Una legislación competente, pero autoridades omisas: A 18 años de acompañar feminicidios

Entre enero de 2015 y abril de 2025, se registraron 34 mil 715 asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas en territorio mexicano. De estos casos, únicamente 24,6% se investigan bajo el tipo penal de feminicidio, informó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con base en datos compartidos a la Organización de las Naciones Unidas.

Igualmente, la cifra revela una brecha significativa entre la violencia documentada y su reconocimiento legal. Esta diferencia incide en la tipificación de los crímenes, lo cual impide a muchas víctimas recibir justicia dentro de un marco normativo específico. El OCNF, conformado por 43 organizaciones en 23 estados del país, señaló cómo los asesinatos de mujeres presentan patrones de violencia extrema y circunstancias capaces de derivar en investigaciones por feminicidio.

De acuerdo con Atziri Ávila, defensora de derechos humanos e integrante de la red, la falta de aplicación efectiva de las leyes y protocolos existentes transmite un mensaje de impunidad. "No hay acción pronta y eficaz por parte de las autoridades para investigar y sancionar, eso lanza un mensaje claro a los agresores: matar a una mujer no tiene consecuencias", afirmó la activista.

Casos documentados por el OCNF revelan omisiones institucionales que obstaculizan el acceso a la justicia. Entre ellos destaca el de Fátima Quintana, una menor de 12 años violentada y asesinada en Lerma, Estado de México, por tres vecinos. Un fallo en los peritajes solo permitió enjuiciar inicialmente a uno de los responsables. Gracias al acompañamiento del Observatorio, se lograron sentencias para los otros dos agresores. En mayo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a familiares de víctimas de feminicidio como sujetos a reparación integral del daño.

Así, en otro caso, Rosa Diana, joven del mismo estado, solicitó una orden de protección por violencia de su expareja. Autoridades respondieron que ese recurso legal "solo existe en Estados Unidos". Dos meses después, fue asesinada. Su familia recibió el respaldo del OCNF para que se reconociera la negligencia oficial.

La organización subrayó cómo la omisión de las instituciones no solo permite la violencia, sino además la perpetúa. "Es necesario que se sancione a las autoridades omisas", sostuvo Ávila, al advertir sobre la importancia de un acompañamiento integral para las familias afectadas. Desde su experiencia, las defensoras actúan como vigilantes de las obligaciones legales impuestas a las autoridades.

En su aniversario número 18, el Observatorio inició una campaña de recaudación a través de GoFundMe, con el fin de sostener su labor jurídica y territorial. NotiPress tuvo acceso a esta información, en la cual se destaca la necesidad de financiamiento para abogadas, psicólogas, criminólogas y el resto del equipo multidisciplinario.

Desde su fundación, el OCNF ha insistido en que el reconocimiento legal del feminicidio es una condición fundamental para combatir la violencia contra las mujeres. El subregistro en las cifras oficiales representa no solo un error técnico, sino una falla en el compromiso institucional con la verdad y la justicia.