El Gobierno prepara una contraoferta a los gobernadores para evitar un desafiante proyecto de las provincias en el Congreso

La relación entre el Gobierno y las provincias está en un momento crítico. La semana pasada, los 24 gobernadores tomaron la infrecuente decisión de ponerse de acuerdo y acordar un proyecto de ley que busca resolver en el Congreso lo que no se pudo en el diálogo con la Nación: incrementar el caudal de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios para que estas partidas pierdan discrecionalidad de la Nación.

El mensaje llegó a la Casa Rosada. En despachos importantes coinciden en que es imperioso lograr algún tipo de acuerdo con las provincias para evitar que los gobernadores se animen y comiencen a imponer sus propias iniciativas en el Congreso: esto implicaría que se configure una mayoría en ambas cámaras que sobrepasaría cualquier freno que pueda poner el oficialismo, comprometiendo la hoja de ruta económica propuesta por el Gobierno.

Este temor tiene varios correlatos. El último viernes a la noche, varios mandatarios (aliados y opositores) compartieron un Zoom con senadores de Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios para avanzar con la iniciativa. “Estamos muy conformes con la respuesta de los gobernadores, vemos que es un reflejo de la cohesión que estamos teniendo”, dicen desde una provincia con la que la Casa Rosada rivaliza seguido. Por primera vez en la gestión de Javier Milei parece haber una sintonía entre los distritos enemigos y los aliados más estrechos del Gobierno.

Aun así, desde la Nación y las provincias parece haber una leve certeza de que existe una última chance antes de que se avance definitivamente con la presentación del proyecto de ley.

Fuentes gubernamentales al tanto de las tratativas confirmaron a Infobae que es inminente la presentación de una contraoferta que pueda ser atractiva para los gobernadores, la cual tendría como objetivo satisfacer varios de los reclamos esgrimidos la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando representantes de 22 provincias se hicieron presentes para conversar con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Aún no se conoce cuáles son las concesiones que está dispuesto a hacer el Gobierno, tampoco si esta resultará satisfactoria para las provincias.

Coincidentemente, el martes por la mañana se reunirán en el marco del CFI los ministros de Economía provinciales con Guberman. Se trata del funcionario del Gobierno que más conoce las concesiones presupuestarias que el Estado nacional está en condiciones de hacer. Se espera un comunicado oficial una vez que termine el encuentro.

En la cumbre de la semana pasada, los funcionarios nacionales les propusieron transferirle parte de los montos que correspondían al ya extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para que estos fueran orientados a la reparación de rutas nacionales. Resultó insuficiente para todos los gobernadores. Luego de esa reunión fue que se dio a conocer el proyecto de ley firmado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nosotros les pedimos aplazar la reunión del lunes y ellos no accedieron, lo cual era lógico porque ya habían coincidido todos para venir acá. Pero necesitábamos más tiempo para formular una respuesta más acabada. Se está preparando algo”, confirmó una fuente gubernamental.

¿Por qué la Nación se opone al proyecto de los gobernadores si, en teoría, no tiene una incidencia en términos fiscales? Las provincias ratifican que la recaudación que se pide distribuir directamente a las provincias está utilizándose para otros asuntos, pero que el Gobierno no puede admitirlo.

Por eso cayó pésimo las declaraciones que Milei hizo el jueves pasado, acusando a las provincias de no haberse ajustado, de ser “la última trinchera de la casta” y de faltarle “el respeto a la sociedad”. Al día siguiente se dio el Zoom multisectorial para acelerar los planes en el Congreso. Muy cerca de él tratan de explicar que “al Presidente nunca le importó si una declaración suya tiene costo político” y que, en rigor, siempre declaró en el mismo sentido.

La preocupación libertaria se da, mayormente, por la alta carga simbólica que tendría una unión entre amplísimos sectores de la oposición en detrimento del oficialismo. ¿Por qué no habría de repetirse en el futuro con otro tipo de demandas y de costo fiscal? Hasta el momento, el Gobierno había logrado armar un escenario político estructurado en el “apoyo o no” para ciertos asuntos relevantes para Milei: el fundamental, el asunto fiscal.

En la Casa Rosada perciben cómo el costo de oponerse al Gobierno no está siendo tan caro como lo fue el año pasado, cuando se logró la sanción de la Ley Bases, que no se insista con el DNU 70/23 y que se ratifique el veto al incremento jubilatorio y de financiamiento universitario. Estos últimos dos asuntos volvieron por estas semanas: el primero -enmarcado en un paquete de iniciativas que consta de 1,8% del PIB- espera a ser sancionado en el Senado y, cuando Milei lo vete, a que se insista nuevamente; mientras que el segundo pretende ser tratado en sesión esta semana en la Cámara baja.

Así las cosas, a los ojos de diversos operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que les cuadre a muchos gobernadores parece ser más barato que el ruido que pueda generarse por la vía del mercado.

“El riesgo país permanece estancado en torno a los 700 puntos y el spread argentino parece mostrar, en parte, las dudas sobre la dinámica de reservas”, marca el último informe semanal de GMA Capital. Tanto el Banco Central como el Tesoro se han hecho de reservas, las cuales, según la consultora bursátil, “los inversores parecen pedir profundizar”. Evitar dudas sobre el programa económico facilitaría que el mercado acepte menores retornos por parte de la deuda soberana. Un buen resultado en las elecciones del oficialismo despejaría dudas, pero por eso la prioridad del Gobierno de mantener la calma por estos meses.

Los interlocutores del Gobierno consideran que varios de los planteos de los gobernadores “son razonables” y que “hay que acordar de alguna manera”. Varias provincias lo saben y los que han sido aliados al Gobierno parecen tener disposición de esperar un poco más para esperar una propuesta. Es por eso que entre los gobernadores más opositores perciben que la postura unánime y dura de los 24 distritos puede ablandarse.

“En la oposición olieron sangre, pero todo esto sucede al mismo tiempo porque estamos en un marco electoral”, afirman en el Gobierno. Muchos creen que, además de haber una propuesta a los gobernadores en el plano económica, deberán existir conversaciones subterráneas con los más aliados vinculadas al armado libertario en sus distritos. “Ambas facetas son importantes”, manifiestan en Casa Rosada, donde creen que más temprano que tarde deberá existir algún acuerdo. En algunas provincias se limitan a esperar expectantes. También lo creen, pero marcan que “la palabra del Gobierno está devaluada”.

Por fuera de toda esta discusión, este lunes se conocerá la concreción de la alianza entre el oficialismo correntino de Gustavo Valdés y La Libertad Avanza para competir en los comicios a gobernador.