Una justicia transicional para Sinaloa

Héctor Calderón Hallal

Una dantesca imagen me persigue desde el domingo por la madrugada… retumba irremediablemente en mi conciencia: La foro de cuatro cuerpos colgados y decapitados en un “bajopuente” de la carretera internacional México 15 , a la salida sur de Culiacán, Sinaloa, con una manta alusiva al deplorable homicidio -con amenaza de por medio- y a unos metros, una furgoneta abandonada con 16 cuerpos y cinco cabezas humanas, que quizá correspondían a los cuerpos decapitados y colgados según se dijo… y confirmó horas después.

La primera impresión que tuve al verla, irreflexivamente, fue de asco… por la miseria humana en que nos hemos convertido los mexicanos definitivamente, en los últimos tiempos.

Pero inmediatamente después, reflexioné brevemente y lo que sentí sobrecogedoramente fue un sentimiento de dolor… de miedo genuino, a lo que le puede pasar a cualquier ciudadano de Sinaloa y de México en estos días, que esté en el lugar y la hora marcada por la ‘coincidencia letal’.

¿Cuántos inocentes no estarán siendo contabilizados como decapitados o ejecutados… por simple confusión… o “por quítame estas pajas”?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGJE), tan solo el pasado lunes 30 de junio, se registraron en Sinaloa, un Estado con mediana densidad poblacional -por mucho no es Guanajuato, ni el EdoMex, ni Veracruz- treinta (30) homicidios, sin contar a decenas de despojos de vehículos en la capital del Estado, Culiacán… y decenas de privaciones de la libertad… constituyéndose así en uno de los días más complejos en materia de seguridad de que se tenga memoria en la historia reciente; se ha reconocido que el homicidio ha incrementado en un 260% en el lapso comprendido entre julio del 2024 y junio de 2025.

Así mismo, el robo de vehículo en un 17.5%.

El mes de junio que acaba de terminar, es el mes más violento de los últimos 14 años… algo se tiene qué hacer, definitivamente.

Se podrá decir que en la historia moderna, ninguna palabra, ninguna frase articulada y ningún discurso, han sido capaces de frenar una guerra; ni siquiera -quizá- una buena idea por sí sola, ha sido suficiente para evitar una conflagración… vamos… quizá el pensamiento y el lenguaje resulten impotentes de frente a todo ‘acto prerracional’ del ser humano; de cara a los impulsos primarios del hombre… a sus pasiones a sus intereses; sobre todo en estos tiempos de mentes vacías, en que las nuevas generaciones privilegian la “satisfacción sensorial” a toda costa, por encima del mínimo esfuerzo… ya no solo físico, sino mental; el hombre del mañana, tristemente hoy en ciernes, no sacrifica un “par de neuronas” por comodidad… o por esnobismo: “lo fácil, lo directo, lo que no tiene complicación ni elaboración, es lo que tiene aceptación y hay que seguir.

Sin embargo y para desgracia de los enemigos del esfuerzo y del pensamiento… la idea, el concepto y la palabra si pueden -concertadamente- conseguir la paz.

Ciertamente, en el momento de las acciones de violencia irreflexiva, de odio, de saña, de impulsos primarios… la idea y la palabra languidecen; son frágiles, impotentes, de frente al reto de evitar la tragedia, pues todo hombre convertido en víctima -si es que le quedan aun fuerzas y vida para defenderse del prójimo agresor- se paraliza y su voluntad se ve mermada para desplegar cualquier acción sensata y posible.

Sin embargo -y paradójicamente- la idea y la palabra… el concepto mismo como categoría filosófica, sí son capaces de alentar y hasta de provocar una guerra.

Curioso, se insiste. No son capaces para frenar una conflagración en el acto… pero sí para construirlo desde su cimiento… También para construir la paz, que es un momento muy diferente al cese al fuego, pues la paz es un concepto más elaborado. Es un conjunto de instrumentos de justicia, que incluyen acuerdos, acciones restaurativas, tratados a través del tiempo, legislaciones situacionales y el compromiso moral de respetar la memoria de la tragedia, entre otros muchos.

Por eso, ante tanta barbarie observada en las calles y en los poblados de la entidad sinaloense, que es de la que nos ocupamos en este trabajo; tierra entrañable para el suscrito porque es donde vio la luz primera y que es, en estos trágicos momentos para la Nación mexicana, un modelo asequible para practicar cualquier plan piloto de pacificación y de finiquito a la violencia como a la inseguridad pública, es que se propone a la opinión pública, un camino hacia una ‘justicia transicional’ en aquella entidad del noroeste mexicano.

Un modelo que corte ‘de tajo’ las violaciones masivas a los derechos humanos de la población, así como las agresiones, los abusos y los riesgos aparecidos contra la propia ciudadanía, durante el período de conflicto, represión o negligencia política, en caso de acreditarse.

Una estrategia que permita transitar con facilidad de un estado de violencia a un estado de paz y democracia; orillando al Gobierno a ser transparente, eficiente, que promueva la justicia, la reparación del daño a las víctimas y la prevención de futuras atrocidades.

Sobre todo, que sea un plan integral que considere como punto neurálgico de su atención, a las víctimas de la acción nefasta y fulminante de la ‘guerra entre facciones’ del llamado ‘Cártel de Sinaloa’ (CDS)… a los deudos de sus muertos, a los lesionados, a los despojados patrimonial y emocionalmente… a la naturaleza misma agraviada; a las futuras generaciones de sinaloenses y mexicanos, para que tengan un entorno pacífico y armónico donde vivir.

