Diputados rematan desaparición del Coneval; Inegi medirá pobreza Editorial Aristegui Noticias

La cámara de Diputados aprobó la reforma para establecer nuevas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) relativas a la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.

En el proceso legislativo se impuso la mayoría legislativa de Morena y aliados, con fuertes críticas de los partidos de oposición; en lo general se obtuvo una votación de 353 a favor y 126 en contra (en lo particular por 348 a favor y 132 en contra).

El dictamen da seguimiento a la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y asigna sus funciones al INEGI para continuar los procesos relacionados con esta medición.

Con los cambios a la Ley General de Desarrollo Social se sustituyen los términos “Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” y de “Secretaría de Desarrollo Social”, por los de “Instituto Nacional de Estadística y Geografía” y “Secretaría de Bienestar”.

Determina que la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, así como la emisión de recomendaciones corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política.

Posturas a favor y en contra

La diputada Antares Vázquez (Morena) explicó que con esta reforma el Inegi absorberá las funciones del Coneval, medirá el impacto de los programas sociales, así como el combate a la pobreza gradualmente. Aseguró que organismos internacionales reconocen que la pobreza en México disminuyó desde 2018 hasta la actualidad, en la que 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de esa situación

Mencionó que el dictamen tiene como objetivo armonizar una serie de ordenamientos establecidos en una reforma constitucional, realizados anteriormente al artículo 26. Hizo referencia que una de las prioridades de la titular del Ejecutivo Federal ha sido la simplificación de la estructura orgánica del gobierno.

Para el diputado Diego Rodríguez (PAN) la reforma no representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades, sino un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social del país, ya que, aunque el Inegi es una institución respetada, no está diseñada para evaluar políticas públicas ni emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno.

Hoy, dijo, se pretende desaparecer al Coneval, un organismo autónomo con rigor técnico e independencia que ha sido fundamental para evaluar si los programas sociales realmente están ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad en el país y en su lugar pretenden transferir estas funciones al Inegi.

Del PT, el diputado Francisco Espinosa Ramos aseguró que la reforma para extinguir ciertos organismos autónomos, entre ellos el Coneval, responde al principio de evitar duplicidad de funciones, el despilfarro de recursos y la repartición de cuotas de poder, por lo que se reafirma la postura de que la evaluación de la política social y la medición de la pobreza deben ser transparentes y libres de intereses políticos.

No se trata, dijo, de un simple ajuste administrativo o una venganza, sino de un paso más en la consolidación de un gobierno que mantiene la austeridad republicana y la erradicación de las prácticas neoliberales que por años distorsionaron el servicio público.

En opinión de la diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) la propuesta de desaparecer el Coneval no representa una reorganización administrativa sino “un golpe deliberado contra la capacidad del Estado mexicano de conocerse a sí mismo y rendir cuentas a su pueblo”, el cual calificó como un atentado contra la institucional democrática de México.

Señaló que el Inegi no puede ni debe sustituir las funciones especializadas del Coneval, ya que ambas instituciones tienen mandatos distintos, pero complementarios. “El Inegi produce datos, el Coneval evalúa políticas; son mandatos complementarios, no intercambiables”. Anunció que desde su grupo parlamentario van en contra del dictamen, ya que la medición técnica e independiente de la pobreza no es negociable.

A su vez, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) consideró que aprobar la desaparición del Coneval es abrirle la puerta al gobierno para que tenga la posibilidad de evaluar la política social sin medición de pobreza ni un análisis real de presupuesto. “Estamos en contra porque estamos convencidos de que la evaluación y medición de políticas públicas son esenciales para la conformación de una buena política pública”.

Recalcó que el estudio de datos e información real son estrictamente necesarios para construir un mejor país, y las transferencias del Coneval al Inegi son insuficientes, ya que, aunque el Instituto es un organismo autónomo, su principal mandato es la generación de información estadística, no la evaluación de políticas públicas. “Ustedes no quieren medir porque no quieren mejorar las condiciones de nuestro país”.

En tanto, el diputado Oscar Iván Brito Zapata (Morena) opinó que hoy se cumple con el mandato constitucional de armonizar la eliminación en específico de lo que fue el Consejo Nacional, para que sus funciones sean adoptadas por el Inegi, el cual es un organismo que tiene décadas de experiencia en el levantamiento de información, evaluaciones, elaboración de estadísticas y hoy se va a fortalecer. “Estamos en este momento defendiendo la política de bienestar que ha sacado a millones de mexicanos de la pobreza”.

Del PAN, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez aseguró que lo que hoy se va a realizar es una nueva simulación, pues el nuevo sistema de medición del Coneval lo quieren mandar al Inegi. “Nosotros estaríamos dispuestos en hacerlo si hubiera reglas claras, si hubiera estándares métricos en donde el gobierno no sea juez y parte. Yo los invitaría a que votemos un consejo ciudadano que ayude realmente a verificar al INEGI para las mediciones del Conegi”.

La diputada del PVEM, Cindy Winkler Trujillo, afirmó que con la reforma se contará con un solo canal de información profesional verificable y accesible, así como un ahorro real al erario y una medición más clara, eficiente y funcional para el diseño de políticas públicas. “El objetivo es que cada peso vaya donde más se necesita: a reducir la pobreza, combatir la desigualdad y mejorar la vida de las personas”.