Altiplano Potosino, tierra de explotación laboral agrícola Código San Luís
La reciente detención de Rodolfo “N”, presunto responsable de trata de personas con fines de explotación laboral, ha vuelto a poner los reflectores sobre una problemática persistente y silenciada en el corazón del Altiplano Potosino: la esclavitud moderna que se vive en los campos agrícolas de esta región. El acusado fue arrestado en Nuevo León por elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y trasladado a la capital potosina, donde enfrenta cargos tras haber “contratado” a más de 30 jornaleros, muchos de ellos indígenas y provenientes de comunidades marginadas, para trabajar en la pizca de tomate sin recibir salario alguno.
De acuerdo con la información oficial, el caso se remonta al año 2020, cuando las víctimas fueron llevadas a trabajar bajo falsas promesas. Durante semanas y, en algunos casos, meses, desempeñaron labores extenuantes sin pago, en condiciones precarias, con amenazas constantes y con la retención de documentos como forma de control. Las denuncias llegaron al Ministerio Público y derivaron, cuatro años después, en la detención del responsable. Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Villa de Arista, uno de los principales municipios productores de jitomate del estado, ha sido escenario recurrente de este tipo de delitos.
En septiembre de 2020, la propia FGESLP rescató a 35 jornaleros en circunstancias similares; contratados bajo engaños, sometidos a condiciones infrahumanas y sin remuneración. En 2024, otra intervención de autoridades laborales y ministeriales permitió liberar a 14 personas, entre ellas mujeres embarazadas y menores de edad, quienes permanecían, desde hacía meses, en un rancho del municipio sin recibir salario y eran obligadas a comprar víveres a precios inflados directamente a sus patrones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2022 una recomendación formal al Gobierno del Estado tras comprobar que al menos 38 jornaleros agrícolas habían sido víctimas de explotación en ese mismo contexto.
Entre las violaciones documentadas estaban la ausencia de contratos, la retención de documentos oficiales, la carencia de servicios básicos, la discriminación y el incumplimiento de condiciones laborales mínimas. La situación no se restringe a San Luis Potosí. Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas, en México, hay más de dos millones de trabajadores del campo, muchos de ellos migrantes internos, que laboran sin derechos laborales garantizados. Jornadas de 12 a 14 horas, pago por producción, hacinamiento en albergues, trabajo infantil, discriminación a mujeres y ausencia de servicios médicos son constantes.
En los casos más extremos, los trabajadores enfrentan también amenazas del crimen organizado, extorsión o violencia directa, como lo han documentado medios de comunicación y organizaciones civiles. En su recomendación, la CNDH demandó el fortalecimiento de la inspección laboral, la emisión de contratos en la lengua materna de los trabajadores, la protección a menores y mujeres, el acceso a servicios de salud y la sanción a funcionarios omisos. En este contexto, el Altiplano potosino se convierte no sólo en un símbolo de producción agrícola, sino en un territorio de riesgo para miles de trabajadores que siguen siendo invisibles para el Estado y para la sociedad. La reciente detención de Rodolfo “N” es un paso, pero queda pendiente una transformación estructural que garantice condiciones laborales dignas, justicia oportuna y reparación integral para las víctimas.
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