Quien se tape los ojos, cobarde e hipócritamente, de frente a la realidad que vive Sinaloa, así sean el gobernador del Estado o el secretario general de Gobierno, cometen un acto -más que de deshonestidad y cobardía política- de lesa humanidad.

“Esa es una especie de ceguera moral y crueldad que enfrentan nuestros gobernantes, que dejan a su suerte a la población afectada”, como dejara escrito José Saramago en su “Ensayo sobre la Ceguera”.

Ni Rubén Rocha Moya, ni Feliciano Castro, pueden seguir aparentando hipócrita ‘inocencia’ frente a los hechos: Sinaloa es un “estado de sitio” no reconocido oficialmente, donde se presentan violaciones masivas y consuetudinarias a los derechos humanos de la población y donde la amenaza a sus habitantes no es solo a su integridad y tranquilidad… sino a su economía, a su patrimonio.

Reparación y reconocimiento inmediato de las víctimas

Se necesita la reparación y el reconocimiento inmediato de las víctimas, como una forma de dar el primer paso hacia la “distensión social”.

La gente está agraviada; siente que quedó desprotegida tras este período de guerra intestina -innecesaria y absurda- que vino a trastocar el avance económico del Estado que, aunque ralentizado en los últimos años, era tangible.

Sí… así como se lee.

Indemnizar pecuniariamente o en especie, según sea procedente o posible, a los deudos de cerca de mil seiscientos asesinatos y a las víctimas de cerca de 5 mil 800 vehículos despojados con violencia en esos más de once meses de violencia inmisericorde que vive ese estado desde hace mucho tiempo, pero, agudizada sin duda desde aquel fatídico 25 de julio del año pasado.

Y que quede claro… que sea por esta única vez y como una fórmula para construir la coexistencia pacífica en Sinaloa, que todos aquellos individuos relacionados y emparentados con los llamados “factores generadores de violencia”, sean obsequiados con “un perdón cívico”, donde les sean reconocidos plenamente sus derechos civiles y políticos, a cambio de que suscriban públicamente un compromiso de permanecer al margen de las actividades ilícitas propias de la delincuencia organizada, so pena de que, de lo contrario, sean vinculados a proceso a la menor prueba de ser sospechosos de ser “narcoterroristas”.

Porque si aquella estrategia exitosa de Colombia, presentada en su guerra de más de cincuenta años contra las FARC, que culminó en 2016 con un saldo de cerca de nueve millones de víctimas, existentes a partir del reconocimiento de 240 mil civiles “sacrificados” en todos esos años (muertos o desaparecidos), en Sinaloa bien pudiera tomarse como símil la experiencia colombiana, pero con dimensiones mucho más asequibles para la realidad de la entidad… mucho menos expansiva, financieramente hablando.

Eso sí, siguiendo los principales puntos de su entelequia operativa, como vía para la ‘justicia transicional’:

1) Reparación a víctimas y deudos, así como su reconocimiento formal y legal en todos sus derechos;
2) Establecer la deliberación conducente en un órgano plural y ciudadano; ajeno a intereses parciales, denominado la ‘Comisión de la Verdad’,
3) Compromisos de los partes legalmente establecidos para la no repetición y para la construcción de una ‘justicia integral, y…
4) Acudir o solicitar la intervención para el arbitraje del Consejo de Seguridad de la ONU u otras instancias internacionales como la OEA… y el resto de la comunidad internacional.

Con tres de los 4 puntos aquí descritos que se observaran en una estrategia diseñada para Sinaloa, específicamente, estaríamos del otro lado.

Algo parecido, aunque en términos políticos, se presentó durante la administración del gobernador Mario López Valdez (2010-2015), en el que a lo largo de su sexenio, para atender la elección federal -primero- de 2012, donde el PRI y Enrique Peña Nieto ganaron la elección y volvieron al poder, se estableció desde la secretaría general de Gobierno, con su titular, Gerardo Vargas Landeros, una llamada “mesa de distensión”, donde el diálogo y el reconocimiento pleno de todos los actores políticos implicados, con sus derechos y prerrogativas a salvo.

Esta estrategia propiciaba intercambio de ideas y búsqueda de consensos entre los diferentes actores políticos y sociales; promovía la participación ciudadana en la solución de problemas y conflictos al interior de la geografía sinaloense; y fortalecía en términos generales la gobernabilidad… algo que les ha faltado no solo a nivel federal… sino a nivel local en cada una de las entidades donde gobierna Morena.

Y no porque no tengan operadores… ahí está el caso de Gerardo Vargas Landeros, ahora un damnificado político de Rubén Rocha Moya, pues este le fincó juicio de desafuero y lo vinculó a proceso por haber resuelto “a como Dios le dio a entender” un aspecto fundamental para la gobernabilidad de aquellas tierras, específicamente en el municipio de Ahome, de donde era alcalde Vargas Landeros, arrendando decenas de patrullas para el servicio de vigilancia y protección de la ciudadanía.

Si fuera el caso de que -como se ha especulado- Imelda Castro, hoy senadora morenista por Sinaloa, hiciera mancuerna con la fuerza de Gerardo Vargas Landeros, el alcalde desaforado de Ahome, la política oriunda del serrano municipio de Sinaloa tendría en Vargas Landeros a un excelente operador político a su servicio y… ¡Cuidado!… le será más difícil a la oposición vencer a ese trabuco llamado “Morena” en 2027.

Vargas Landeros sería operador tanto para lo electoral… como para la tarea de gobernanza, del cual ya dio muestras, como lo reseñamos líneas atrás, de estar curtido.

Autor: Héctor Calderón Hallal

@CalderonHallal1;
fixiflaux99@gmail.com;

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