La justicia porteña habilitó un régimen de visitas entre Alberto Fernández y su hijo Francisco Infobae
El expresidente Alberto Fernández consiguió aprobar en la Justicia un régimen de visitas para recuperar el contacto con Francisco, el hijo que concibieron con la ex primera dama Fabiola Yáñez. Como el niño vive en Madrid, España, viajará mensualmente a Buenos Aires para ver a su padre.
Las condiciones las fijó el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad, a cargo de Christian Federico Brandoni Nonell. En paralelo, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 se está cerrando la causa penal por violencia de género, que aguarda las últimas formalidades para ser elevada a juicio.
El régimen de visitas es provisorio y válido por un plazo de tres meses. Según detalló el juez en su resolución, Alberto Fernández podrá recibir a su hijo durante una semana, una vez al mes. Y previo a cada visita debe tener lista la autorización legal ante la Dirección Nacional de Migraciones para que el niño regrese a Madrid.
Las condiciones del régimen, además, disponen que el exmandatario se haga cargo de “todos los gastos aparejados al traslado, estadía y manutención del menor y su madre -o el adulto que ella designe- desde España a la Argentina” y viceversa. Desde el entorno de Yáñez le indicaron a Infobae que ella no tiene intenciones de regresar a la Argentina, por lo que el menor viajaría con un familiar.
De hecho, la defensa de la ex primera dama se había manifestado en contra de estas condiciones y había pedido que el contacto siga siendo virtual, con videollamadas. Por una cautelar que rige en este expediente, sus abogados evitaron brindar mayores precisiones al respecto ante la consulta de este medio.
De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la fiscal porteña Celsa Ramírez acompañó el pedido central que hicieron los abogados de Alberto Fernández, que pedía recuperar el contacto presencial con el niño “luego de aproximadamente 18 meses”. En el mismo sentido falló ahora el juez Brandoni Nonell.
La decisión no entrará en vigencia de forma inmediata. La defensa de Fabiola Yáñez tiene la posibilidad de apelar y para que el régimen entre en vigencia deberá definir una Cámara de Apelaciones.
Por otra parte, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°20 -a pedido de la querella- también debe pronunciarse en los próximos días sobre una solicitud para que se le practique una nueva pericia a la madre del niño, con el fin de determinar si está apta para su cuidado.
La causa penal de Comodoro Py
El juez federal Julián Ercolini tiene en sus manos la causa por lesiones y amenazas en la que está imputado Alberto Fernández, para quien la defensa de Fabiola Yáñez pedirá 12 años de cárcel, según anticiparon a Infobae. El caso está a punto de ser elevado a juicio.
La acusación contra el exmandatario, formulada por el fiscal Ramiro González, es por dos episodios de lesiones leves agravadas, otro de lesiones graves agravadas y por amenazas coactivas, todo en concurso real. Las presuntas golpizas habrían ocurrido, en su mayoría, en la Quinta Presidencial de Olivos. Mientras que otro de los hechos que se investigó se habría dado en el departamento de Puerto Madero donde vivió Fernández, según precisaron fuentes judiciales.
Además de la pena máxima posible, la querella insistirá con que existieron más hechos de violencia que los que pudo probar la fiscalía.
Con los elementos que se reunieron desde que se radicó la denuncia, en agosto de 2024, el fiscal del caso consideró que hay evidencia suficiente para sostener que existió “un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder con el agresor. Por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
La defensa del ex jefe de Estado, a cargo de la abogada Silvina Carreira, todavía está a tiempo de plantear nulidades para oponerse a la elevación a juicio.
