El miedo de Maravatio en sus policías
Raúl Flores Martínez.
En Maravatío, cinco policías municipales no sólo traicionaron su juramento de proteger a la ciudadanía; se convirtieron en una extensión operativa del crimen organizado.
El caso, ocurrido el 26 de diciembre de 2024 pero expuesto públicamente esta semana, revela un patrón que va mucho más allá de la corrupción individual: muestra la fractura ética y funcional de las instituciones de seguridad pública en México.
Los oficiales Rodolfo N., José Alexis P., María Isela N., Arturo M. y Linda Trinidad N. fueron detenidos, acusados de desaparición forzada. Los hechos son demoledores: tres personas, recién liberadas por el Ministerio Público al no encontrarse pruebas en su contra, fueron interceptadas por estos agentes.
Alegando que debían recoger pertenencias, los mantuvieron esposados y los trasladaron sin motivo legal aparente a las instalaciones municipales. En realidad, iban directo a una emboscada.
A escasos metros de la dirección de Seguridad Pública, los agentes entregaron a las víctimas a un grupo de civiles armados que, en pleno día y sin oposición, se las llevaron por la fuerza. Todo fue presenciado por familiares, impotentes ante una escena que parecía sacada de una película narca, pero que era tristemente real.
Este hecho no solo representa una violación brutal a los derechos humanos. Es, también, una afrenta directa a la idea misma de Estado. Cuando quienes portan el uniforme actúan como colaboradores del crimen, ya no hay zonas grises: no se trata de “manzanas podridas”, sino de un sistema podrido que habilita, protege o tolera estas prácticas.
¿Qué confianza puede tener el ciudadano en sus instituciones cuando es la misma policía la que ejecuta desapariciones? ¿De qué sirve el trabajo del Ministerio Público si, al liberar a un inocente, el sistema lo entrega de nuevo —y esta vez, directamente— a la violencia?
La impunidad es parte esencial de este engranaje. ¿Quién ordenó la entrega? ¿Quién la permitió? ¿Cuántos más han sido desaparecidos bajo la complicidad de los cuerpos de seguridad sin que sus familias hayan podido siquiera denunciarlo?
Este caso debe sacudir no solo a Maravatío, sino a todo el país.
La justicia no puede detenerse con la detención de cinco nombres. Hace falta una intervención profunda, una purga institucional y un compromiso real con la vigilancia ciudadana y el castigo ejemplar a quienes, desde el poder, atentan contra su propia gente.
Hoy, en Maravatío, el uniforme no representa autoridad ni respeto. Representa miedo. Y eso, en una democracia, debería ser inaceptable.
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