TEXTO ÍNTEGRO: Muy Alta la IMPUNIDAD en MÉXICO; sin resolver Desapariciones Ni Homicidios Punto Por Punto

El informe muestra que, de una lista de 94 países, México se ubicó en el número 80, lo que lo coloca en una situación de impunidad existente similar a las que se registra en Rusia, Honduras, Uganda, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.

• Aunque en el estudio anterior (2020) México se encontraba entre los primeros 10 países con mayor impunidad, su caída en el ranking se debe a que entraron más países al estudio y no precisamente a una mejora en los procesos de justicia.
• “En la edición IGI 2020 México se encontró entre los diez países con peor desempeño, el lugar 60 de 69 casos estudiados, y el cambio de posición es resultado de la incorporación de más países a la muestra, antes que de una mejora en el desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos”, señala su resumen ejecutivo.
• Los resultados del estudio elaborado por los académicos de la UDLAP, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez advierten que la impunidad en México tiende a ser extremadamente alta y que afecta el diseño y funcionamiento de la cadena de los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos.

¿Qué produce la impunidad?

El IGI 2024 considera que la alta impunidad que se registra en nuestro país es resultado de distintos factores políticos, institucionales y sociales, sin embargo, la metodología del Informe permite destacar que la existencia de reducidas capacidades institucionales representan un factor central para explicar niveles de desempeño ineficientes en los sistemas de seguridad y justicia, e imposibilidad de proteger los derechos humanos.

“Sin la existencia de capacidades institucionales suficientes —como, por ejemplo, recursos presupuestales, operadores capacitados e instrumentos efectivos de política pública— no es posible garantizar condiciones de seguridad, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos”.

Se advierte con preocupación que nuestro país no cuenta con las capacidades institucionales requeridas para acotar el alcance y los efectos destructivos de este fenómeno.

“Observamos con preocupación una tendencia creciente hacia la impunidad estadística, con un mayor número de países que reportan datos inconsistentes y desactualizados sobre seguridad, justicia y derechos humanos, por falta de voluntad política para generar información estadística actualizada. Sin la existencia de información estadística confiable, no es posible formular mejores políticas públicas basadas en evidencia”.

La impunidad en México, más grave que el promedio

Los académicos explican que la posición de México dentro de los países con los mayores niveles de impunidad se explica por dos razones: en primer lugar, México obtiene un resultado negativo (46.19) por encima del promedio global (31.64) e incluso por encima del promedio de los países de América (36.89).

• En segundo lugar, México muestra resultados negativos en cada dimensión analizada, por encima de los promedios globales y también por encima de los promedios para los países de América.
• “Los muy altos niveles de impunidad de México son resultado de un mal desempeño en prácticamente todas las variables, lo cual nos refiere a un problema sistémico”.

El Índice Global de Impunidad tiene su fundamento teórico en el concepto de impunidad que fue desarrollado en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).

El 99% de las desapariciones en México se mantienen impunes

En el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”, la agrupación Causa en Común señala que “a seis años de su entrada en vigor, el proyecto de búsqueda e identificación de personas establecido en la Ley General en Materia de Desaparición es un fracaso”.

En la Ley se estableció la obligación del Estado mexicano de construir un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), para coordinar, definir y operar registros para localizar a las víctimas y atender la crisis forense, pero “en sentido contrario, el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador y diversos gobiernos locales aceleraron el deterioro de las policías, de las fiscalías, del sistema penitenciario y de las comisiones de búsqueda”, apunta el informe.

¿Cuántos desaparecidos hubo con AMLO?

En el pasado sexenio “se registraron 53 mil 261 personas desaparecidas, para un total de 120 mil 628. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) documentó 5 mil 698 fosas clandestinas descubiertas entre 2006 y 2023, de las cuales la mitad fueron localizadas en el sexenio de López Obrador. El 99% de las desapariciones se mantienen impunes”, remarca Causa en Común.

• El Sistema Nacional de Búsqueda “no existe, puesto que las comisiones de búsqueda y fiscalías que lo integran padecen por la falta de recursos y respaldo institucional para atender la acumulación de desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar. Mientras el gobierno federal manipula los registros y minimiza la tragedia, colectivos de madres buscadoras arriesgan su vida en la búsqueda de sus desaparecidos, bajo la presión del crimen organizado y la indiferencia de instituciones incompetentes”, insiste Causa en Común.
• La agrupación apremia a “reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda, rescatar la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, y de otorgar a las comisiones estatales, policías y fiscalías, mayores presupuestos para incrementar sus capacidades humanas y técnicas, y así cumplir con lo establecido en la Ley General”.

