Huachicol en Xonotli: criminales se meten hasta la cocina Periódico Correo

1.- Huachicol en Xonotli: criminales se meten hasta la cocina

El aseguramiento de tomas clandestinas y almacenamiento de huachicol en el Parque Agrotecnológico Xonotli, en Salamanca, muestra que el crimen organizado no solo ronda las periferias o se esconde en los cerros: se instala con comodidad incluso en zonas que deberían estar bajo mayor vigilancia. Se metieron hasta la cocina.

Como hoy informa Periódico Correo, finalmente la Fiscalía General de la República (FGR) intervino y confirmó lo que durante meses —o incluso años— en la zona corría como un “rumor”: que dentro del polígono, no solo en las inmediaciones, se extraía y almacenaba combustible de forma ilegal. Ya no son rumores. Ya no son suposiciones.

Pero lo encontrado, y desde antes, también agrava la situación. Había tanques cisterna enterrados y otros incluso expuestos, evidencia de una estructura criminal con logística y tiempo. A reserva de lo que detallen las autoridades que encabezaron el operativo, todo indica que el huachicoleo en Xonotli era sistemático, prolongado y, lamentablemente, normalizado.

No era ajeno al conocimiento de autoridades. Se tenía identificado el delito en los alrededores del parque, enclavado en una zona “huachicolera”, lo que incluso derivó en algunos aseguramientos durante la presente administración. Solo entre febrero y marzo se aseguraron tomas y contenedores con más de 132 mil litros en puntos cercanos al parque.

Tras el operativo, Paulo Bañuelos Rosales, director general del parque, fue citado a declarar este miércoles. Pero varias preguntas siguen sin respuesta: ¿Denunció en su momento lo que ocurría? ¿Se notificó con oportunidad a las autoridades federales, responsables directas de este tipo de delitos? ¿Qué tipo de vigilancia existía en el parque para que operaran redes criminales? ¿Las autoridades federales ya sabían y decidieron no actuar antes?

Seguramente se dirá que la extensión territorial complica las tareas de vigilancia, lo cual es cierto por sus más de 900 hectáreas. Pero eso no borra el hecho central: el huachicol se movía libremente dentro de un espacio bajo administración pública. No fue a escondidas, sino bajo las narices del gobierno.

También se debe reconocer un problema mayor: el evidente control que células criminales tienen en esta zona, que les permite operar sin ser molestadas y los retos en materia de seguridad que supone el desplegar operativos. La bomba le explotó a Bañuelos Rosales, pero esto, no es de ahora.

2.- El blindaje judicial del Fidesseg: un precedente peligroso

El Juzgado Decimosegundo de Distrito concedió la suspensión definitiva al amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), en contra de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), en la cual se detectaron irregularidades en la aplicación de más de 260 millones de pesos, de los cuales aún están pendientes de reintegro más de 214 millones.

El CCEL, encabezado por Roberto Novoa Toscano, alegó violaciones graves al debido proceso por la falta de derecho a audiencia. Aunque durante la auditoría, la ASEG solicitó explicaciones a las asociaciones, que en su mayoría no fueron solventadas, porque simplemente, son injustificables

La suspensión definitiva se otorgó sobre actos del Congreso del Estado, de la Comisión de Hacienda y Fiscalización y del Auditor Superior del Estado. Sin embargo, en el caso del Congreso y la Comisión de Hacienda y Fiscalización no tendrá mayores efectos, ya que el informe fue aprobado por el Congreso antes de que incluso se les notificara la suspensión provisional. Llegó tarde.

Lo relevante es que el CCEL logró impedir que la Auditoría Superior del Estado haga público el informe completo de la revisión. Es decir, se buscó frenar la posibilidad de que la ciudadanía conozca a fondo el cúmulo de irregularidades detectadas. Aun así, muchos de los hallazgos ya han sido expuestos por medios de comunicación: pagos a familiares de integrantes de asociaciones beneficiadas, aplicación de recursos a proyectos para los cuales no se tenían facultades.

