La Justicia de Galicia rechaza las acusaciones de acoso laboral de una guardia civil contra una superior: “Quedan reducidas a cuestiones laborales”

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha concluido que las imputaciones de acoso a una de sus superiores realizadas por una guardia civil de la Comandancia de Pontevedra “quedan reducidas a cuestiones laborales”. De esta forma, han desestimado el recurso interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Pontevedra, que confirman.

Los magistrados señalan en la sentencia que “podrá cuestionar la actora el excesivo rigor de las decisiones de la codemandada en ese estricto ámbito laboral y de mando, pero, siendo decisiones legítimamente adoptadas en el marco de las tareas de su cargo y en ausencia de prueba sobre el carácter discriminatorio de esas decisiones respecto de las adoptadas con sus compañeros, no constituyen acoso laboral”.

Una relación tensa desde el principio

La agente demandante fue destinada en 2018, por el procedimiento de libre designación, al Grupo de la Guardia Civil en la Comandancia de Pontevedra. Desde el inicio de su incorporación, comenzó a mantener una relación tensa con su superiora jerárquica, la entonces teniente, quien más tarde asumiría el mando del grupo como capitán. En el relato judicial, se recogen diversos episodios que reflejan un deterioro progresivo en la relación profesional entre ambas, en un entorno marcado por desacuerdos sobre permisos, valoraciones profesionales y decisiones administrativas.

Uno de los primeros conflictos se produjo cuando la demandante comunicó su baja por riesgo durante el embarazo. Aunque la afectada había informado que pasaría directamente al permiso por gestación, su superiora puso en duda la formalidad del procedimiento, lo que derivó en una conversación de casi una hora en la que, según la demandante, recibió comentarios que apuntaban a un supuesto trato de favor recibido para acceder a su puesto.

Rechazo de días de descanso

Más adelante, la agente recibió una evaluación profesional negativa que reducía su puntuación anterior en casi tres puntos, emitida provisionalmente por su superior. Aunque esta primera calificación fue corregida por otro superior, años después la demandante volvió a recibir una evaluación con una nota aún más baja, que fue objeto de recurso y anulada judicialmente por falta de motivación.

En paralelo, se acumularon las negativas a varias de sus peticiones laborales. Solicitudes de días de descanso por superación de jornada fueron parcialmente rechazadas por la capitán, aludiendo necesidades del servicio, y su recurso fue estimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra, que declaró nulas las resoluciones por contravenir el ordenamiento jurídico. Además, la demandante había solicitado una comisión de servicio que la demandada desaconsejó verbalmente, aunque finalmente le fue concedida, y también le fue denegada una solicitud de flexibilización horaria para conciliar su jornada con el cuidado de sus hijos menores.

Cesada de su destino

La tensión aumentó cuando la superior propuso formalmente el cese de la agente en su destino, iniciativa que fue avalada por la cadena de mando hasta llegar a la jefatura de la Comandancia, aunque finalmente fue descartada por instancias superiores por carecer de justificación suficiente. En 2023, tras meses de conflictos, la Dirección General de la Guardia Civil acordó su cese en el destino y la dejó pendiente de nueva asignación, mientras la agente alegaba ya un diagnóstico de síndrome ansioso-depresivo vinculado a su situación laboral, según varios informes médicos privados.

La afectada acudió también a la jurisdicción militar, presentando una denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad y deslealtad contra su superiora, pero las diligencias penales fueron archivadas por el Juzgado Togado Militar Territorial nº 41 de A Coruña, una decisión que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Militar Territorial Cuarto. Paralelamente, intentó activar el protocolo contra el acoso laboral dentro del cuerpo, aunque la propia Guardia Civil concluyó, en un informe interno, que no concurrían las condiciones necesarias para su aplicación.

Ante la acumulación de situaciones que consideraba vejatorias, la guardia civil interpuso demanda por vulneración de derechos fundamentales contra su superior y contra el Ministerio del Interior, reclamando una indemnización de 150.000 euros por daños morales. Sin embargo, tanto la jurisdicción social como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia han rechazado su pretensión, al considerar que no se había demostrado una situación de acoso laboral según los criterios establecidos en la normativa interna ni en la jurisprudencia.