El informe del organismo presidido por María Elena Morera, recuerda que mientras que en febrero de 2024, el Senado de la República aprobó un decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se ordenaba que un equipo de especialistas forenses de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) apoyara a una excursión militar en Bocas del Toro, Panamá, para localizar y exhumar los restos de Catarino Garza, general del ejército liberal mexicano, alzado en armas en contra de Porfirio Díaz en 1891, y considerado por López Obrador como un héroe… esta operación de búsqueda, que incluyó el uso de tecnología topográfica de avanzada y análisis genéticos a cargo de personal forense de la Fiscalía General de la República (FGR), costó alrededor de 9.5 millones de pesos. La inverosímil y costosa tarea a la que se vieron arrastradas la CNB y la FGR contrasta con la falta de presupuesto e inoperancia de las instituciones buscadoras y con el silencio oficial ante el sufrimiento de las víctimas de desaparición y de sus familias.

Asimismo, se resalta que “previo a la publicación de la Ley General, en la estructura de la FGR existió la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, la cual fue reestructurada en 2017 como la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDD). Sin embargo, dicha reestructuración llegó acompañada de recortes a su presupuesto: a partir de 2022 la FEIDD registra aumentos presupuestales mínimos, que no corresponden con el incremento en el número de desapariciones. Desde 2014 hasta 2025, el presupuesto asignado a la FGR para la investigación y búsqueda de personas se ha reducido, sólo en términos nominales, en un 40%. Además, el presupuesto asignado a la FEIDD en 2025 es menor al de la mayoría de las fiscalías especializadas de la FGR, lo que da cuenta del lugar que ocupan las desapariciones entre las prioridades de investigación. El presupuesto asignado a la FEIDD en 2025 es 47% menor al que corresponde a la investigación de delitos contra los derechos de autor, tema que además se repite en dos fiscalías especializadas”.

• De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la CNB, hasta el 31 de diciembre de 2024, había un total de 344,592 registros, de los cuales el 65% corresponde a personas que ya han sido localizadas y el 35% a personas que continúan desaparecidas. Esto quiere decir que hay un total de 120,628 personas desaparecidas en México.
• El 89% de las desapariciones registradas corresponden a los últimos 18 años, coincidiendo con la ola de violencia asociada con el periodo de mayor auge del crimen organizado. Es decir, sólo entre 2006 y 2024, el RNPDNO acumula un total de 107,024 personas desaparecidas.

“Tres periodos caracterizan el comportamiento de las cifras sobre desaparición de personas en los últimos 18 años. El primero, que abarca los años entre 2006 y 2011, se caracterizó por aumentos anuales sostenidos, alcanzando un máximo de 5,145 casos. Un segundo periodo se extiende durante los siguientes cuatro años, hasta 2015, caracterizado por una relativa estabilidad y descensos en el número de desapariciones, promediando 4,364 casos al año. Finalmente, a partir de 2016, comienza un tercer período que se extiende hasta nuestros días, caracterizado por elevados incrementos anuales que rompen máximos históricos. Así, 2024 cerró como el año con la mayor cantidad de desapariciones registradas en la historia, con un total de 13,449”, detalla el informe.

¿Cuáles son los estados en México con más desapariciones?

“Si hacemos el comparativo entre 2023 y 2024, a nivel nacional las desapariciones aumentaron 30%. Las entidades que registraron los incrementos más significativos son: Sonora: +200%; Aguascalientes: +198%; Sinaloa: +129%; Querétaro: +117%; Puebla: +102%; Guanajuato: +98%; Ciudad de México: +98%; Hidalgo: +89%; Chiapas: +78%; y Durango: +75%”, se apunta.

