¿Vigilancia o inteligencia? Diario.mx

El periodo extraordinario dejó un listado de 16 leyes que, a decir de la Oposición, configura un modelo de vigilancia y, en voz del oficialismo, es un esquema para crear productos de inteligencia que permitan combatir el delito.

El senador Ricardo Anaya, jefe de la bancada del PAN, niega que las leyes aprobadas hayan sido impulsadas durante las gestiones de PAN y PRI. "Hoy quieren imponer control poblacional y un modelo de vigilancia fabricado por este Gobierno", sostiene.

Waldo Fernández, de la bancada del PVEM-Morena, considera irresponsable hablar de una vigilancia masiva e intrusiva y prefiere hablar de lo positivos de las leyes. "Por fin vamos a tener un sistema de inteligencia único en el País", dice.

'Es un plan de control que vamos a enfrentar'

En comisiones y en el Pleno del Senado, la voz de Ricardo Anaya, jefe de la bancada del PAN, fue la que más resonó contra la “Ley Espía” recién aprobada.

Sus cuestionamientos provocaron la molestia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que, categórica, afirmó que una intervención telefónica solamente podría prosperar, según la Constitución, tras la autorización de un juez.

“Hoy, con esta ley, el Gobierno puede saber dónde estás, en tiempo real, sin orden de un juez. Eso no es Estado de Derecho, eso es abuso de poder, eso es espionaje institucionalizado”, advierte el coordinador albiazul en el Senado.

En un ambiente marcado por el escepticismo, el ex candidato presidencial estima que el paso que es necesario dar es el de la organización para impedir que la 4T se apodere de las libertades del ciudadano. “No nos vamos a dejar”, desafía en entrevista.

¿Qué sigue? ¿Hay forma de frenar esto? ¿Algún recurso legal?

“Sí hay forma. Y la forma es la acción ciudadana. Porque aunque el oficialismo imponga su mayoría, no tiene el permiso de la gente para espiar, vigilar ni controlar. Lo que sigue es organizarnos, alzar la voz, y no permitir que nos roben nuestras libertades desde el poder.

“La historia de México lo ha demostrado una y otra vez: cuando el poder abusa, la gente responde. Y responde con fuerza. Esta lucha se va a dar en cada escuela, en cada universidad, en cada espacio público. Vamos a informar, vamos a denunciar, vamos a convocar. Porque esto no es un tema técnico, es un tema moral: el Gobierno quiere marcar al ciudadano como si fuera ganado. Y no lo vamos a permitir. Que lo entiendan bien en Palacio: no nos vamos a dejar. Esta batalla es de todas y todos. Y apenas comienza”.

¿Ves un escenario en el que la gente pudiera protestar en la calle?

“Claro que sí. Lo que está en juego es la libertad. La gente no va a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan derechos que costaron décadas. Si el Gobierno sigue actuando como si México fuera su finca, la calle será el contrapeso”.

La Presidenta sostiene que las intervenciones a la privacidad sólo serán autorizadas por órdenes judiciales, pero la ‘Ley Espía’ la aplicarán los jueces carnales. ¿Qué responde?

“Eso es falso. Y lo grave es que no se trata de un error, sino de una mentira deliberada. El artículo 9, fracción XXVI de la Ley de la Guardia Nacional es clarísimo: la georreferenciación en tiempo real de los equipos móviles no requiere orden judicial. Lo dice así, textual: ‘la Guardia Nacional podrá solicitarla bajo el mando del Ministerio Público, sin necesidad de que un juez la autorice’. El texto distingue dos supuestos: primero, la geolocalización, que no exige control judicial; y segundo, la intervención de comunicaciones privadas, que sí requiere autorización judicial. Los separa un punto y coma, como debe ser.
“Y el artículo 183, fracción I de la nueva Ley de Telecomunicaciones lo confirma: los concesionarios deben colaborar con las autoridades para localizar en tiempo real los equipos terminales. ¿Quién define en qué condiciones? Las propias leyes. ¿Y quién controla esas leyes? El oficialismo.
“Entonces, por más que la Presidenta diga que todo estará bajo supervisión judicial, los hechos y los textos legales demuestran lo contrario: hoy, con esta ley, el Gobierno puede saber dónde estás, en tiempo real, sin orden de un juez. Eso no es Estado de derecho. Eso es abuso de poder. Eso es espionaje institucionalizado”.

