La Masacre de San Patricio: cuando la dictadura asesinó a los curas palotinos y mostró su ferocidad en el corazón de la Iglesia

Rolando Savino pegó un grito feroz. Rebotaron en la esquina de Echeverría y Estomba, ahí donde Villa Urquiza está a punto de convertirse en Belgrano. Escuchó la feligresía, que esperaba que se abrieran las puertas de la Parroquia de San Patricio para entrar a la primera misa dominical, la de las siete y media de la mañana. Savino, extrañado porque las puertas de la iglesia estuvieran todavía cerradas, se subió a los techos de ese templo que conocía bien porque allí se desempeñaba como organista y entró a la casa parroquial.

Gritó porque encontró una masacre: tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos habían sido asesinados brutalmente. Sus cadáveres ensangrentados yacían en el piso. Fue hace exactamente cuarenta y nueve años, el 4 de julio de 1976. La dictadura más sangrienta de las que gobernaron la Argentina llevaba menos de cuatro meses en el poder, y acababa de enviar su mensaje más criminal a la facción de la Iglesia con la que no comulgaba, aunque no sería el único.

Un grupo de tareas, al que esa dictadura intentaría desconocer, había perpetrado la que se conocería como “Masacre de San Patricio”. Esa que desencadenó que hoy, muy cerca de la parroquia, un pasaje de dos cuadras lleve el nombre de “Mártires Palotinos”.

Los sacerdotes asesinados fueron Pedro Dufau, Alfredo “Alfie” Kelly y Alfredo Leaden, que tenían 76, 43 y 57 años respectivamente; los seminaristas eran Salvador Barbeito, de 25 años, y Emilio Barletti, de 24. Los balearon de madrugada y los encontraron a primera hora del domingo, gracias a los saltos de Savino, que supo que algo andaba mal cuando vio las puertas de la parroquia cerrada.

“Estaban boca abajo, alineados, en un enorme charco de sangre sobre un alfombra”, declararía años después Rolando, que tenía 16 años aquel 4 de julio, en uno de los juicios que investigó los crímenes de los palotinos. Los cadáveres estaban rodeados de mensajes en la escena. Uno de ellos era nada menos que una copia de la viñeta en la que Mafalda, la mayor creación de Quino, señala la cachiporra de un policía y dice: “Este es el palito de abollar ideologías”.

No era el único mensaje que dejaron los asesinos. Había, además, dos pintadas en las paredes. Una decía “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”. Dos días antes del asesinato de los palotinos, Montoneros había perpetrado un atentado que dejó 23 muertos y unos 110 heridos en el comedor del edificio central de la Policía Federal. Fue el ataque con mayor número de víctimas cometido por la organización armada peronista que se había dado a conocer secuestrando y fusilando a Pedro Eugenio Aramburu en 1970. El mensaje en la pared de la casa parroquial aludía a aquel atentado.

En otra de las paredes se leía: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M.”. La sigla era una referencia al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, una corriente a la que los sacerdotes palotinos no adherían totalmente pero a cuyos principios centrales se acercaban cada vez más, desde el púlpito y también a través de sus acciones. Además, según se supo después, uno de ellos estaba acercándose a Montoneros con el objetivo de ser parte de la organización.

La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti emitió un comunicado oficial, que publicaron varios diarios, en el que daba una versión en el que aseguraba: “Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios”. Era una forma de desviar la atención y ocultar la verdadera responsabilidad de los crímenes.

Pero una parte de la jerarquía eclesiástica -la que no actuaba a imagen y semejanza de los dictadores, en complicidad con ellos-, supo que ese comunicado no decía la verdad. Los vecinos de la parroquia acercaron información que les ayudó a saber que la Comisaría 37ª, cercana a San Patricio, había liberado la zona: ese movimiento se contradecía con la presunta culpabilidad de grupos armados como Montoneros o el ERP que la dictadura había señalado en su comunicado.

Roberto Favre, el sacerdote que celebró misa en San Patricio el día después de la masacre, contó con el buen visto de varias autoridades eclesiásticas para decir en esa homilía: “Hay que rogar a Dios no sólo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día… En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado”.

En el entorno de la curia de San Patricio no había dudas de que la dictadura había estado detrás de los cinco asesinatos. Y la convicción escaló: el entonces Papa, Paulo VI, condenó desde el Vaticano el crimen de los palotinos. Cuando los sectores jerárquicos de la Iglesia más cercanos a esas víctimas lograron reunirse con autoridades del gobierno de facto, finalmente esas autoridades admitieron que “un grupo de tareas había actuado de manera desmesurada, fuera de control”.

Antes de la masacre, el sacerdote Alfredo Kelly había denunciado públicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. En una de sus homilías denunció como “cucarachas” a quienes robaban los bienes de las personas que eran desaparecidas por la dictadura. Hubo, en ese momento, pedidos para que lo destituyeran. Pero la curia palotina lo sostuvo en la parroquia. Tres días antes de que lo asesinaran, el sacerdote escribió en su diario: “A lo largo del día he estado percibiendo el peligro en que está mi vida”.

Tras la Masacre de San Patricio, la dictadura asesinaría también al obispo Enrique Angelelli y a otros dos sacerdotes. Pero el crimen del templo palotino sería el más sangriento de los que perpetró la dictadura contra integrantes de la Iglesia. La primera investigación sobre el caso se llevó a cabo poco después, en tiempos de dictadura, y hubo un “sobreseimiento provisional” a los señalados. El encubrimiento por parte de la comisaría de la zona ni siquiera llegó a investigarse.

Ya en democracia, la Justicia obtuvo más testimonios sobre lo ocurrido en San Patricio pero un tiempo después se levantó el procesamiento de al menos dos agentes de Policía por considerar que los delitos habían prescripto. Pero la publicación del libro La Masacre de San Patricio, cuyo autor fue el periodista Eduardo Kimel, reunió pruebas y testimonios que hasta ese momento no se habían conocido y señalaba autores materiales e intelectuales, así como distintas connivencias de ciertos sectores del Poder Judicial y de la Iglesia.

Kimel fue denunciado por injurias y condenado, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casi veinte años después, obligó a revertir la condena contra el periodista y a indemnizarlo. La investigación de Kimel y sus consecuencias jurídicas dieron lugar a la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público en 2009.

La Masacre de San Patricio entró por tercera vez a la Justicia en la Megacausa ESMA, luego de que el ex marino Antonio Pernías confesara haber participado en los crímenes de esa parroquia. A la vez, la investigación interna que llevó a cabo la Iglesia Católica nunca se hizo pública. Los palotinos, como congregación, se presentaron como querellantes en la Megacausa ESMA.

Los crímenes contra los tres sacerdotes y los dos seminaristas se recuerdan cada 4 de julio en San Patricio, donde hay placas que conmemoran a esos cinco hombres que aparecieron ensangrentados y envueltos en mensajes que una dictadura feroz enviaba, un poco para intentar desviar la responsabilidad de esas cinco muertes, y otro poco para mostrar su poder de fuego.

Eran capaces de meterse en una parroquia y asesinar de madrugada a quemarropa, entre muchas otras atrocidades que, mucho después, se juzgarían como crímenes de lesa humanidad. Atrocidades que, hasta hoy, incluyen no haber dado a conocer nunca dónde están los desaparecidos.