Amnistía Internacional alerta sobre militarización de la seguridad pública y riesgo de abusos con nueva reforma a la Guardia Nacional; pide al Senado frenar su aprobación
El 25 de junio, la Cámara de Diputados de México aprobó reformas a las leyes que regulan a la Guardia Nacional (GN). Estas modificaciones buscan definir a la GN como una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial y bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Entre los cambios destacan:
- La GN tendrá grados y mandos equivalentes a los del Ejército.
- Podrá colaborar con otras instancias de seguridad pública para generar, compartir y obtener información en temas de prevención y persecución de delitos.
- Sus elementos podrán solicitar licencia para ocupar cargos públicos.
- En caso de delitos, la GN tendrá contacto con evidencia antes que el Ministerio Público.
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Hay preocupación por estas reformas
Amnistía Internacional (AI) expresó su descontento con las reformas, señalando que podrían tener consecuencias negativas en materia de derechos humanos.
Es preocupante porque faculta a la GN para que realice labores de inteligencia en temas de seguridad pública.
Entre las principales preocupaciones destacan:
Mayor control militar en seguridad pública
La reforma formaliza que la GN opere como una fuerza armada bajo el mando de la Sedena. Organizaciones como AI advierten que esto podría aumentar la militarización de las tareas de seguridad, un tema polémico en México debido a antecedentes de abusos por parte de las Fuerzas Armadas.
Riesgo de manipulación de pruebas
Al permitir que la GN tenga acceso a la evidencia antes que el Ministerio Público, se teme que pueda haber manipulación de pruebas o encubrimiento de violaciones cometidas por elementos militares.
Aumenta el riesgo de manipulación de pruebas y de encubrimiento de violaciones cometidas por elementos militares, fomentando la impunidad.
Posible influencia política de militares
La reforma permite que miembros de la GN soliciten licencia para ocupar cargos públicos, lo que, según AI, podría llevar a que militares tomen control de puestos clave en el gobierno.
Facultades de inteligencia sin controles claros
La GN tendrá atribuciones para realizar labores de inteligencia en seguridad pública, lo que genera dudas sobre cómo se protegerán los derechos civiles y se evitarán abusos.
¿Qué dice el gobierno sobre estas reformas?
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que el objetivo de la reforma es fortalecer a la GN como una institución de seguridad pública, con coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Según el texto aprobado, la GN debe actuar bajo los principios de respeto a los derechos humanos, y cualquier información obtenida con violaciones a estos derechos carecerá de valor legal.
¿Qué piden las organizaciones de derechos humanos?
Amnistía Internacional hizo un llamado al Congreso, en particular al Senado, para que no apruebe estas reformas sin antes analizarlas desde una perspectiva de derechos humanos. La organización insiste en que, de implementarse, debe haber mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas para evitar abusos.
No aprobar esta reforma y analizarla a la luz de los derechos humanos.
Se mencionó.
Las reformas deben ser votadas en el Senado
Las reformas ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, pero aún deben ser discutidas y votadas en el Senado. De ser avaladas, pasarían al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Mientras tanto, el debate continúa: por un lado, el gobierno argumenta que estas medidas fortalecen la seguridad; por otro, organizaciones civiles alertan sobre los riesgos de otorgar más poder a las fuerzas militares en tareas que tradicionalmente corresponden a autoridades civiles.
Este tema seguirá generando discusión en los próximos días, especialmente por su impacto en la estrategia de seguridad del país y en los derechos fundamentales de la población.
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El Imparcial
