Motociclistas sin seguro  

Raúl Flores Martínez.

En México, el discurso oficial sobre seguridad vial se ha llenado de buenas intenciones, normativas y requisitos legales. Uno de los más recientes y contundentes es la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para motociclistas, que desde 2019 rige en carreteras federales y que para 2025 estará vigente en 25 estados del país. Sobre el papel, se trata de una medida sensata. En la práctica, es un mandato desconectado de la realidad social y económica de millones de mexicanos.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 90 por ciento de las motocicletas en el país circulan sin ningún tipo de cobertura. La cifra no es un simple descuido colectivo, sino el síntoma de un sistema que exige protección sin garantizar acceso.

De acuerdo con Laura González, directora del Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM), 6 de cada 10 motociclistas consideran el seguro económicamente inaccesible, y los que sí buscan asegurarse enfrentan otros obstáculos: trámites confusos, coberturas mal explicadas, desinformación generalizada, y una percepción social equivocada sobre los riesgos que implica manejar una moto.

Esto evidencia una contradicción central: el Estado impone una obligación que una gran parte de la población simplemente no puede cumplir. Más aún, castiga su incumplimiento con multas, restricciones administrativas o incluso el envío del vehículo al corralón, como si el motociclista fuera un delincuente y no una víctima del abandono institucional.

No se puede ignorar que la motocicleta se ha convertido en el medio de transporte –y de trabajo– de miles de personas en situación vulnerable. Repartidores, obreros, trabajadores informales: muchos de ellos viven al día, ganan menos del salario mínimo y no pueden permitirse pagar una póliza anual que, además, no siempre ofrece beneficios claros ni adaptados a sus necesidades.

Obligar a estos ciudadanos a contratar un seguro sin ofrecer una alternativa asequible es, en el mejor de los casos, un acto de negligencia; y en el peor, una forma de violencia económica. Como advierte González, la falta de cobertura no sólo deja al motociclista sin protección en caso de accidente, sino que lo condena a enfrentar deudas impagables y posibles consecuencias legales si causa daños a terceros.

Las aseguradoras, por su parte, también tienen una deuda pendiente. Si bien es cierto que existen productos para motociclistas, su difusión es limitada, su lenguaje técnico es confuso, y la burocracia asociada al proceso de contratación desincentiva a los potenciales clientes.

En muchos casos, las pólizas no toman en cuenta factores regionales ni los distintos perfiles de usuario. No es lo mismo asegurar a un repartidor urbano que a un campesino que usa su moto para recorrer caminos de terracería.

El llamado es claro: no se trata de eliminar la exigencia del seguro, sino de construir una política pública justa, funcional y empática. Las autoridades, las aseguradoras y los actores del sector deben diseñar soluciones reales: microseguros regionales, subsidios gubernamentales, coberturas específicas para trabajadores de bajo ingreso y procesos simplificados para contratarlos.

Hoy por hoy, el seguro obligatorio para motociclistas es más una declaración de buenas intenciones que una herramienta efectiva de protección social. Mientras no se garantice su acceso universal, seguirán circulando millones de motociclistas fuera de la ley, no por rebeldía, sino por necesidad. Y eso no se corrige con sanciones, sino con justicia.

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