Nuevas autoridades antimonopolios Excelsior

El Congreso de la Unión recién acaba de terminar un periodo de sesiones extraordinarias en donde se crearon y modificaron más de 20 instrumentos jurídicos.
Dentro de este universo, vale la pena detenerse para analizar la aprobación de leyes que vienen a completar la desaparición de dos Organismos Constitucionales Autónomos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Derivado de la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se desprende la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que, según la ley tendrá independencia técnica, operativa y de gestión.
Esta comisión se supone que será la garante del desarrollo eficiente del sector y estará integrada por cinco personas propuestas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado de la República.
El segundo caso, es la aprobación de reforma de las leyes federales de Competencia Económica y de la de Entidades Paraestatales.
Se crea la Comisión Nacional Antimonopolio como un organismo público descentralizado de la administración pública federal —sectorizado a la Secretaría de Economía—; dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de gestión e independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.
Recordemos que la evolución de la ingeniería institucional mexicana diseñó a Organismos Constitucionales Autónomos, entre otras cosas, bajo la idea de procurar fortalecer un equilibrio constitucional basado en procurar mayores controles al enorme ámbito de funciones del Poder Ejecutivo, y para garantizar el ejercicio de funciones técnicas especializadas alejadas de los vaivenes de la política.
La extinción de los OCA se justificó en que ejercían demasiado presupuesto.
Sin embargo, los análisis hechos por el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos reportaban otros datos.
El IFT reportó que —entre 2013 y 2024— las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones en México se ahorraron 805 mil millones de pesos, ya que los precios en su conjunto disminuyeron  33.
1%; es decir, por cada peso que se le asignó al IFT para realizar sus funciones, este órgano autónomo retribuía 44 pesos en beneficios a las personas usuarias.
Por su parte, la Cofece reportó que de 2014 a 2023 —como resultado de sus intervenciones antimonopolios— se contabilizan beneficios por más de 32 mil 269 millones de pesos, mientras que su presupuesto en el mismo periodo fue de poco más de 6 mil 771 millones de pesos.
Es decir, por cada peso que recibió de presupuesto, compensó seis pesos a través de ahorros para los consumidores.
Sin embargo, también hay que reconocer que dichos órganos no lograron derribar la frontera de la burocracia para conectar con la ciudadanía; y, por lo tanto, los beneficios de su labor no fueron comunicados de manera eficiente y no pudieron ser valorados y defendidos por el pueblo.
Desde la academia se ve con recelo el hecho de que —a través de nuevas reformas constitucionales— el gobierno ha vuelto a consolidar muchas actividades económicas de manera monopólica, y que, con la desaparición de los Organismos Constitucionales Autónomos y el retorno de facultades al ámbito del Poder Ejecutivo, lo convertirá de nueva cuenta en juez y parte.
Como Corolario, la frase de Mark Tushnet: “En un mundo donde el gobierno se ejerce a través de partidos políticos, no podemos estar seguros de que las tradicionales tres ramas sean suficientes para preservar la democracia constitucional”.
       Columnista: Raúl Contreras BustamanteImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0