Una desertora norcoreana demandó al dictador Kim Jong-un por tortura y violencia sexual ante un tribunal de Corea del Sur

Una mujer que escapó de Corea del Norte presentó una demanda civil y una denuncia penal en Seúl contra el dictador norcoreano Kim Jong-un y otros altos funcionarios del régimen, acusándolos de tortura y violencia sexual sufridas durante su reclusión en centros de detención estatales. Se trata de la primera acción legal de este tipo emprendida por una desertora ante la justicia surcoreana.

La demandante, Choi Min-kyung, de 53 años, solicita una compensación de 50 millones de wones (aproximadamente 37.000 dólares estadounidenses) por los abusos que asegura haber sufrido mientras estuvo detenida en instalaciones de la provincia de Hamgyong del Norte tras ser repatriada forzosamente desde China en 2008.

“Han pasado 13 años desde que llegué a Corea del Sur, pero todavía padezco estrés postraumático severo y dependo de medicación. Las cicatrices en mi cuerpo son evidencia de la realidad de los derechos humanos en Corea del Norte”, declaró Choi al diario The Guardian.

La denuncia, presentada ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl y la fiscalía surcoreana, imputa a Kim Jong-un y a seis altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad. El texto argumenta que, bajo el principio de “control efectivo”, el régimen norcoreano es responsable como comandante de las violaciones sistemáticas cometidas por su aparato represor.

La documentación presentada detalla múltiples formas de maltrato, entre ellas registros corporales forzados sin guantes, agresiones físicas que le causaron daños auditivos permanentes y tortura mediante posiciones de estrés prolongado durante más de 15 horas al día. Choi estuvo detenida durante cinco meses en tres instalaciones distintas, tras ser repatriada por cuarta vez desde China.

Uno de sus abogados es Lee Young-hyun, quien también desertó de Corea del Norte y se convirtió en el primer jurista de origen norcoreano en ejercer la abogacía en Corea del Sur. El caso cuenta además con el respaldo del Database Centre for North Korean Human Rights (NKDB), una organización especializada en documentar abusos del régimen.

“Este caso podría establecer un precedente legal relevante en el sistema judicial surcoreano, que tiene escasa jurisprudencia previa sobre crímenes de lesa humanidad”, explicó Seongyeop Lee, analista del NKDB. “También abre la puerta a demandas colectivas por parte de otras víctimas interesadas en buscar justicia”.

Aunque la posibilidad de que Corea del Norte responda legalmente es nula, los tribunales surcoreanos pueden tramitar este tipo de causas porque, según la Constitución nacional, la península coreana sigue siendo un territorio unificado. En consecuencia, Corea del Norte no es reconocida como un estado soberano separado.

El domicilio oficial de entrega de la demanda fue fijado en la misión de Corea del Norte ante la ONU en Nueva York, ya que no existe ningún canal directo para comunicarse con las autoridades del régimen en Pyongyang.

Casos anteriores contra Corea del Norte han involucrado demandas por trabajos forzados, secuestros durante la guerra de Corea y la destrucción de instalaciones intercoreanas. Sin embargo, los tribunales no tienen mecanismos para hacer cumplir sentencias económicas, lo que hace que estos fallos sean mayormente simbólicos.

El equipo legal de Choi también espera que el caso sirva como base para futuras presentaciones ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y órganos de derechos humanos de la ONU.

La denuncia se apoya en el informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte de 2014, que documentó extensamente torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias en campos de prisioneros políticos, donde se estima que hay entre 80.000 y 120.000 detenidos.

Joanna Hosaniak, directora de la Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights, advirtió que “los casos de crímenes de lesa humanidad suelen requerir múltiples víctimas y pruebas sustanciales de patrones sistemáticos”, y agregó que estos procesos “demandan años de preparación legal”.

Choi, sin embargo, se mantiene firme. “Debemos actuar mientras las víctimas aún están vivas para dar testimonio”, afirmó. “Este paso debe convertirse en un pilar de libertad y derechos humanos, para que ningún otro norcoreano inocente sufra bajo este régimen brutal. Somos testigos vivos”.