¿Por qué se respira un ambiente de incredulidad y escepticismo y no se le cree al Gobierno?

“Porque han mentido una y otra vez. Dijeron que no militarizarían el País y lo hicieron. Dijeron que no habría censura y la impusieron. Dijeron que no desaparecerían órganos autónomos y están barriendo con todos. La confianza no se exige, se construye. Y este Gobierno la ha dinamitado”.

¿Por qué dices que al ciudadano lo erraron, como si fuera ganado?

“Porque eso es exactamente lo que están haciendo: marcando a cada persona con un número obligatorio para vivir en sociedad. Y no lo digo yo, lo dice la ley.

“El artículo 91 Sexties de la nueva Ley General de Población es brutal: todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios. Léalo bien: todo ente, público o privado. O sea, el Estado le está diciendo a cada banco, a cada escuela, a cada empresa, a cada hospital, a cada aerolínea, a cada plataforma digital: ‘No atiendas a nadie si no trae su código de marcaje estatal’.

“Y si no llevas ese número, simplemente no existes. No puedes hacer trámites. No puedes acceder a servicios. No puedes trabajar, rentar, comprar, estudiar, viajar, curarte. Te desconectan del sistema.

“Y lo peor: no es cualquier CURP. Es una CURP vinculada a tus biométricos, a tu huella, a tu iris, a tu geolocalización. ¿Y quién controla todo esto? Una agencia subordinada al Poder Ejecutivo. Una oficina con poder absoluto sobre la identidad de todos.

“Esto no es una democracia. Es un modelo de control poblacional. Es un sistema en el que, para participar en la vida pública o privada, primero tienes que entregarte al poder. Como si fueras propiedad del Gobierno. Por eso lo digo y lo sostengo: a los ciudadanos nos erraron. Como si fuéramos ganado”.

Si tuvieras enfrente a la Presidenta, ¿qué le dirías?

“Le diría exactamente lo mismo que he venido diciendo en público: que rectifiquen. Que entiendan que no están ahí para imponer, sino para servir. Que no llegaron para destruir instituciones ni para callar voces, sino para garantizar libertades. Que México no les pertenece. México es de todos.

“Y que más les vale corregir ahora, porque tarde o temprano —con ley o con voto— este atropello se va a revertir. Porque la gente ya despertó, y no va a permitir que conviertan una democracia en un sistema de control absoluto”.

Artículo 19 advierte un sistema intrusivo de carácter masivo, ¿ves ese riesgo?

“Totalmente. Es un sistema de espionaje a gran escala, con capacidad para vigilar a millones de personas en tiempo real. ¿Y qué garantías tenemos? Ninguna. Porque todo queda en manos del Gobierno. Es inaceptable”.

¿Qué es lo que más te preocupa de este paquete de leyes?

“Que lo están disfrazando de ‘regulación’ cuando en realidad es un proyecto autoritario. Concentración de poder, censura, vigilancia y eliminación de contrapesos. Es un modelo de control total”.

¿Crees que serviría adoptar “candados” para evitar el acoso? ¿De qué tipo propondrías?

“Sí, pero los candados deben ser reales, no simulaciones. Podemos distinguir dos momentos: controles previos (antes de acceder a tus datos) y controles posteriores (rendir cuentas por lo hecho). El problema en México es que los controles previos son papeles mojados: ya controlan al Poder Judicial, así que una autorización judicial no garantiza nada. Por eso, el segundo bloque —los controles posteriores— es el verdadero freno.

