Acusan a madre de Maru Campos de haber autorizado permisos al crematorio donde hallaron 383 cuerpos en Ciudad Juárez El Imparcial
Chihuahua, Chih.— La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, señaló públicamente que María Eugenia Galván Antillón, madre de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y actual presidenta del DIF estatal, habría autorizado los permisos de operación al crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde fueron hallados 383 cuerpos apilados en condiciones irregulares a finales de junio, informó el portal La Jornada.
Según la legisladora, Galván Antillón encabezaba la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2016–2021), periodo en el que se emitieron las autorizaciones para el establecimiento. La empresa es propiedad de la familia Arellano Cuarón, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) y al exfuncionario Pablo Cuarón Galindo.
Cuestionan omisiones en la supervisión sanitaria
Durante una sesión permanente del Congreso estatal, la diputada Argüelles exigió explicaciones al secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, y a la Fiscalía General del Estado (FGE), y acusó posibles omisiones administrativas en la vigilancia y operación del crematorio, que desde 2020 había sido reportado por condiciones insalubres, pero seguía funcionando con licencias vigentes.
¿Cómo es posible que ninguna verificación detectara la saturación de cuerpos, la falta de refrigeración y un horno sin capacidad?”, cuestionó.
Además, recordó que el 27 de junio las autoridades aseguraron que no había más de 60 cuerpos, pero días después reconocieron oficialmente 383 restos humanos, muchos sin identificación ni embalaje adecuado.
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Acusan contradicciones y piden auditoría
La legisladora morenista también denunció contradicciones entre los informes oficiales: primero se dijo que los cadáveres estaban en buen estado y que no había delito, pero luego la propia Fiscalía confirmó que muchos no estaban plenamente identificados.
Ante este panorama, Argüelles pidió una auditoría completa a los permisos emitidos por la Coespris, así como una revisión de los protocolos de supervisión.
Judicializar a un par de personas no basta. La sociedad merece saber la verdad y las familias de las víctimas, respuestas claras”, sostuvo.
Demandas de otros legisladores
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, exigió una investigación profesional y exhaustiva de la FGE y estudios forenses a cada uno de los cuerpos encontrados, así como una revisión de las urnas ya entregadas a familiares.
La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes presentó un exhorto formal para que la Fiscalía estatal fincara responsabilidades por omisión al secretario de Salud y al actual titular de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar, y solicitó la separación de ambos funcionarios mientras se desarrollan las indagatorias.
¿Cómo es posible que este crematorio prestara servicios a múltiples funerarias con licencias oficiales si operaba en condiciones ilegales?”, cuestionó. Y añadió: “O no inspeccionaron, o sabían y otorgaron licencias a cambio de beneficios”.
Personas vinculadas a proceso
Hasta ahora, los únicos vinculados a proceso penal por este caso son José Luis Arellano Cuarón, dueño del crematorio Plenitud, y Facundo Martínez Robledo, empleado del establecimiento, por el presunto delito de ocultamiento y conservación ilegal de restos humanos.
