isabel Gemio y Carlos Sobera, la comunicadora Susanna Griso y el empresario Víctor de Aldama (imputado en el ‘caso Koldo’), entre otros destacados empresarios y abogados. La denuncia se puso en mayo de 2022 y actualmente se instruye en el juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Colmenar Viejo.

La Comunidad de Propietarios Ciudalcampo (que tiene contratado un equipo para llevar su gestión) inició hace años una batalla judicial para boicotear la apertura de la residencia de ancianos (que operará bajo el nombre comercial de Amavir). “En febrero de 2020 presentamos el proyecto a la Comunidad de Propietarios y no pusieron ninguna pega. Pero no han parado de obstaculizar su construcción con trabas inaceptables y poco éticas. Han presentado la denuncia e incluso nos dijeron en una reunión que podrían presentarnos a un vecino que era paisajista para levantar un muro que tapara la residencia, que está en la zona de entrada de la urbanización”, señalan fuentes de Amavir.

La denuncia inicial de Ciudalcampo, que consta de 115 páginas, acusa al Ayuntamiento de eliminar zonas verdes en la Unidad Urbanística donde se levanta la residencia, de conceder irregularmente la licencia de construcción, y de que esa Unidad (UD-4 La Pesadilla) no tiene las infraestructuras “aptas para la depuración de aguas residuales ni una dotación de suministro para agua potable de consumo humano”. Y es que la residencia es un comunero más de la urbanización, una zona residencial que tiene problemas con su red de suministro y depuración de aguas.

Una urbanización con problemas de agua

Ciudalcampo tiene problemas con el agua. Aunque la urbanización se fundó a finales de los años 60, no fue hasta abril de 2024 cuando se firmó un convenio con el Canal de Isabel II y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo para la redacción de un proyecto de distribución de agua de consumo humano. Y es que los vecinos no pueden beber el agua que sale de sus grifos, ya que tiene altos niveles de arsénico. El problema es que está previsto que estas obras culminen en un plazo de diez años. Para liar más la cuestión, la urbanización lleva décadas cogiendo agua de cinco pozos subterráneos, lo que ha provocado un litigio con la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha impuesto sanciones que suman 4,1 millones de euros. Por este motivo, un juzgado de Alcobendas tiene imputados a tres expresidentes y un exgerente de la Comunidad de Propietarios.

La urbanización tampoco tiene la red de depuración totalmente terminada. El Canal está invirtiendo 5,5 millones para construir un colector que lleve sus residuos fecales a una depuradora. Mientras, estos residuos llevan años acabando en el río Jarama, lo que provocó una denuncia de grupos ecologistas y una investigación abierta en otro juzgado, donde la Comunidad de Propietarios tiene la situación de imputado. En este contexto, los gestores de la urbanización decidieron denunciar a su vez al Ayuntamiento de Colmenar Viejo (los terrenos de Ciudalcampo están dentro de esta localidad y de la de Alcobendas) por la apertura de la residencia de Amavir.

Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz de la urbanización. Ciudalcampo basa su denuncia en que el plan urbanístico de Colmenar Viejo clasificaba el suelo donde se levanta la residencia como urbano para la construcción de viviendas unifamiliares y una zona verde de 100.000 metros cuadrados. Pero que, modificaciones posteriores, eliminaron parte del arbolado previsto, aumentaron la edificabilidad y cambiaron la parcelación de los terrenos. Además, según la denuncia, la parcela tiene un límite de edificación del 65% y “ya se habría superado el 80%”. Las obras superarían, además, el límite de los linderos entre la residencia y las viviendas colindantes.

La denuncia también incide en los problemas de agua antes mencionados: no hay infraestructura para que la residencia, que contará con 153 plazas, pueda depurar las aguas residuales. La urbanización admite que no puede “asegurar que sus servicios privados de captación y evacuación de aguas” puedan dar suministro a la residencia, teniendo en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Tajo revocó en 2021 la licencia de concesión para captar el agua que usan los vecinos, por ejemplo para ducharse, de cinco pozos subterráneos.

El juzgado, de momento, sigue con la instrucción abierta tras la denuncia de Ciudalcampo. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no ha querido hacer ningún comentario. Un portavoz de la empresa Amavir asegura que el Consistorio concedió la licencia de obras en junio de 2020 y que los trabajos se han desarrollado con normalidad y cumpliendo la normativa. “Hace tres semanas la urbanización por fin nos dio la acometida del agua para suministro, ya que la tuvimos que reclamar judicialmente porque somos un comunero más de la urbanización”.

En cuanto a los problemas de agua y tras una inversión de 14 millones de euros, Amavir ha construido una potabilizadora y una fosa séptica para alojar los residuos, que serán retirados por camiones varias veces durante la semana. Paloma Maroñas, portavoz del PSOE en el Consistorio, señala la complejidad de este asunto. “El problema de la construcción de la residencia de mayores en Ciudalcampo ha sido la falta de diligencia por parte del Ayuntamiento y su tardanza en resolver los problemas que reclamaban los vecinos, a los que abandonaron a su suerte durante muchos años. Todo esto ha generado, entre el tiempo transcurrido y las denuncias, esta situación tan conflictiva”.