Conagua y estado afinan arranque del acueducto; León el más beneficiado Periódico Correo

1.- Conagua y estado afinan arranque del acueducto; León el más beneficiado

El próximo lunes, autoridades de Guanajuato, representantes de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y del Distrito de Riego 011 sostendrán una reunión clave sobre el proyecto del acueducto Solís-León. En el encuentro se revisarán los avances técnicos y se comenzarán a definir fechas cruciales para el arranque de la obra, con base en los distintos proyectos ejecutivos ya elaborados.

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, dijo que el Ejército ha realizado las primeras prospecciones en campo, incluyendo trabajos topográficos. Con ello, se perfila que las obras podrían iniciar hacia finales de agosto. Sin embargo, según información pública del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la licitación está prevista para lanzarse ese mismo mes, mientras que el inicio formal de los trabajos se proyecta para septiembre.

Ángel Ernesto Ortega Mata, representante de Conagua en Guanajuato, confirmó que la reunión será de carácter técnico, enfocada en los avances específicos del proyecto, ya que los estudios y diseños ejecutivos están concluidos. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, José Lara Lona, señaló que también se está afinando el alcance de responsabilidades entre las distintas autoridades involucradas, así como los tiempos de ejecución que quedarán establecidos en el convenio marco, paso necesario para liberar los recursos destinados a la obra.

El inicio del acueducto no impide que, de forma paralela, comiencen los trabajos de tecnificación en el Distrito de Riego 011, ya acordada y con el compromiso de una inversión de 6,400 millones de pesos por parte del gobierno federal, y otros 1,396 millones del gobierno estatal.

La reunión de este lunes permitirá trazar con mayor claridad el arranque formal de la construcción del acueducto, que incluirá la obra de toma, una planta de bombeo, su línea de conducción y una planta potabilizadora en las inmediaciones de la presa Solís. Además, el seguimiento de Banobras contempla la construcción de una línea a gravedad desde la planta potabilizadora hasta un nuevo tanque de entrega en Cerrito de Jerez, al sur de León.

Aunque el proyecto beneficiará a varios municipios del corredor industrial, León será el principal destinatario del suministro. Se prevé que el tanque de entrega en la ciudad zapatera tenga una capacidad de 50,000 metros cúbicos. Para Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya se contemplan tanques de más de 16,000 metros cúbicos, con una capacidad conjunta de 65,000 metros cúbicos.

Con estos avances, el acueducto Solís-León comienza a consolidarse, luego de años de intentos fallidos y promesas truncas. Aunque por ahora, será en agosto cuando se tenga mayor claridad sobre el proyecto.

2.- Organizaciones civiles en medio de la tormenta política y financiera

La Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Guanajuato (Cosoc A.C.), que agrupa a más de un centenar de asociaciones civiles en el estado, se pronunció sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) en la aplicación de más de 260 millones de pesos del Fidesseg, con un faltante de reintegro por 214 millones de pesos.

Tal como se anticipaba desde su conformación en marzo de este año, la Cosoc ha asumido un papel más activo en la articulación de reclamos del sector social frente a las modificaciones que impulsa el gobierno estatal en la distribución de los recursos del fideicomiso, en coincidencia con posturas de líderes empresariales.

“No podemos permitir que estas personas (beneficiarias de las asociaciones civiles) se conviertan en víctimas colaterales de disputas políticas o procesos poco claros”, advirtió la organización en un comunicado.

Y el señalamiento no es menor. En el fondo, quienes están quedando atrapadas en medio de la pugna en tribunales son las propias organizaciones que han dejado de recibir los recursos comprometidos. Desde Cosoc se manifestó disposición para colaborar en el proceso de solventación de las observaciones emitidas por la ASEG.

Aunque lo encontrado por la ASEG deja claro que no se trata de irregularidades generalizadas, sí revela prácticas graves que difícilmente podrían explicarse: asociaciones que pagaron a familiares o los contrataron como proveedores; otras que, sin atribuciones legales para proyectos de seguridad, recibieron millones de pesos; y casos donde se incurrió en esquemas de triangulación de recursos, subcontratando servicios para los que se supone se les apoyó. En todos ellos, se ha ordenado el reintegro del dinero, lo que genera dudas sobre la capacidad financiera de las organizaciones involucradas para cumplir con ello, así como sobre las implicaciones legales que podrían enfrentar.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo fijó su postura este lunes: se mantendrá el diálogo con las organizaciones civiles, pero también debe garantizarse la devolución de los recursos observados. A final es dinero público.

