El comentario
Juan Pérez Audelo /Columna
Los hechos violentos que se dieron en Juchitán de Zaragoza el pasado lunes 16 de junio, no son hechos aislados ni excepcionales. La ciudad istmeña ha vivido desde hace años un infierno de ejecuciones, extorsión, cobro de piso y secuestros. No es la primera vez que lo abordamos en nuestros comentarios. Los gritos desesperados de empresarios ya consolidados, así como de la mediana y pequeña empresa, han sido desoídos por los tres órdenes de gobierno.
Lo ilícito, como antes dijimos, viene de lejos. Desde los años 70 del Siglo XX, cuando la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo -COCEI- se enquistó en el gobierno municipal y lo mantuvieron durante mucho tiempo, con esporádicos espacios de alternancia, la invasión de tierras, la apropiación ilícita de empresas y el crimen sentaron sus reales. Organizaciones de toda laya, sobre todo dedicadas al transporte, mantienen un estado permanente de tensión con sus bloqueos carreteros y amenazas.
En este entorno de sangre e ilegalidad, no han sido ajenos gobiernos y partidos que han mantenido el poder en la entidad, al ceder espacios a alfiles de mañosos en el ayuntamiento de la ciudad istmeña. Concejalías, direcciones, comandancias de la Policía Municipal y hasta el manejo de la obra pública, han sido entregadas por los ediles a la delincuencia. Hay pues, desde hace años, pero sobre todo en los dos últimos trienios, una descarada connivencia entre autoridades y criminales.
La oleada masiva de migrantes de Centro, Sudamérica y otras partes del mundo, suspendida por las restricciones del gobierno norteamericano hace menos de un año, fue un suculento platillo para las bandas locales y conocidos grupos criminales. Juchitán estuvo en el eje del tráfico humano. Es más, cientos o miles de indocumentados se quedaron a vivir ahí. Si antes sólo se consideraba a la fatídica Novena Sección, como una tierra de nadie, hoy dicho calificativo se ha extendido a todo el territorio teco.
Municipios aledaños a la ciudad istmeña, se han contaminado de dicha inseguridad, pero también de la comisión de delitos, incluido, obviamente, el tráfico de drogas, la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos y la comercialización ilegal de hidrocarburos. Pese a la promesa incumplida del gobierno federal de acabar con el huachicoleo, en la región istmeña éste se ha incrementado. Quienes han vivido de este comercio ilegal están en el imaginario colectivo de todos los istmeños.
De risa fue el mensaje del presidente municipal de Juchitán el martes 17, lamentando los hechos y llamando a los criminales que han enlutado cientos de hogares, “grupos antagónicos”. Sólo la violencia exacerbada parece mover a los organismos de seguridad nacional y estatal. Si el propósito es devolverle a los juchitecos e istmeños la paz, la seguridad y la civilidad, deben ir a fondo. Los presuntos responsables ya están identificados… y sus cómplices en la política también.
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