Gobierno colombiano firmará contrato con Portugal para asumir la emisión de pasaportes desde septiembre Infobae
El Gobierno Petro confirmó que firmará un contrato con Portugal para implementar un nuevo modelo de expedición de pasaportes, el cual deberá comenzar a operar a partir del 1 de septiembre de 2025.
Esta decisión representa un giro en el manejo del proceso, hasta ahora encabezado por la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, liderada por la firma Thomas Greg & Sons.
La iniciativa fue liderada por el jefe de gabinete Alfredo Saade, que asumió un papel activo en la articulación del nuevo esquema por encargo directo del presidente Gustavo Petro. La intervención busca evitar una tercera declaración de urgencia manifiesta que, de acuerdo con sectores del Gobierno, prolongaría la permanencia del actual contratista sin un proceso competitivo.
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Saade aseguró que, como parte de la transición, el contratista actual deberá entregar al Estado al menos 600.000 libretas antes de que finalice su contrato vigente, el próximo 31 de agosto. Esta medida permitiría al Ejecutivo disponer de un margen operativo de al menos seis meses mientras se consolida el nuevo sistema de producción y distribución a través de la Imprenta Nacional, con apoyo tecnológico del gobierno portugués.
El memorando de entendimiento entre Colombia y Portugal fue suscrito en diciembre de 2024, pero su implementación había quedado en suspenso a la espera de trámites internos por parte del país europeo.
Aunque estos procesos fueron superados a inicios de 2025, la administración de la canciller Laura Sarabia optó por pausar su ejecución con el fin de revisar su viabilidad a largo plazo. A pesar de que en marzo llegaron delegados portugueses para avanzar en la implementación, el proceso fue aplazado por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este cambio de enfoque ha generado tensiones dentro del Gobierno. Mientras la Cancillería insiste en la necesidad de declarar nuevamente la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, la jefatura de gabinete considera que hubo omisiones en la preparación de la Imprenta Nacional, entidad que debe asumir el nuevo modelo con acompañamiento de Portugal.
El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo había dejado estructurado un plan de transición con ese objetivo. Sin embargo, la Cancillería sostiene que al solicitar información a su equipo de trabajo encontró deficiencias técnicas, jurídicas y financieras. Desde su punto de vista, continuar con Thomas Greg & Sons por otros diez meses sería la opción más responsable para evitar traumatismos.
La postura ha sido criticada desde sectores del propio Ejecutivo, especialmente luego de que el presidente Petro expresara públicamente su desacuerdo con una eventual prórroga al contratista actual. En el más reciente Consejo de Ministros, el mandatario mostró inconformidad con la gestión del proceso por parte del Ministerio.
El contrato vigente con la firma Thomas Greg & Sons, adjudicado en octubre de 2024 bajo la figura de urgencia manifiesta, tiene un valor de 206.000 millones de pesos y expirará en agosto de 2025. En dos ocasiones anteriores se ha recurrido a esta modalidad para evitar interrupciones en la expedición de pasaportes, un procedimiento que ha sido objeto de cuestionamientos por su carácter excepcional y la falta de competencia abierta.
En medio de este escenario, persisten dudas sobre la capacidad técnica de la Imprenta Nacional para asumir la producción de pasaportes, pese a que el gobierno afirma que estará lista a tiempo. La transición, según la Presidencia, estará articulada por la jefatura de gabinete, mientras que la ejecución directa seguirá en cabeza de la Cancillería y la entidad gráfica estatal.
El anuncio de la firma del contrato con Portugal pone en marcha la estrategia del Gobierno para asumir el control del sistema de pasaportes y cerrar la etapa de contratación de emergencia. Sin embargo, el éxito de la operación dependerá de que los entes involucrados logren una implementación efectiva antes del primero de septiembre, sin poner en riesgo la prestación de un servicio esencial para millones de ciudadanos.