Lo más grave: la Auditoría Superior del Estado tampoco podrá iniciar procedimientos para recuperar los más de 214 millones de pesos observados y en su caso acciones legales de configurarse algún delito.

Aunque falta la resolución de fondo del amparo, esta suspensión definitiva ya sienta un precedente preocupante. No sólo debilita la fuerza legal de las investigaciones de la ASEG, sino que podría abrir una brecha para que futuras auditorías sean menos eficaces, más vulnerables a intereses particulares y, en consecuencia, se profundice el clima de opacidad.

3.- IACIP: desmantelamiento en curso

El desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) comenzó a formalizarse. Esta semana se hizo oficial la devolución del terreno que el Ayuntamiento de León había donado al organismo para la construcción de su sede, un proyecto que se preveía concluido este mismo año.

La donación del predio se concretó en febrero de 2024. Un mes después, el IACIP firmó un convenio con la entonces Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), que asumiría todo el proceso de licitación, contratación, ejecución y supervisión de la obra, para posteriormente entregarla al Instituto. El proyecto ya tenía asegurado un presupuesto superior a los 2.2 millones de pesos y se estimaba su entrega para junio de 2025.

Sin embargo, tras la reforma constitucional que a nivel nacional desapareció al INAI y con la posterior armonización local —ya aprobada— que implica la extinción del IACIP, el proyecto perdió todo sentido.

En enero de este año se acordó suspender el convenio con la ahora Secretaría de Obra Pública, lo que obligó al IACIP a asumir el pago de fianzas. Desde entonces comenzó el proceso de devolución del terreno, que finalmente se formalizó con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

El trámite para revertir la donación arrancó a inicios de 2025, aunque desde noviembre del año anterior, con la reforma federal que suprimió a los organismos autónomos, era evidente que los días del IACIP estaban contados. Ha sido una muerte lenta, frente a la cual poco pudo —y quizá poco quiso— hacer el propio Instituto.

La comisionada presidenta, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, no mostró mayor oposición durante la mesa de trabajo en el Congreso en la que se abordó la armonización legal. Su intervención dejó ver más una actitud de resignación que de defensa institucional. Un cierre silencioso para un órgano que nació para garantizar el derecho a saber, y que muere sin resistencia en un contexto donde la transparencia parece haberse convertido en un estorbo (para ejemplo, el punto anterior de esta columna).

Contra Retrato

Yozajamby Molina Balver

La decisión ya está planchada incluso con los regidores de oposición, quienes respaldarán a la alcaldesa. El argumento formal es que se ha documentado que el delegado no ha realizado ni las gestiones mínimas para canalizar apoyos a la ciudadanía, lo que ha derivado en el deterioro de algunos servicios públicos en la zona y generando reclamos de los habitantes de la comunidad.

Sin embargo, el fondo político es que tanto el delegado como el síndico han comenzado a operar en contra de la presidenta municipal, buscando posicionar al propio síndico para sus intereses políticos.

Molina Balver decidió poner un alto y debilitar al enemigo en casa, retirándole el control de su principal operador en Santa Ana Pacueco, la comunidad más grande del municipio y una de las más influyentes en época electoral.

La alcaldesa había tolerado las denuncias contra Javier Zaragoza desde que fue electo delegado, pese a que otros aspirantes enviaron una carta impugnando su nombramiento. En el documento acusaban al síndico de de tráfico de influencias, acarreo y compra de votos para favorecer a su hermano. Incluso adjuntaron fotografías como prueba.

Hoy, el síndico se ha convertido en uno de los principales opositores de la presidenta, más que la propia oposición en el Ayuntamiento. Son los costos de las cuotas a los distintos grupos de Morena en Guanajuato. Cuotas que terminan convertidas en rupturas y guerras intestinas por el poder.