Nuevo golpe legal para Pablo Lyle; ahora lo demandan por millones de pesos El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.- A más de cinco años del altercado vial en el que el actor mexicano Pablo Lyle se vio involucrado en Miami, Florida, y que terminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, un ciudadano cubano de 63 años, el caso vuelve a generar atención pública. Aunque Lyle cumple una condena de cinco años de prisión por homicidio involuntario desde 2023, según El Universal, ahora enfrenta una nueva demanda, esta vez en el ámbito civil.
De acuerdo con el programa “Despierta América”, en 2024 el hijo del fallecido interpuso una demanda contra el actor con el objetivo de obtener una compensación económica. La solicitud incluye el reembolso de gastos funerarios, servicios de atención psicológica y una indemnización por la pérdida de ingresos que habría afectado directamente a la esposa del fallecido.
Según la misma fuente, el monto exigido podría oscilar entre 1 y 5 millones de dólares, lo que equivaldría a más de 93 millones de pesos mexicanos. La cifra definitiva dependerá de la evaluación de los daños y de la viabilidad económica del actor para cubrir el posible pago.
El proceso civil se lleva a cabo de manera paralela al juicio penal por el que Pablo Lyle fue sentenciado. Cabe recordar que en 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario tras concluir que el golpe propinado a Hernández durante una discusión vehicular el 31 de marzo de 2019 derivó directamente en su fallecimiento días después.
¿Cuándo será la audiencia?
La primera audiencia correspondiente a esta demanda civil estaba programada para junio de 2025, sin embargo, fue pospuesta debido a la inasistencia de los abogados defensores de Lyle. A ello se suma la reciente renuncia del abogado representante de la familia Hernández, lo que generó un nuevo aplazamiento del proceso.
La próxima fecha en el calendario judicial está fijada para el 31 de julio, donde la corte deberá analizar si los daños señalados en la demanda pueden ser comprobados y si el actor cuenta con los recursos suficientes para afrontar el pago requerido por los demandantes.
