Campos vacíos y trabajadores asustados: el panorama en la frontera de México y Texas Vanguardia.com.mx

SAN ANTONIO- Alexandra, migrante indocumentada de 55 años, se dirigía hace poco a trabajar a una granja de sandías en la ciudad fronteriza de Edinburg, Texas, cuando su hijo mayor la detuvo antes de que saliera de su viejo remolque.
“Por favor, no vayas.
Te van a deportar”, le dijo a Alexandra, quien pidió que no se utilizara su apellido porque no quería llamar la atención de los agentes federales de inmigración.
A continuación, su hijo le mostró videos con muchos detalles de agentes federales persiguiendo y esposando a migrantes aparentemente por todo el valle del Río Grande de Texas.
“Esa podrías ser tú”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: Suman 252 mexicanos deportados tras redadas en Estados UnidosLas órdenes contradictorias del presidente Donald Trump de eximir, luego perseguir, y de nuevo eximir a los trabajadores agrícolas de sus agresivas redadas de migración en los lugares de trabajo han ocasionado estragos en la industria agrícola de todo el país, donde alrededor del 42 por ciento de los trabajadores agrícolas son indocumentados, según el Departamento de Agricultura.
Pero quizá en ningún lugar sea más palpable el temor entre los trabajadores agrícolas que en las granjas y ranchos situados a lo largo de la frontera suroccidental entre México y Estados Unidos, donde durante siglos los trabajadores han considerado la frontera como una zona más porosa que prohibitiva.
Los funcionarios del gobierno han prometido cumplir una promesa electoral de Trump, muy popular en su día, de deportar a millones de trabajadores indocumentados, en lo que él ha dicho que será la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos.
Mientras las redadas en los centros de trabajo han erosionado esa popularidad y han desencadenado airadas protestas en todo el país, la región fronteriza ha permanecido inquietantemente tranquila.
El gobierno de Trump ha eliminado de manera efectiva los cruces de quienes, en el lado mexicano, buscan asilo o simplemente trabajo ilegal en los campos.
En el lado estadounidense, donde los migrantes indocumentados siguen constituyendo gran parte de la mano de obra, muchos de esos trabajadores tienen miedo de salir.
“Ahora mismo, no tengo ningún trabajador”, dijo Nick Billman, quien es propietario de Red River Farms, una explotación agrícola de Donna, Texas.
Se pregunta si plantar si no tiene a nadie que mantenga los campos y los coseche.
“Tenemos que pensar qué hacemos, ¿sabes?”.
Es difícil calcular cuántos trabajadores han dejado de ir a laborar.
Pero Elizabeth Rodriguez, activista del Ministerio Nacional del Trabajador Agrícola, afirma que cada vez ve menos trabajadores en las granjas que frecuenta, ya que la temporada de sandías está a punto de terminar.
“La mayoría de los trabajadores de aquí son residentes desde hace mucho tiempo que, por una razón u otra, no tienen estatus legal”, dijo Rodríguez.
“Y ahora, les aterroriza ir a trabajar.
Los campos están casi vacíos”.
Durante mucho tiempo, los trabajadores indocumentados han sido el sustento de las granjas de la región fronteriza.
En la encuesta más reciente publicada por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas, cerca del 80 por ciento de los trabajadores encuestados en el condado de Hidalgo dijeron que eran indocumentados.
Y ese condado, el mayor del valle, como se conoce a la región, tiene más de 2400 granjas.
Los trabajadores agrícolas legales con visados H-2A, que permiten a los ciudadanos mexicanos trabajar y vivir mientras trabajan en las granjas, constituyen solo un pequeño porcentaje de la mano de obra, según el mismo estudio.
“Está claro que estos granjeros necesitan a estos trabajadores”, dijo Rodriguez.
“¿Cómo van a conseguir los estadounidenses los alimentos que comen?”.
La temporada alta de recolección se produjo antes de que las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) enviaran oleadas de pánico por el Valle del Río Grande.
Pero a medida que la actual temporada de sandías se acerca a su fin, muchos agricultores se preguntan qué harán en la próxima temporada, dijo Jed Murray, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Internacional de Productos de Texas, un grupo de defensa de la industria de productos agrícolas.
TE PUEDE INTERESAR: Ahuyentan redadas del ICE a trabajadores y desconciertan a empresas“Desde el punto de vista de nuestra industria, los trabajadores agrícolas que pueden tener problemas de documentación, han trabajado con sus cultivadores durante 10, 15 años.
Existe una buena relación”, dijo Murray.
“Pero en este entorno actual”, añadió, “muchos cultivadores están estudiando la posibilidad de contratar a más trabajadores con visado H-2A”.
Muchos agricultores temen que hablar los convierta en objetivo del gobierno.
Los republicanos conservadores de Texas, que controlan todas las ramas del gobierno estatal, han hecho de las leyes de migración agresivas una prioridad y han prometido ayudar al gobierno de Trump en su ofensiva.
Pero los legisladores texanos han pasado por alto un detalle revelador: no han exigido a la mayoría de los empleadores privados que utilicen E-Verify, un programa federal que verifica la situación legal de los trabajadores, un descuido que no ha pasado desapercibido para los agricultores de la frontera.
Eso significa que la mayoría de los empleadores de Texas no están obligados explícitamente a confirmar la situación migratoria de las personas contratadas.
Billman dijo que los nuevos empleados llenan su propia documentación y que corresponde al gobierno comprobar su situación.
