VILA QUERÍA ESCLAVIZAR A LOS TRABAJADORES Sol Yucatán
El Sindicato Progresista del Poder Judicial de Yucatán manifestó su respaldo a la iniciativa de reforma a la Ley del Isstey, con el objetivo de garantizar una jubilación digna a los trabajadores y revertir los daños provocados por la ley actual.
La secretaria general del Sindicato, Luisa Inés Martín Puc, recordó que la actual legislación, aprobada durante la administración de Mauricio Vila Dosal y con el respaldo de la entonces bancada panista en el Congreso, afectó gravemente a más de 40 mil trabajadores del estado. Dicha ley elevó los requisitos para jubilarse, exigiendo 35 años de servicio y 65 años de edad, lo que generó inconformidad entre los trabajadores.
El sindicato recordó que, desde julio de 2022, emprendió acciones legales junto con otras agrupaciones de trabajadores y docentes, lo que derivó en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó varios artículos de esa legislación. Entre los puntos anulados se encuentra el llamado “salario regulador”, que reduciría las pensiones, así como la eliminación de la pensión por viudez si la persona beneficiaria modificaba su estado civil.
Por ello, la organización sindical urgió a que la nueva reforma incluya mecanismos que restablezcan los derechos laborales perdidos, permitiendo que las trabajadoras puedan jubilarse tras 28 años de servicio y los trabajadores después de 30, sin importar la edad.
Asimismo, el sindicato señaló como positivo que la propuesta incluya el congelamiento de las cuotas del Isstey, ya que la ley actual establece aumentos anuales hasta alcanzar el 15% en 2029, lo que representa una carga insostenible para los empleados públicos.
“El Isstey necesita una reestructuración financiera seria y responsable para garantizar la viabilidad de las jubilaciones. No podemos permitir más improvisaciones que sigan afectando nuestro futuro”, afirmó Martín Puc.
La líder sindical agregó que aún quedan pendientes otros temas relevantes, como la recuperación de los fondos presuntamente desaparecidos y la revisión de las cuotas que actualmente se descuentan a los trabajadores. “Estamos dispuestos a colaborar, pero exigimos que la reforma contemple la devolución de nuestros derechos y una solución real al problema que enfrentamos”, concluyó.
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