Sedatu va por vivienda para los informales: "Está en mis manos destrabar" Obras Web

En México, la vivienda formal era un derecho condicionado, tendencia que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) busca revertir a través del Programa de Vivienda para el Bienestar y el apoyo a la población no derechohabiente. Durante décadas, el acceso a vivienda estuvo vinculado principalmente a trabajadores formales que cotizan ante la seguridad social o quienes cuentan con ingresos estables que les permitan adquirir un crédito hipotecario. Bajo esta lógica se dejó fuera a millones de personas que trabajan en la informalidad : vendedores ambulantes, repartidores, empleadas del hogar y albañiles, entre otros que, de acuerdo con Economía, representan 54.6% de la población económicamente activa del país.

Como solución, la Sedatu, en coordinación con el Infonavit, implementa el Programa de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.1 millones de viviendas nuevas, 1.5 millones de acciones de mejoramiento o ampliación, y la entrega de un millón de escrituras. Casi la mitad se orienta a la población no derechohabiente. “Es tal cual una utopía que se alcanza en la medida en que tienes esa posibilidad de incidir”, dijo Edna Vega Rangel, titular de Sedatu, en entrevista con Obras . Uno de los primeros retos fue contar con suelo disponible, adecuado y con condiciones técnicas que permitieran su aprovechamiento para vivienda. Durante la etapa de transición del gobierno federal se evaluaron predios federales, estatales y municipales. De un total de más de 800 terrenos analizados se aprobaron 481 con viabilidad técnica, lo que representa 2,333 hectáreas. El resto se descartó por no cumplir criterios como pendiente estable, factibilidad de servicios o ubicación fuera de zonas de riesgo. El análisis se realizó con apoyo del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y gobiernos locales. Vega subrayó que se priorizaron las evaluaciones presenciales para evitar errores del pasado. “No se trata de repetir modelos donde se construía en donde fuera, solo por tener reserva”, explicó. Para facilitar los trámites, Sedatu firmó convenios con las 32 entidades federativas. En estos acuerdos se establecieron tiempos máximos para procedimientos como licencias de obra, alineamientos y manifestaciones. En algunos casos, los gobiernos estatales o municipales absorben los costos. Hasta el momento se han realizado 351 reuniones de trabajo con dependencias federales, estatales y municipales. Participan instituciones como Infonavit, Conavi, Fovissste, Insus e Indaabin, así como equipos técnicos especializados en riesgos y ordenamiento territorial.

Otra transformación fue la modificación del esquema de subsidios a desarrolladoras privadas. Según Vega, el modelo previo carecía de transparencia. “Del 100% de los subsidios, 10% de las personas acreditadas sabían del subsidio”, señaló. Hasta 2018, los subsidios se entregaban a través de un sistema automatizado, sin contacto directo con las familias. A partir de 2019 se optó por canalizar recursos directamente a las personas, en esquemas de autoproducción y reconstrucción tras desastres. Esa experiencia se retoma en el nuevo programa. Las empresas constructoras continúan participando bajo nuevas condiciones. El Infonavit colabora con desarrolladoras que también pueden aportar suelo. De acuerdo con la Sedatu, se establecieron parámetros para limitar las utilidades y mantener el enfoque social. Por parte de Conavi se trabaja con Organismos Ejecutores de Obra (OEOs), empresas registradas que deben demostrar capacidades técnicas, jurídicas y fiscales. Estas deben estar al corriente con el SAT y cumplir con los lineamientos del padrón de prestadores de servicios. Uno de los ejes del programa es que el crédito y el subsidio se definan con base en la capacidad de pago de las personas y no mediante sistemas automáticos. El esquema parte del ingreso de cada familia y establece que no se destine más del 30% del ingreso mensual al pago de la vivienda durante 20 años. La diferencia se cubre mediante subsidio público, si aplica. “Si ganas un salario mínimo y la vivienda cuesta 600,000 pesos, pues con ese salario mínimo ni en 50 años la va a terminar de pagar”, ejemplificó Vega. En esos casos, se determina un subsidio proporcional. El modelo se aplica ya en zonas de reubicación, pueblos originarios y otras áreas marginadas. También se incluye una modalidad de vivienda en renta, en particular para jóvenes que viven o trabajan cerca de los desarrollos. En los proyectos de Conavi, 20% de las viviendas se reservan para esta modalidad, con contratos de hasta siete años. Infonavit trabaja en un modelo de renta con opción a compra. La selección de beneficiarios se realiza mediante censos aplicados en zonas cercanas a los desarrollos. Se prioriza a familias que habitan en áreas con altos índices de marginación o que requieren reubicación por riesgo. En Acapulco, por ejemplo, se contempla reubicar a 1,400 familias afectadas por eventos recientes. La ubicación del predio también influye. En el caso del Infonavit se eligen terrenos donde hay mayor concentración de derechohabientes. Para Conavi el criterio es más amplio, ya que sus apoyos están dirigidos a población sin afiliación a sistemas formales.

Las dos instituciones que ejecutan el programa registran 199,871 viviendas en proceso. Conavi reportó 88,279 y el Infonavit 111,592. Los desarrollos varían en escala. Algunos proyectos tienen 50 viviendas, otros entre 4,000 y 5,000. Por eso, una parte del presupuesto actual se destinará a obras que concluirán en 2026. “No construyes 5,000 viviendas en un año”, apuntó Vega. El presupuesto de Conavi incrementó de un promedio de 4,500 millones de pesos anuales a 32,000 millones en 2025. El aumento se destina principalmente a cubrir los costos de construcción y mejoramiento para población que históricamente no había sido incluida en este tipo de programas. La ejecución del programa requiere una coordinación constante entre distintos niveles de gobierno y actores institucionales. Cada obra implica gestionar suelo, realizar dictámenes técnicos, tramitar licencias y validar riesgos. También se trabaja en definir con precisión los criterios de asignación y las modalidades de acceso. Vega describió su papel como uno de facilitación. Desde su experiencia en organizaciones civiles, considera que el conocimiento acumulado permite tomar decisiones con base en aprendizajes previos. La incorporación de Fovissste, el fortalecimiento de los esquemas de renta y la adaptación de los mecanismos de selección serán parte de los siguientes pasos del programa. Mientras tanto, el objetivo principal es iniciar obras en todo el país y mantener el ritmo de construcción. “La presidenta (Claudia Sheinbaum) es así: en la medida que tú demuestras que hay condiciones y posibilidades de cumplir, amplía la meta”, reveló Vega.