Deforestación en la Amazonía: Perú ha perdido un espacio de bosques equivalente a 11 veces el tamaño de Lima Infobae
La Amazonía peruana ha pedido más de 3 millones de hectáreas de bosque entre 2001 y 2023, una extensión equiparable a once veces el área de Lima metropolitana. Un informe elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) señala que el 70% de la deforestación reciente se concentra en tan solo cuatro zonas críticas. Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios figuran entre las regiones con mayor impacto en este proceso, el cual se intensificó entre 2019 y 2023 con la desaparición de 602 mil hectáreas adicionales.
El análisis indica que la deforestación en la cuenca del río Ucayali y sus afluentes es la más alarmante, abarcando casi la mitad del total amazónico perdido. El estudio también resalta cómo las actividades ilegales y el cambio en el uso de la tierra se convierten en los principales impulsores de esta problemática ambiental, mientras comunidades indígenas y áreas protegidas muestran diferentes realidades frente a la destrucción forestal.
Expansión agrícola, minería y cultivos ilícitos
Según el informe ‘Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía peruana’, gran parte de la deforestación reciente se localiza en áreas donde la tenencia de la tierra no ha sido definida formalmente. En estos territorios, que reúnen 1.45 millones de hectáreas de bosques desaparecidos, se desarrollan actividades extractivas y agropecuarias en ausencia de mecanismos claros de control estatal.
La investigación detalla que el 49% del área deforestada termina convertida en superficies agrícolas y pecuarias, en tanto que el 43% evidencia alguna recuperación natural. La expansión del cultivo de hoja de coca se relaciona especialmente con parcelas pequeñas, de menos de 5 hectáreas, replicadas en distritos caracterizados por la alta densidad de estos sembríos. Así, la cuenca del Ucayali congrega el 45% de la deforestación amazónica desde 2001, impulsada en parte por corredores viales críticos y actividades ilícitas asociadas a la coca.
Por su parte, la Amazonía Sur —principalmente Madre de Dios y zonas aledañas de Cusco y Puno— registra cerca de 388 mil hectáreas deforestadas, especialmente durante los últimos cinco años. Esta zona se vincula más estrechamente con la expansión de la minería ilegal, destacando los casos de Tambopata, Manu y Tahuamanu.
El informe también identifica la cuenca media del Marañón, situada entre Amazonas y Loreto, como un nuevo foco de deforestación por la proliferación del narcotráfico y la minería ilegal. Entre 2019 y 2023 desaparecieron allí más de 51 mil hectáreas de bosques. El Bajo Amazonas, situado en la triple frontera con Colombia y Brasil, aunque registra una menor pérdida (36 mil hectáreas), presenta alta vulnerabilidad por su exposición a redes de crimen transnacional y cultivos ilegales.
Comunidades indígenas y áreas protegidas: realidades opuestas
El avance de la deforestación también afecta de manera directa a comunidades indígenas de la Amazonía. De acuerdo con el estudio, el 19% de la pérdida nacional de bosques corresponde a territorios de comunidades nativas, lo que significa más de 582 mil hectáreas deforestadas. Estas áreas se enfrentan a invasiones, tráfico de tierras, tala y minería ilegal, y a la presión de cultivos ilícitos que alteran sus modos de vida y ponen en riesgo los derechos de los pueblos originarios.
En contraste a lo presentado, hay dos espacios que presentan niveles reducidos de deforestación. Estos son las áreas naturales protegidas y las concesiones para conservación, ecoturismo y reforestación. Menos del 5% del total de la Amazonía peruana perdida corresponde a estos espacios donde existen mecanismos formales de administración y vigilancia.
La Amazonía peruana se mantiene como uno de los principales bastiones de biodiversidad y servicios ecosistémicos a nivel mundial, pero su vulnerabilidad frente a la deforestación muestra la urgencia de políticas integrales que garanticen la protección del bosque, promuevan el desarrollo sostenible y aseguren el respeto a los derechos de las comunidades que dependen de este territorio.
