La inevitable reforma fiscal integral: prepárese El Financiero
El sábado pasado, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que destacó que la deuda pública del país, en su acepción más amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público), se ubicó en mayo en 49.2 por ciento del PIB frente al 51.3 por ciento con el que se concluyó el año 2024.
Este dato podría generar la impresión de que las finanzas públicas tienen holgura suficiente para reducir la deuda.
Cuidado con esta falsa sensación de tranquilidad.
Las finanzas públicas en México enfrentan estrecheces importantes y tendrán que sortear desafíos significativos en los próximos años que pondrán a prueba su sostenibilidad y capacidad de adaptación.
Por una parte, está la creciente presión que ejerce el gasto público derivado de los programas sociales consolidados durante los últimos años, y por otra, la necesidad constante y urgente de respaldar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex). Ambos factores constituyen una combinación crítica que requiere atención prioritaria.
Durante los seis años que concluyeron en 2024, el gasto social creció 32 por ciento en términos reales, lo que representa un desembolso anual adicional de aproximadamente 1.4 billones de pesos respecto al nivel del 2018.
En cuanto a Pemex, estimaciones de analistas privados indican que se transfirieron a la petrolera estatal, directa e indirectamente, alrededor de 2.2 billones de pesos entre 2018 y 2024, un promedio anual de 366 mil millones.
Si este patrón de crecimiento del gasto se repitiera, para 2030 los recursos fiscales serían claramente insuficientes para cubrir todas estas necesidades.
Entre 2018 y 2024, los ingresos tributarios crecieron un 19.7 por ciento en términos reales. Esto significó una adición anual cercana a los 630 mil millones de pesos respecto al nivel de 2018. Aunque significativa, esta ganancia resulta insuficiente para hacer frente a la inercia expansiva del gasto mencionado anteriormente.
Si esta situación se prolonga, la sustentabilidad fiscal podría verse seriamente comprometida, lo que reduciría los recursos disponibles para áreas clave como infraestructura, salud o educación.
Frente a este escenario, la pregunta clave es si México tiene suficiente margen para financiar estos compromisos únicamente mediante una mejor administración tributaria, sin necesidad de subir impuestos o implementar una reforma fiscal profunda.
La evidencia internacional, sumada a la experiencia reciente en México, indica que mejorar la eficiencia recaudatoria puede ofrecer incrementos significativos, pero limitados, en la recaudación fiscal.
Es cierto que México ha logrado avances sustanciales en la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, aunque aún hay áreas importantes que podrían mejorar, estos esfuerzos, por sí solos, probablemente no sean suficientes para cubrir las crecientes necesidades presupuestales.
Por tanto, resulta inevitable abrir la discusión sobre una reforma fiscal integral y profunda.
A pesar de los avances logrados por el SAT, México mantiene una de las tasas más bajas de recaudación tributaria en América Latina en relación con su PIB, lo que limita significativamente la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios esenciales.
Actualmente, los ingresos tributarios equivalen al 14.7 por ciento del PIB, según datos de la Secretaría de Hacienda, mientras que el gasto neto total del sector público asciende al 25.7 por ciento del PIB, incluso después de aplicar recortes en diversas áreas del gasto corriente y reducir la inversión pública.
Este tema históricamente ha sido complejo y políticamente delicado, pero el contexto actual lo vuelve impostergable. México requiere con urgencia una reforma fiscal que amplíe la base tributaria, elimine exenciones fiscales injustificadas y revise de manera crítica el esquema vigente de impuestos directos e indirectos.
En resumen, las presiones sobre el gasto público no desaparecerán, sino que continuarán incrementándose en los próximos años.
Por ello, es fundamental que se emprenda un debate honesto y bien informado sobre las fuentes de financiamiento. México debe decidir entre ajustar sus prioridades presupuestales, mejorar radicalmente la eficiencia en el gasto público o, finalmente, enfrentar la tarea inaplazable de diseñar e implementar una reforma fiscal moderna, integral y equitativa que garantice la sostenibilidad financiera del Estado a largo plazo.