• Por género y edad, entre 2006 y 2024, han desaparecido 23,626 mujeres y 14,316 menores de edad a nivel nacional. Las desapariciones de mujeres y de menores de edad alcanzaron máximos históricos en 2024. Llama la atención que, comparando con 2023, el número de mujeres desaparecidas aumentó 54%, mientras que el de menores de edad lo hizo en un 76%.
• En un comparativo sexenal, el de López Obrador es el sexenio con el mayor número de desapariciones registradas, 64% más que en el sexenio de Enrique Peña y 215% más que en el sexenio de Felipe Calderón. Teniendo en cuenta el total de registros contenidos en el RNPDNO, resulta que el 45% de las desapariciones reportadas en los tres sexenios, ocurrieron durante el periodo de López Obrador.
• En el pasado sexenio, el 49% de las desapariciones se concentraron en seis entidades: Jalisco: 6,724; Estado de México: 5,425; Michoacán: 3,758; Ciudad de México: 3,655; Tamaulipas: 3,351 y Nuevo León: 3,256.

El hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente en los últimos años. El auge de este fenómeno criminal se ha vuelto particularmente relevante para las labores de búsqueda de personas, dado que la exhumación de cadáveres y restos suele conducir a la identificación de personas reportadas como desaparecidas. Ello subraya la urgente necesidad de incrementar las capacidades forenses de las fiscalías. La ausencia de avances en este rubro explica en buena medida el surgimiento de diferentes colectivos de familiares buscadores.

No existen informes oficiales, exhaustivos y actualizados, que documenten la cantidad de fosas clandestinas halladas y los resultados del procesamiento de los cadáveres y restos humanos recuperados.

• La falta de estos datos es resultado del incumplimiento de la FGR respecto a su obligación de elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones y de operar en tiempo y forma los registros de personas fallecidas no identificadas y de fosas. Ante la inoperancia de las fiscalías para dotar de información sobre los cadáveres y restos humanos hallados en fosas, la CNB ha tenido que crear el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas.
• Desde 2006 hasta abril de 2023 (última fecha de actualización), en todas las entidades del país se han localizado fosas clandestinas, sumando un total de 5,698. Los hallazgos se concentran en: Veracruz (668), Tamaulipas (554), Sinaloa (484), Chihuahua (415) y Colima (351). Además, existen 293 fosas clandestinas en los que no se especifica la entidad de hallazgo.

Pese a que la Ley General establece responsabilidades para la FGR y las fiscalías estatales en materia de identificación de personas, México continúa careciendo de una política integral para el desarrollo de sus capacidades forenses. La inoperancia del Sistema Nacional de Búsqueda, por un lado, ha facilitado que las fiscalías queden rezagadas en el cumplimiento de sus obligaciones de investigación y búsqueda de personas… con cuatro años de retraso conforme al plazo estipulado en la Ley General, en mayo de 2023 se presentaron el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.

Sin embargo, al cierre de 2024, la FGR no ha reportado avances sobre el estado de operación de ninguno de estos sistemas de información, ni ha generado versiones públicas que permitan evaluar la calidad y consistencia de sus datos. A lo anterior, se añade la omisión de elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, lo que a su vez se traduce en la inexistencia de protocolos homologados que orienten los procesos de inhumación, resguardo y exhumación de restos humanos pendientes de ser identificados o reclamados.

El deficiente seguimiento de las cadenas de custodia y la escasez de recursos financieros y humanos en las unidades forenses del país han provocado que un creciente volumen de cuerpos se acumule en las morgues del país, sin que existan condiciones que permitan su identificación y/o su devolución a sus familiares, siendo este el preámbulo de su inhumación en las fosas comunes, subraya el informe .

• De acuerdo con el Módulo de Fosas Comunes (MFC), desarrollado por la CNB, hasta noviembre de 2023 se registraron 23,088 restos humanos en las fosas comunes de 26 panteones en ocho entidades: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz.

De dichos restos humanos, 12,929 (56%) tiene registrada identidad y datos personales, mientras que 10,159 (44%) continúan pendientes de ser identificados. No existe evidencia de la existencia de protocolos de exhumación que permitan entregar los restos humanos identificados a sus familiares, ni evidencia de que los datos del MFC estén siendo cruzados con los registros del RNPDNO para coadyuvar en las labores de búsqueda, destaca el informe de Causa en Común.

Nueve de cada 10 homicidios en México no son castigados

La impunidad es uno de los mayores lastres que carga México. Un informe publicado por Human Rights Watch alerta de que nueve de cada 10 homicidios en México no son castigados, una cifra que demuestra la ineficiencia del sistema de justicia y el calvario que viven millones de familiares de las víctimas de la violencia que carcome al país norteamericano.