“La clave es que haya transparencia total: que cualquier persona sepa si fue vigilada. Este es un candado poderoso. Uno: que exista un registro público (resguardado temporalmente) que pueda ser consultado. Y dos: que haya un organismo autónomo que revise y sancione abusos.

“Solo así —con transparencia y datos reales— podemos evitar que este paquete de leyes se convierta en una ventana abierta al espionaje masivo. Sin candados así, todos los demás son solo engaños. Ellos no están dispuestos a establecer este tipo de candados porque su aspiración es la censura y el control total”.

¿Aceptas que el contenido de estas leyes es el mismo que el que impulsaron el PRI y el PAN hace años?

“Falso. Decir eso es repetir una mentira construida para justificar el abuso. Nada más lejos de la realidad.
“Primero, la disposición de la Ley General de Población es completamente nueva. Nunca antes en la historia de México se había planteado obligar, por ley, a que todo ente público y privado exigiera la CURP como condición para brindar cualquier servicio. Eso no existía en ningún Gobierno anterior. Hoy sí lo quieren imponer. Y eso se llama control poblacional.

“Segundo, la Ley de la Guardia Nacional simplemente no existía. Es una creación del actual Gobierno. No pueden decir que ‘ya estaba’, cuando ellos la redactaron, la aprobaron y la operan. Y peor aún: hoy autoriza que la Guardia Nacional —bajo órdenes del Ministerio Público— solicite la geolocalización en tiempo real de cualquier persona sin orden judicial. Eso no estaba antes. Eso lo pusieron ellos.

“Y tercero, respecto a la Ley de Telecomunicaciones, hay que decirlo con todas sus letras: el PAN votó en contra del artículo 183, que antes era el 190. Lo reservamos. Lo denunciamos. Y lo más revelador: lo hicimos con el apoyo de legisladoras que hoy están en el oficialismo, empezando por Luisa María Alcalde. Ahí está su firma en la reserva. Basta revisar el Diario de los Debates. Entonces, si de verdad están tan preocupados, ¿por qué hoy no solo lo mantienen, sino que lo refuerzan?

“La diferencia es de fondo: nosotros lo denunciamos y propusimos eliminarlo. Hoy Morena y sus aliados lo institucionalizan, lo normalizan y lo amplifican. Antes era una excepción. Hoy quieren que sea regla. Por eso lo decimos con toda claridad: este no es un problema heredado. Este es un modelo de vigilancia fabricado por este gobierno. Y lo vamos a enfrentar”.

'Es dar herramientas para combatir crimen'

El senador Waldo Fernández desestima la necesidad de que se establezcan candados que ayuden a atenuar las reformas aprobadas por Morena y aliados, y que la Oposición y organizaciones civiles han bautizado como “Ley Espía”.

Abogado de profesión, integrante de la bancada del Verde Ecologista, pero militante en las filas de Morena, el parlamentario regiomontano asegura que el mejor candado está en la Constitución Política, la que con toda claridad establece que sólo se podrá acceder a información privada mediante una orden judicial.

“La Constitución es muy clara: está explícitamente que para poder tener acceso a esta información necesitas un mandamiento judicial que tiene que ser a través de una solicitud que esté fundada y motivada. El candado ya está: si no hay una orden judicial, nadie te puede molestar. El candado es innecesario”.

En opinión del legislador, la Oposición es irresponsable en sus cuestionamientos al paquete de iniciativas que empujó Morena en el Congreso y solo provocan temor entre la ciudadanía.

¿Qué opinión tiene del ambiente que prevalece en la opinión pública tras la aprobación de la Ley Espía?

“Todas las discusiones que tienen que ver con la materia de seguridad, históricamente, han estado atoradas en debate continuo; la realidad es que la Oposición, de manera irresponsable, en mi opinión, se pone a hablar de una ‘Ley Espía’ cuando no hay tal cosa; simple y sencillamente, lo que se puso en este dictamen es lo que estaba incluso considerado en la ley de 2014, cuando PRI y PAN tenían el Pacto por México y la votaron a favor.

