SICT invierte 87,000 mdp en carreteras; busca revertir “décadas de abandono”

Cada año, millones de personas evitan recorrer las carreteras federales libres de peaje en México por sus malas condiciones. Son más de 40,000 kilómetros de caminos cuya responsabilidad recae directamente en el gobierno federal y que, tras décadas de mantenimiento limitado. De acuerdo con la Dirección General de Conservación de Carreteras, al inicio de 2025 solo 32% de esta red se encontraba en estado físico bueno , mientras que 34% presentaba condiciones consideradas malas y el resto, regulares. Ante ese diagnóstico, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en marcha un programa nacional de conservación que busca intervenir más de 33,000 kilómetros de carreteras federales libres de peaje antes de 2030.

La meta es entregar el 60% en estado bueno y el 40% en regular, con una inversión total de 87,000 millones de pesos durante el sexenio. El 80% de la carga terrestre y el 96% de los pasajeros en el país se mueven por carretera. Sin embargo, el estado de esa red, específicamente la de libre tránsito, no sigue el ritmo del uso que se le exige. El presupuesto asignado históricamente no ha estado a la altura del valor patrimonial que representa esta infraestructura. Según estimaciones de la SICT, la red federal equivale al 2% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, entre 0.76 y 1.27 billones de pesos. Aun así, entre 2013 y 2023 se destinó un promedio anual de apenas 17,400 millones, lo que representa el 1.37% de su valor estimado, nivel similar al de países con ingresos bajos, según estándares del Banco Mundial. Durante la presentación del nuevo programa de conservación ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), David Omar Calderón Hallal, director general de Conservación de Carreteras, detalló que la red recibirá intervenciones escalonadas: conservación rutinaria permanente, tratamientos periódicos y reconstrucciones profundas en tramos con daño estructural. A ello se suman obras específicas para atender puentes en riesgo y puntos de conflicto vial. La primera etapa del plan, ejecutada entre noviembre de 2024 y abril de 2025, se enfocó en labores de emergencia bajo el programa Bachetón, financiadas con recursos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

En paralelo, iniciaron trabajos de conservación en más de 800 kilómetros, aún en proceso. Para finales de este año, se espera haber intervenido cerca de 1,500 kilómetros, lo que representaría una mejora marginal de 2% en el estado físico de la red. “El objetivo es avanzar sobre capas inferiores, no sólo renovar la superficie”, dijo Calderón. En años anteriores, explicó, los recursos se concentraron en tratamientos superficiales, como bacheo y renivelación, que no atienden el desgaste estructural del pavimento. Además del estado general de la red, la SICT identificó 348 puntos de conflicto vial y 26 puentes con calificación estructural crítica. Ambos rubros forman parte del programa de intervención. Para el caso de los puentes, el plan contempla rehabilitar 249 estructuras en seis años, priorizando aquellas con calificación cinco, que requieren atención en un plazo no mayor a dos años. En el caso de los puntos de conflicto (zonas con alta incidencia de accidentes), se espera intervenir 202 sitios antes del fin del sexenio. Las acciones incluyen mejoras de señalamiento, cambios geométricos menores y atención a camellones y rampas de frenado. “Son zonas donde convergen vehículos, peatones y caminos sin orden claro”, explicó el director. El programa también incluye un componente ambiental. Calderón detalló que se intensificará el uso de mezclas recicladas (RAP), molido de llanta y bases estabilizadas, para reducir el uso de materiales vírgenes y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En varios estados, incluyendo Quintana Roo, Puebla y Yucatán, ya se iniciaron pruebas con mezclas frías, microaglomerados y reciclaje in situ.

Este tipo de tecnologías, explicó, reducen la necesidad de extraer agregados y permiten reutilizar el pavimento existente. En algunos tramos ya se utiliza RAP hasta en 35% del volumen de mezcla, mientras que para bacheo profundo el 100% de uso es de material reciclado. El cumplimiento del plan depende de que los recursos asignados se mantengan estables, una condición que no se ha cumplido en años recientes. Además de la inversión directa, la SICT enfrenta compromisos por contratos de Asociación Público-Privada (APP), con un anclaje de 38,378 millones de pesos hasta 2029. En paralelo, el parque vehicular nacional supera los 58 millones de unidades y continúa creciendo, lo que añade presión al sistema vial existente. “Cada año sin mantenimiento multiplica los costos futuros”, advirtió Héctor Lases Mina, presidente del del CICM. El reto, coincidieron varios especialistas durante las sesiones del foro, es mantener continuidad presupuestal en medio de ciclos fiscales cambiantes y fenómenos climáticos más intensos. Las próximas etapas del plan incluirán licitaciones de contratos por administración para conservación periódica, con participación de nuevos trenes de pavimentación y mano de obra local. También se reservan recursos para emergencias, con la temporada de huracanes en puerta. Aunque el plan cubre más del 80% de la red libre de peaje, no contempla caminos estatales, municipales ni autopistas concesionadas. Esa fragmentación podría dificultar una visión de red integrada, especialmente ante fenómenos naturales que no respetan jurisdicciones, coincidieron los especialistas.