• El organismo revela, sin embargo, que la violencia está focalizada, ya que en 2023 la mitad de los homicidios ocurrieron en solo 2% de los municipios. El informe muestra que cuatro ciudades mexicanas están entre las 20 con mayores tasas de homicidios del mundo: Ciudad Obregón, Tijuana, Celaya y Ciudad Juárez.

“Los esfuerzos de las dos últimas décadas para intentar reducir la violencia se han centrado en militarizar la seguridad pública, socavar las garantías del debido proceso y politizar la selección de los jueces. Estas estrategias han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces. No han abordado un problema central: la ineficacia del sistema de justicia penal”, critica el organismo.

• HRW recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, con una tasa oficial de homicidios de las más altas del mundo: Desde 2007, más de 94.000 personas han sido reportadas como desaparecidas “y no han sido encontradas, ni vivas ni muertas”, según el informe. El organismo alerta de que “tres cuartas partes de los mexicanos que viven en zonas urbanas sostienen que la delincuencia y la inseguridad son su principal preocupación”.
• Con todo, la respuesta de la militarización de la seguridad, según HRW, no ha logrado hacer frente al principal problema: la ineficiencia del sistema. El organismo entrevistó durante dos años a cerca de 150 policías de investigación, fiscales, abogados defensores, asesores jurídicos de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y otros expertos en 11 Estados del país, además de asistir a audiencias judiciales, revisar carpetas de investigación y presentar cientos de solicitudes de acceso a información pública.

El resultado de ese trabajo es una radiografía del sistema de justicia de México, excesivamente burocrático e ineficaz. Entre los principales problemas encontrados por la organización están la falta de investigadores, fiscales y peritos calificados, la escasez de materiales y recursos básicos necesarios para investigar eficazmente los crímenes y realizar estudios forenses; sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las investigaciones; la ausencia de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas; “incentivos perversos” y prácticas de investigación anticuadas que fomentan la construcción de casos sobre pruebas y testimonios débiles; mecanismos de supervisión débiles que no investigan eficazmente las denuncias de corrupción y abusos.

Eso se traduce en un verdadero calvario para las víctimas y sus familiares. “Buscar justicia y rendición de cuentas a través del sistema de justicia puede ser costoso, lento, peligroso e ineficaz. Muchas de estas personas se topan con la estigmatización y el abandono por parte de las autoridades. Quienes son acusados de delitos suelen sufrir abusos, corrupción y falta de garantías procesales. No es sorprendente que casi la mitad de los mexicanos afirmen tener poca o muy poca confianza en las autoridades judiciales del país”, alerta el informe.

• El nivel de ineficiencia es alarmante. El informe advierte de que entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300.000 investigaciones por homicidio doloso y solo en 51.000 casos pudieron identificar formalmente un sospechoso, lo que equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 %.

“También resulta problemático el hecho de que, si bien la mayoría de los casos penales por homicidio que llegan ante un juez terminan en una sentencia, muchos se basan en pruebas alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. La ineficacia en las investigaciones criminales es uno de los principales factores de este problema. Las fiscalías estatales son responsables tanto de investigar como de procesar la mayoría de los homicidios en México. Sus resultados han sido extremadamente pobres”, destaca el organismo.

HRW exige en su investigación que el Gobierno mexicano debe adoptar medidas para proteger el derecho a la vida, a través investigaciones de homicidios “que sean exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos”. Estas investigaciones, agrega, “deberían estar enfocadas en identificar la verdad sobre lo ocurrido y garantizar que las víctimas y sus familias puedan acceder a una reparación a través del sistema de justicia”.

Critica también que “las políticas de seguridad pública abusivas, como la militarización y las detenciones y condenas arbitrarias, han demostrado ser ineficaces para cumplir con estas obligaciones”.

La organización recomienda la conformación “urgente” de instituciones de justicia profesionales y efectivas, “capaces de investigar y enjuiciar eficazmente los homicidios”. Para HRW, “el gobierno de Sheinbaum debería enfocarse en garantizar que los operadores de justicia penal cuenten con las herramientas necesarias para procurar justicia para las víctimas”./PUNTOporPUNTO

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