“¿Cuál es el asunto aquí? El sistema político mexicano es un árbol, y la Constitución es el tronco, y cada rama de este árbol son las diversas leyes.

La Constitución es muy clara en el artículo 16 y el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro: tú no puedes molestar a nadie sin una orden judicial. En este caso, lo que le llaman ‘Ley Espía’, no lo puedes hacer si no hay una orden judicial; sé que ahora, el argumento que viene es que ‘el Poder Judicial que está en manos del Gobierno’, pero nada más alejado de la realidad: hubo un proceso democrático y una votación democrática.
“Pero aún así, también están los criterios de la Corte. Soy abogado de profesión y atendí a víctimas de secuestro y extorsión desde la sociedad civil. No es solamente la petición por parte de la Fiscalía o de las áreas de Procuración de justicia, para intervenir un teléfono o localizar un teléfono, como que ‘oye, por favor, vamos a intervenir el de Waldo’ y ahí está.

“No, tienes que motivar y que fundar –que es otra garantía de la Constitución–, esta petición y del resultado de lo que hagas, tienes que decirle al Poder Judicial cuál es el resultado y se hace una carpeta de investigación; es decir, hay todo un protocolo y un proceso legal que protege a la autoridad en su petición, pero que también protege al ciudadano que está siendo investigado”.

Entonces, no es en automático…

“No es en automático, no es en serie. Tiene que fundamentar y motivar esa parte. Entiendo la polémica que se genera, pero la realidad es que está sustentado en la Constitución, que es nuestra ley principal”.

Pero ahora los jueces serán ‘carnales’…

“Pero es que ese es un argumento que manifiesta la Oposición, pero hay que ver cuál fue el resultado de las elecciones. Yo creo que, cuando hablamos de ‘jueces carnales’, le faltamos el respeto a la ciudadanía que se tomó el tiempo de ir a votar; pero vayamos más allá: hay estados del País donde hay Gobernadores de Oposición.

“Lo que se hizo fue un proceso democrático y difiero de hablar de ‘jueces carnales’; me parece que es faltarle el respeto a los ciudadanos que participaron en la elección, pero también a las autoridades que van a entrar. Y hay que recordar algo: la mitad de los funcionarios del actual Poder Judicial se quedaron, salvo los Ministros que sí cambiaron”.

La organización Artículo 19 ha sugerido que, en virtud del ambiente de escepticismo que se respira, sería bueno introducir algún tipo de candados. ¿Cómo verías esta propuesta?

“Pues es que el candado como tal es la propia Constitución; la diferencia entre tú, como ciudadano, es que puedes hacer lo que tú quieras que no esté explícitamente prohibido; una autoridad solamente puede hacer lo que está explícitamente autorizado, y la Constitución es muy clara: está explícitamente que para poder tener acceso a esta información necesitas un mandamiento judicial que tiene que ser a través de una solicitud que esté fundada y motivada. El candado ya está: si no hay una orden judicial, nadie te puede molestar. El candado es innecesario”.

¿Y a qué atribuye el ambiente de escepticismo, que no sólo está en la Oposición?

“Desde hace años hemos entrado en una retórica donde hemos confundido la función del Estado y de las autoridades que persiguen delitos, una desconfianza natural que no se tiene cuando se meten los datos personales y los vinculan a una tarjeta de crédito”.

Bueno, metes los datos personales en una tarjeta de crédito, pero cualquier diría, ‘hasta ahí llega’. No brincan al aparato de seguridad del Estado…

“Es a lo que voy: le tienes más confianza a un proveedor de servicio, pese a que cuando tú recibes llamadas telefónicas… yo he sido víctima de intentos de extorsión, y tienen información mía que solamente la pueden obtener de casas comerciales. O cuando te hablan y te dicen si quieres diferir los pagos de tu tarjeta de crédito si te cambias de banca.

