Un senegalés denuncia el “calvario” por el que pasa para traer a sus “veintitantos” hijos a España: debe pagar 1.000 euros para una prueba de ADN para cada uno Infobae

Mame Cheikh Niang Mbaye, senegalés de 64 años afincado en Bilbao desde 1986, no puede seguir asumiendo el precio de la reunificación familiar. Vendedor ambulante de sábanas hasta hace poco, hoy vive con el Ingreso Mínimo Vital y afronta, cada vez que intenta traer a uno de sus hijos a España, un calvario económico. Padre de 24 hijos —22 con vida—, cada trámite de reagrupación familiar le supone unos 1.000 euros. Pese a contar con certificados de nacimiento y nacionalidad española para todos ellos, el Consulado General de España en Dakar le exige una prueba de ADN por cada hijo para emitirles el pasaporte. “Mis hijos son ciudadanos españoles, tienen la nacionalidad. ¿Si tienen sospechas de que no son mis hijos, por qué les han concedido la nacionalidad?”, protesta Mame Cheikh, que ha recurrido a asistencia legal para denunciar el caso, según informa El País.

Un padre de familia numerosa atrapado en la burocracia

“Veintitantos”, responde con naturalidad cuando se le pregunta cuántos hijos tiene. En total, ha sido padre de 24 niños y niñas —dos fallecidos— con cuatro mujeres, todas residiendo en la ciudad santa de Touba, en Senegal. La mayor de sus hijas nació en 1983; la más pequeña, apenas tiene cinco años. Mame llegó a España en 1986 desde Marruecos, haciendo escala en Portugal, y obtuvo la nacionalidad española en el año 2000. Musulmán, trabajador autónomo hasta hace poco, ha sobrevivido durante décadas vendiendo textiles por la costa vasca. Hoy, su único ingreso es una prestación social transferida recientemente del Gobierno central al Ejecutivo vasco.

Durante años, ha viajado con regularidad a su país de origen y ha formado allí una extensa familia: ocho hijos con una mujer, otros ocho con otra, cinco con una tercera y una hija con la cuarta. “Quiero traerlos aquí para darles una vida mejor”, afirma desde el despacho de su abogado en Bilbao. Seis de sus hijos ya viven en España y asegura que “se han integrado muy bien”. El problema está con los más jóvenes. Cada paso administrativo se convierte en una carrera de obstáculos: “Tengo el certificado de nacionalidad española de mis hijos, pero me exigen pruebas de ADN por cada uno. Me obligan a contratar un traductor. Mis hijos se tienen que desplazar casi 200 kilómetros desde Touba hasta el consulado en Dakar… Es una ruina”, denuncia.

Pruebas genéticas obligatorias y desconfianza sistemática

El Consulado General de España en Dakar exige sistemáticamente un análisis de ADN para conceder un pasaporte ordinario. En los escritos enviados a Mame, justifican esta medida por “dudas fundadas sobre la identidad de la persona que se pretende documentar” y la “dudosa autenticidad y fiabilidad de los documentos del Registro Civil senegalés”. Las muestras, tomadas en un laboratorio homologado —Mame acude a uno en Zaragoza, el más próximo a Bilbao—, se conservan durante un año y luego son destruidas, según especifica el consulado.

Javier Galparsoro, abogado del caso, profesor de Derecho de Asilo y Extranjería y presidente de la ONG Zehar Errefuxiatuekin, considera “jurídicamente inaudito” que se cuestione la paternidad de unos hijos con nacionalidad reconocida por el Estado español. “Esto no es normal. Lo lógico es que me pidan los análisis antes de concederles la nacionalidad”, añade Mame, que no se niega a las pruebas, pero denuncia su coste: “Yo soy una buena persona, no quiero engañar a nadie. No tengo miedo a hacerme las pruebas de ADN para demostrar la paternidad. Sé que son mis hijos. Lo que me fastidia es tener que hacer tanto papeleo y gastar tanto dinero para poder estar con ellos”.

El proceso se repite en cada solicitud. Recientemente, ha iniciado los trámites para traer a dos de sus hijas menores, nacidas en 2007 y 2008, ambas con nacionalidad española. Presentó la petición en septiembre de 2024 y ya ha pagado los 490 euros que cobra el laboratorio por el análisis genético, además de los 160 euros del traductor y otros gastos derivados de desplazamientos. Medio año después, sigue sin obtener los pasaportes. Una de las niñas necesita atención hospitalaria urgente en España por problemas en las piernas, pero el permiso consular sigue sin llegar. “Me van a arruinar”, lamenta.

Desde el Consulado justifican el protocolo por la existencia de fraudes en documentación senegalesa. La sospecha de falsificaciones ha endurecido los requisitos, afectando a familias legítimas como la de Mame Cheikh. “Es posible que haya fraudes, no lo sé —admite él—, pero pagamos justos por pecadores y nos tratan a todos igual”.

El Defensor del Pueblo español reconoce que ha recibido “numerosas quejas” por las demoras en la expedición de certificados de nacimiento y visados en Senegal, donde la escasez de recursos humanos en el consulado provoca esperas que en ocasiones superan los dos años.

“Esto solo pasa con Senegal”, subraya Galparsoro. “No ocurre con ciudadanos de Mali, Ghana o Camerún”. “Si tienen sospechas de que no son sus hijos, ¿por qué el Registro Civil les ha concedido la nacionalidad española?”, se pregunta. “Yo no conozco un caso igual. Mame Cheikh tiene 22 hijos y por cada traslado tiene que gastar 1.000 euros. Es una carga económica inasumible. Si el Estado reconoce la nacionalidad, ¿por qué le obligan a demostrar su paternidad una y otra vez?”.