Los hallazgos de la ASEG han puesto en evidencia que el modelo actual de asignación de fondos no está funcionando con la eficacia ni la transparencia necesarias. Sin mecanismos abiertos y no al beneplácito de algunos cuántos, el riesgo de irregularidades es alto, y las más afectadas terminan siendo las organizaciones civiles y las personas a quienes estas buscan atender.

3.- De dos dígitos la caída de exportaciones de Guanajuato

Durante el primer trimestre de 2025, las exportaciones de Guanajuato registraron una caída del 15.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos del INEGI, el estado reportó exportaciones por 7 mil 520.7 millones de dólares, lo que lo relegó a la séptima posición nacional. El freno ya se observaba a finales de 2024, con una contracción del 2.5%.

El factor principal es externo y era previsible: la política arancelaria en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Su proteccionismo a industria automotriz estadounidense ha tenido efectos inmediatos sobre el mercado mexicano, particularmente en estados con fuerte presencia de este sector. Sin embargo, mientras la caída en Coahuila —el principal productor automotriz del país— fue del 4.5%, la de Guanajuato ha sido la más pronunciada del país.

Solo para dimensionar la contracción, en el subsector de fabricación de equipo de transporte las exportaciones cayeron 20.6%, lo que representa cerca de mil millones de dólares menos en comparación con el primer trimestre del año pasado.

Lo más paradójico es que, pese a que la producción de las cuatro armadoras instaladas en Guanajuato creció en este mismo periodo, sus exportaciones disminuyeron. La única excepción fue Toyota, que duplicó su volumen exportado con un alza del 120%. En contraste, General Motors cayó 6.2%, Mazda 20% y Honda 7.1%.

Esta caída sostenida deja al descubierto una vulnerabilidad estructural: la economía guanajuatense depende en exceso del sector automotriz y de condiciones que hoy penden de un hilo con la próxima revisión al T-MEC.

La caída en las exportaciones junto con el aparente estancamiento en la generación de empleo formal, deberían tener encendidas las alertas en el despacho de la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, quien ha reconocido públicamente la urgencia de diversificar la economía del estado. Si en apenas unos meses la nueva administración de Washington ha revertido las tendencias de crecimiento, por lo menos en la rama automotriz, entonces la ruta no puede seguir atada a un solo eje productivo.

Contra Retrato

Jaime Rochín del Rincón

El titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas acumula cientos de quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg). Sin embargo, el fondo no son vulneraciones a terceros, sino en un patrón creciente de abusos por parte de terceros: abogados y gestores que, bajo una supuesta asesoría, cobran a las víctimas por trámites que legalmente son gratuitos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, ya se han detectado cerca de mil casos en los que personas víctimas han pagado por llenar formatos, recibir asesorías o ser guiadas en “estrategias” para obtener apoyos del fondo económico que maneja la Comisión.

A partir de 2023 hay una tendencia marcada. Ese año, la Prodheg registró 232 quejas contra la Comisión, solo superada por los agentes del Ministerio Público. Antes no figuraba en las estadísticas. Para 2024, la cifra se disparó a 849.

No solo eso, basta ver los amparos promovidos contra la Comisión y sus similitudes, que los jueces emiten resoluciones prácticamente estandarizadas. En la mayoría de los casos, se ha determinado la inexistencia del acto reclamado. Los expedientes se concentran especialmente en la zona Laja-Bajío.

Este lunes, Rochín del Rincón, señaló que hay “lobos con piel de oveja” que se están aprovechando de la vulnerabilidad de las víctimas. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo también pidió evitar el uso de gestorías y acudir directamente a la Comisión.

La pregunta es si desde el Gobierno del Estado se tomarán acciones legales contra quienes han lucrado con el dolor ajeno y, además, saturado los servicios jurídicos de la Comisión con litigios sin sustento y esperando obtener su tajada.