Coahuila registra 31 casos de extorsión al mes de mayo; federación busca Ley General y acción directa Vanguardia.com.mx

Con 31 carpetas de investigación abiertas por el delito de extorsión hasta el mes de mayo de 2025, Coahuila se suma a los estados afectados por este delito de alto impacto, el único que, según datos federales, no ha logrado disminuir en la actual administración.
En respuesta al aumento sostenido de casos a nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Poder Legislativo a expedir una Ley General contra la Extorsión, a la que deberán apegarse los 32 estados del país.
TE PUEDE INTERESAR: Empresa involucrada en ‘huachicol fiscal’ también distribuye a 320 gasolineros: ‘Mono’ MuñozLa propuesta incluye modificar el artículo 73 de la Constitución, con el fin de que las entidades federativas no solo armonicen sus leyes locales, sino que el delito pueda ser perseguido de manera oficiosa, es decir, sin depender de una denuncia directa por parte de la víctima.
“Le estamos quitando a la víctima ese peso”, afirmó la mandataria.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, aunque el promedio de delitos de alto impacto ha disminuido, la extorsión se mantiene al alza, con un incremento del 27.
7por ciento a nivel nacional.
En ese contexto, Sheinbaum presentó también la Estrategia Nacional Antiextorsión, la cual contempla líneas de acción como la activación de la línea 089 para denuncias, cancelación inmediata de números usados para extorsión telefónica, y despliegue de células de inteligencia en las fiscalías estatales.
Aunque Coahuila no figura entre los ocho estados con mayor concentración de casos —que incluyen Estado de México, Guanajuato y Nuevo León—, la entidad no está exenta del problema, por lo que el avance de esta reforma constitucional y la eventual Ley General podrían impactar directamente en la manera en que se investigan y combaten estos delitos en la región.
La iniciativa también busca eliminar la cifra negra de casos no denunciados, derivada del temor de las víctimas.
Por ello, el Gobierno federal insiste en que las fiscalías estatales asuman un papel más activo sin depender exclusivamente de la denuncia ciudadana.
(Con información de El Sol de México)