Su trabajo consiste en encontrar manos capaces dispuestas a realizar un trabajo implacable, y ya está luchando por encontrar trabajadores que preparen sus campos para plantar semillas de calabaza y le ayuden a limpiar los escombros causados por las recientes tormentas.
Calcula que podría perder entre 100.
000 y 150.
000 dólares de ganancias en su granja si no sigue adelante con sus planes de cosecha.
“Es algo enorme para nosotros”, dijo.
Las señales contradictorias de Trump no ayudan.
A finales de mayo, uno de sus principales asesores, Stephen Miller, dijo que ICE se fijaría como objetivo un “mínimo” de 3000 detenciones al día, iniciando una visible represión que impactó ciudades y granjas de todo el país.
Luego, el 13 de junio, a instancias del presidente, se interrumpieron las redadas de migración en explotaciones agrícolas, hoteles y restaurantes.
Pocos días después se reanudaron, solo para que el presidente dijera el viernes pasado que se iba a ayudar a los agricultores.
“Estamos estudiando hacer algo para que, en el caso de los granjeros buenos y reputados, puedan responsabilizarse de las personas que contratan”, dijo Trump a los periodistas de camino a su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.
Y añadió: “No podemos dejar a las granjas sin negocio”.
Para los trabajadores agrícolas del valle del Río Grande, el último pronunciamiento del presidente fue poco consuelo.
“Al principio dijo que no iba a ir a por nosotros.
Luego lo hizo”, dijo Alexandra en una entrevista.
“No puedes fiarte de lo que dice”.
Alexandra dijo que corría el riesgo de perder incluso más que los granjeros para los que trabaja.
La vieja caravana donde vive, que ha mantenido en pie con parches de cinta adhesiva y trozos de madera contrachapada, le costó solo 800 dólares.
Pero sus cinco hijos tienen que contribuir para ayudarla a reunir los 450 dólares que necesita cada mes para cubrir sus facturas de alimentación y electricidad.
“Estoy desesperada”, dijo.
“Si salgo de casa, me atraparán.
Si me quedo aquí, ¿cómo voy a comer?”.
Ha pensado en autodeportarse para poner fin a su incertidumbre, pero dijo que le preocupaba la violencia de los cárteles de la droga en su México natal.
“Allí es peor”, dijo.
Son tan frecuentes los informes sobre la aparición de agentes de ICE en las granjas donde trabaja que dice estar dispuesta a probar una nueva forma de empleo.
Se puso en contacto con una amiga que trabaja en una de las muchas tiendas de autoservicio de la zona, quien le habló de un posible turno.
Pero entonces su teléfono empezó a llenarse de videos de una redada de ICE en un negocio llamado El Tocayo Drive Thru de Edinburg.
Los habitantes de la zona estaban absortos en los chats de grupo de WhatsApp y en las publicaciones de las redes sociales que seguían cada momento de un enfrentamiento de ocho horas entre agentes vestidos de civil y una trabajadora de 25 años que se escondió en una cocina hasta que los agentes le presentaron una orden judicial.
Elda Garza, propietaria de El Tocayo Drive Thru, dijo que los agentes no le proporcionaron más información que la de que necesitaban detener a su trabajadora, que llevaba allí un año, porque tenía “antecedentes”, dijo Garza.
“Nos dijeron que solo la buscaban a ella y a nadie más”, dijo Garza.
“Pero el incidente nos ha dejado a todos desconcertados”.
El miedo en la frontera se ha extendido mucho más allá de la agricultura.
Rosy, una residente de 57 años de McAllen, Texas, dijo que había dejado de ir a su trabajo de limpieza durante las últimas tres semanas porque estaba convencida de que los agentes de migración acechaban por todas partes.
Se esconde detrás de las ventanas cada vez que un desconocido llama a su puerta.
Pidió que no se publicara su apellido porque lleva casi 25 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos.
Lo que es peor, dijo, es que su hija, nacida en Estados Unidos, dejó la escuela de enfermería para trabajar como asistente médica para mantenerla.
“Sé que a veces parece que estoy paranoica”, dijo Rosy, secándose las lágrimas.
“Incluso cuando saco a pasear a mis perros, los apuro cuando siento que todos los coches que pasan a mi lado pertenecen a agentes de inmigración.
No puedo vivir así”.
Su miedo no es simplemente que la devuelvan a México.
Dijo que le aterrorizaba más que se la arrebataran agentes enmascarados que podrían enviarla a un tercer país con el que no tiene ninguna relación.
Esa política fue validada el lunes por la Corte Suprema.
“Tengo familia en México, puedo quedarme con ellos”, dijo, pensando en la posibilidad de marcharse por su cuenta.
“Pero no quiero abandonar a mi hija”.
Alma, otra trabajadora agrícola que tampoco quiso dar su apellido porque también es indocumentada, dijo que no sabía cuándo podría volver a trabajar en los campos de cilantro que conoce desde hace 15 años.
Como los demás, no está segura de que los 200 dólares que podría ganar en una semana merezcan la pena para arriesgarse a ser deportada y dejar atrás a sus familiares legales.
“Necesito ganar dinero, pero tampoco quiero separarme de mi familia”, dijo.
“Nos están poniendo en una situación sin salida”.
Edgar Sandoval cubre Texas para el Times, con un enfoque en la comunidad latina y la frontera con México.
Está radicado en San Antonio.
c.
2025 The New York Times Company.
Por Edgar Sandoval, The New York Times.