Ordenaron sumar la denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez a la causa por violencia de género Infobae
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal resolvió este jueves una nueva disputa procesal en torno a la causa por violencia de género que enfrenta Alberto Fernández. En el centro del conflicto estuvo el intento del ex mandatario de impulsar una investigación contra su ex pareja, Fabiola Yañez, por presunta falsa denuncia, basada en sus declaraciones como víctima en el expediente donde él mismo ya fue procesado por lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, y amenazas coactivas.
La decisión de la Alzada, firmada por el camarista Mariano Llorens, confirmó que esa nueva denuncia no puede tramitarse por separado en dos procesos distintos. En consecuencia, dispuso que el expediente caratulado “Y., F.A. s/falsa denuncia. Dte.: Fernández, Alberto Ángel (CFP 1535/2025)" debe continuar en el mismo juzgado que instruye la causa original, es decir, el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini. El tribunal remarcó que, de lo contrario, se podría generar un escenario de resoluciones contradictorias y una dilación indebida del proceso principal.
Se trata de una denuncia que recayó en el Juzgado Federal N°3 porteño, en manos del juez Daniel Rafecas, quien entendió que debía remitirse a su par del Juzgado Nº 10, por tratarse de un “hecho conexo” a la causa en la que Yáñez declaró como damnificada y querellante. En ese expediente -CFP 2539/2024-, Fernández ya fue procesado por someter presuntamente a la ex primera dama a distintos episodios de violencia física y psicológica a lo largo de su convivencia, entre 2016 y 2024.
Al declararse incompetente, Rafecas precisó que la presentación del ex mandatario se había originado por “diversas declaraciones” de Fabiola Yañez en la Justicia que “el presentante en este caso cuestiona por considerar que la nombrada ha mentido en su perjuicio”. Sin embargo, el juez Ercolini rechazó asumir ese caso. Para eso, argumentó que si bien ambas causas se referían a los mismos hechos, no podían sustanciarse de manera conjunta debido a “la incompatibilidad de los roles opuestos”.
En sus palabras, el juez de primera instancia señaló: “quien aparece como imputado no puede ser a su vez legitimado activamente”, -más aún cuando en el caso- “ya me he expedido sobre el fondo de la cuestión y tras realizar una valoración de toda la prueba desarrollada -entre la que se encuentra la declaración testimonial de la nombrada- resolví dictar el procesamiento de Alberto Fernández, auto de mérito que fue confirmado por la Excma. Cámara Federal”.
Frente al desacuerdo entre ambos magistrados, y en una resolución a la que tuvo acceso Infobae, la Cámara Federal porteña zanjó el conflicto y ordenó que sea el el juez Ercolini quien continúe con la tramitación de ambas actuaciones, mediante su acumulación.
“Ello pues -consideró el camarista Llorens-, se advierte con claridad que el denunciante en esta causa (y pretenso querellante, Alberto Ángel Fernández) trata, con una versión propia, discutir y controvertir el mismo hecho que se investiga en la causa que se instruye en el Juzgado Federal 10 en la que, como destaca el Dr. Ercolini, se encuentra seriamente comprometida su situación procesal a partir del auto de mérito dictado en primera instancia, que luego fuera confirmado por esta Cámara -el pasado 15 de abril-“.
Y concluyó: “Ese intento, vano en otro lugar que no sea el propio proceso en el que la reconstrucción histórica del hecho se está discutiendo, debe ser advertido con claridad. En tal sentido, a fin de evitar análisis parciales contrarios a los fines establecidos en el artículo 42, inciso 4º del CPPN, como así también el posible dictado de resoluciones contradictorias y una demora indebida que se quiera provocar en los autos principales, deberá ser el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10 el que prosiga con el trámite de las presentes acumulándolas al mismo proceso, para que sea allí donde se exhiban las posiciones de las partes”.
En “los autos principales”, Fernández enfrenta cargos por lesiones leves y graves, ambas agravadas por haber ocurrido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, en concurso real con amenazas coactivas. Dicha imputación, sostenida por el fiscal Ramiro González, se apoya en diversos elementos. Entre ellos se incluyen testimonios, informes psicológicos, imágenes de lesiones y, en particular, conversaciones por mensajes de texto entre la expareja y terceros.
En efecto, entre los chats incorporados se destaca una secuencia de diálogos con María Cantero, secretaria privada del entonces presidente, a quien Yáñez le confió supuestas agresiones sufridas -incluyendo golpes estando embarazada- y le envió imágenes de distintos hematomas. También se tuvieron en cuenta capturas de conversaciones entre la ex pareja.
De acuerdo con la acusación, que quedó a las puertas de ser elevada a juicio oral, los hechos habrían ocurrido en su mayoría en la Quinta Presidencial de Olivos, aunque uno de los episodios denunciados se habría producido en un departamento de Puerto Madero donde también residió el ex mandatario.
La querella que representa a la ex primera dama, en tanto, anunció que llegado el caso solicitará una pena de 12 años de prisión efectiva, el máximo previsto para los delitos que se le endilgan a Fernández.
El fiscal González pidió esta semana elevar las actuaciones a juicio oral. De acuerdo a su acusación, "Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yañez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad" al menos “desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”, el 6 de agosto del año pasado.
Por su parte, la defensa de Fernández, en manos de la abogada Silvina Carreira, negó todos los hechos atribuidos a su cliente. Y en su indagatoria, el ex jefe de Estado aseguró que fue él quien sufrió maltratos dentro de el vínculo y atribuyó las lesiones que mostró Yáñez a autolesiones vinculadas con un supuesto consumo problemático de alcohol o a intentos de extorsión.
El juez Ercolini deberá resolver en los próximos días si eleva el caso a la próxima instancia.