Lamentablemente, a través de los años, hemos ido generando escepticismo contra el Estado y eso ha perjudicado a las autoridades de procuración de justicia. Pero llegó el momento de entender que para combatir el crimen tenemos que darle herramientas a los equipos de seguridad del Estado.

“Cuando yo era diputado federal, todo mundo te hablaba que para acabar con la delincuencia había que prevenir más que atacar la violencia; y cuando viene el Presidente López Obrador y por fin empieza atacar las causas de la violencia, lo que te decían es que tienes que hacer inteligencia; y cuando presentas una ley genérica para hablar de inteligencia, se regresan entonces al final. Al hacer esta serie de mentiras, faltan al Estado; necesitamos orden”.

Hay organizaciones que alertan por un inminente marco de vigilancia intrusiva masiva…

“¿Cómo sería la vigilancia intrusiva masiva? Ni siquiera hay sistemas para poderlo hacer así. Lo que veo es que, manera irresponsable, los integrantes de la Oposición hacen estos señalamientos, y ellos generan temor infundado en la ciudadanía. No hablan de lo positivo, que por fin vamos a tener un sistema de inteligencia único en el País”.

¿Usted sí confía en este nuevo sistema de inteligencia?

“Confío total y absolutamente porque yo fui usuario de los instrumentos de seguridad del Estado de la sociedad civil; atendía víctimas de secuestro, robo y extorsión (por el Centro de Integración Ciudadana). Vi tres cosas vitales: las lagunas de ley que existen, la falta de coordinación entre los diferentes aparatos de seguridad, lo que benefician es al delincuente; segundo, no podían las autoridades estatales actuar contra ciertos grupos de la delincuencia si no venían las fuerzas federales, por el poder de armamento. Sí hay que actualizar las leyes…

Alega que estos argumentos de la Oposición no se sostienen, pero ¿no acepta que sí se perfila un Estado vigilante?

“A ver, la Oposición ha entrado en la narrativa de que estamos ante un Estado autoritario, ¿pero un Estado autoritario necesita modificar las leyes? Más que un Estado vigilante, son las herramientas que le tienes que dar a las Secretarías correspondientes, aunque los Gobernadores de Oposición van a ser usuarios, hay que decirlo también. El asunto es la seguridad, respeto a la Oposición, pero faltaron a la responsabilidad porque el País lleva inmerso en años de violencia y hay que entender que tenemos que habilitar al Estado mexicano. Tenemos un gran Secretario de Seguridad Pública, tiene prestigio a nivel internacional”.

Estas leyes, ¿son compatibles con los derechos humanos?

“Totalmente. El respeto irrestricto a los derechos humanos viene en la Constitución”.

¿Cuál sería la frontera? ¿En qué casos sí podría advertir que se traspasa la frontera?

“Tenemos un sistema republicano con tres Poderes, y el Judicial, tiene como documento básico a la Constitución, y es muy clara. No lo veo”.

El artículo 12 de la Ley de Investigación e Inteligencia establece que la Secretaría de Seguridad tendrá facultad para acceder a información y llevarla a interconectar con sus sistemas de inteligencia. ¿Tampoco ve gato encerrado?

“No, porque lo tiene que hacer a través de una orden judicial”.

Cuando usted ve el video de Luisa María Alcalde como diputada, protestando y pegando el grito en el cielo por lo que ahora defiende, ¿qué piensa?

“Es lo mismo que pasa con la Oposición. Cuando tú ves ahora al senador (Ricardo) Anaya quejándose de una ley que muy probablemente él votó cuando era diputado a favor simplemente.

“Yo soy Waldo Fernández, yo respeto a cada quien; pero si tú ves a los diputados que votaron este artículo tan polémico que se volvió a poner en esta ley que ya venía de ahí, te vas a encontrar con líderes de Oposición que hoy cambiaron el discurso diciendo que es malo simplemente, para mí la política tiene tiempos y momentos”.