Afiliación, cuadros y élites: el modelo de Oliva en México Republicano Periódico Correo

1.- Afiliación, cuadros y élites: el modelo de Oliva en México Republicano

Este domingo, el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, rindió protesta como secretario general nacional de organización de México Republicano, convirtiéndose en el segundo al mando dentro de esta agrupación política.

También tomaron protesta los nueve coordinadores regionales. Para el Bajío, se nombró María Teresa Pizano Mandujano, originaria de Salvatierra y que renunció al PAN apenas la semana pasada. En su mensaje de despedida, afirmó que seguirá “trabajando por los valores y principios humanistas” que la llevaron, en su momento, a militar en Acción Nacional, una declaración que puede leerse como una crítica implícita al panismo actual.

Durante la reunión nacional del partido, se trazó como meta afiliar al menos a un millón de personas. En la región del Bajío, Guanajuato y Querétaro concentran los mayores avances en la suma de simpatizantes, mientras que Aguascalientes y San Luis Potosí se mantienen en fase de estructuración. En particular, en Guanajuato ya se han registrado ante el INE a 63 auxiliares de afiliación.

La estrategia de afiliación comenzará en las 250 ciudades más importantes del país en términos de población y se extenderá después a 500. Según Oliva Ramírez la apuesta es la formación de cuadros, con el objetivo de que al menos el 20 % de ellos formen la “élite del pensamiento”, capacitados en manejo de crisis, normativa electoral, la doctrina del partido y sus diferencias frente a otras fuerzas políticas.

En este contexto se inscribe la reciente renuncia de Juan Pascuali Rodríguez al PRI para integrarse a México Republicano. El excandidato a diputado local será el representante de la agrupación en San Miguel de Allende y la Sierra Gorda. Por ahora, quienes se suman son, en su mayoría, perfiles desplazados de sus partidos de origen. El reto será que la doctrina de México Republicano logre permear más allá del desencanto y la revancha, si se quiere alcanzar la ambiciosa meta del millón de afiliados.

De acuerdo con la proyección de Oliva Ramírez, el objetivo es que México Republicano sea competitivo en 2027 y se convierta en un factor para arrebatar a Morena la mayoría legislativa, como primer paso para replegar al partido en el poder.

Se buscará una confrontación ideológica con la llamada Cuarta Transformación. No es ninguna revelación que México Republicano se inscribe en las coordenadas de la derecha más conservadora y de la “batalla cultural” contra el progresismo, siguiendo el modelo de otras derechas emergentes que han encontrado eco en Argentina, Brasil, varios países de Europa y, sobre todo, en Estados Unidos, con Donald Trump como figura emblemática.

Hasta ahora, la salida de Oliva Ramírez no ha provocado una desbandada dentro del PAN en Guanajuato. Sin embargo, ante la pasividad del panismo estatal y el avance organizativo de México Republicano, cabe preguntarse si esta nueva plataforma comenzará a atraer a los cuadros resentidos o a quienes perciben una crisis de rumbo político e ideológico en Acción Nacional.

2.- Fiscalía oculta carpeta a familia de “Don Panchito” y a autoridad judicial

Se cumplieron dos semanas de la desaparición de José Francisco Arias Mendoza, “Don Panchito”, integrante del colectivo Hasta Encontrarte. La noche del 9 de junio, sujetos armados irrumpieron en su casa, lo privaron de la libertad y asesinaron a su hijo.

Poco se ha informado sobre los avances en su búsqueda. Autoridades estatales se han limitado a declarar que la desaparición no está relacionada con su labor como buscador, lo que puede implicar una forma velada de criminalización contra “Don Panchito” y servir como argumento para eludir responsabilidades institucionales. Mientras tanto el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, ha guardado silencio sobre el caso.

Ahora se suma una preocupante negativa de la Fiscalía a compartir la carpeta de investigación con la familia, lo que vulnera su derecho. Esta falta de acceso también se extendió al Juzgado Décimo de Distrito, al que tampoco se le entregó copia. La omisión provino de la Jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Región “B”, quien argumentó que el hecho no encuadra en el delito de desaparición forzada.

La jueza de distrito rebatió esta postura y señaló que es su obligación es “llevar a cabo todas las acciones vinculadas con la búsqueda y liberación de la persona desaparecida”, y esto incluye el requerimiento de la carpeta, por lo que la tienen que entregar.

El caso es grave si se considera que, primero, las autoridades descartaron públicamente una vinculación con su labor de búsqueda sin haber compartido siquiera la carpeta con la familia, lo que sugiere un posible acceso privilegiado a la información por parte de terceros. Y segundo, porque la negativa a acatar un requerimiento judicial crea sospechas de que la Fiscalía podría estar ocultando información clave.

Incluso si la línea de investigación apunta hacia otro móvil, que aparentemente es lo que ocurre, esto no justifica ni desvanece la gravedad del crimen. Por la desaparición de “Don Panchito” incluso el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una Acción Urgente al Estado mexicano para su localización.

3.- Reforma judicial y extinción del IACIP: el diablo está en los detalles

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Juan Carlos Romero Hicks, aprobó los dictámenes relativos a la reforma del Poder Judicial del Estado y a la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP). Ambos temas se discutirán este jueves en el Pleno del Congreso local. En el caso de la reforma judicial, ya se anticipan reservas importantes, principalmente orientadas a evitar errores similares a los ocurridos en el reciente proceso de elección de jueces y magistrados a nivel federal. Sin embargo, el Poder Legislativo local se encuentra acotado para una cirugía mayor a la reforma.

Respecto al IACIP, el dictamen avala su desaparición en línea con lo dispuesto por la reforma federal. Pero, como se ha advertido, serán las leyes secundarias las que definirán el futuro del organismo. Una posibilidad es la creación de un órgano desconcentrado, propuesta impulsada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y respaldada por algunos legisladores. Otra ruta, promovida por el Grupo Parlamentario de Morena, es replicar lo ocurrido en otras entidades: eliminar el organismo autónomo e integrar sus funciones a una dependencia como la Secretaría de la Honestidad o su equivalente estatal.

Esta segunda opción enfrenta obstáculos técnicos y jurídicos que deberán resolverse durante el debate del jueves. Uno de los principales es el vacío que se generaría en casos de negativas de acceso a la información por parte de gobiernos municipales. Actualmente, estos recursos de revisión los resuelve el órgano autónomo; con la reforma, dicha facultad podría pasar a la Secretaría de la Honestidad, lo que implicaría una intromisión en la autonomía municipal. Este ejemplo ilustra cómo la reforma requiere un ajuste fino en las leyes secundarias.

Paralelamente, Morena ha intensificado la presión para evitar que el IACIP resurja como un órgano desconcentrado. Primero, con la denuncia promovida por la diputada Hades Aguilar Castillo, quien solicitó a la Fiscalía investigar un presunto aumento salarial irregular de los comisionados del instituto. A esto se suma que el senador Emmanuel Reyes Carmona presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Fiscalía General del Estado y la ASEG a investigar y esclarecer estos hechos.

Contra Retrato

Lizeth Galván Cortés

Este lunes, la secretaria de Cultura de Guanajuato arranca las mesas de trabajo regionales para integrar las voces de artistas y creadores en el Programa Estatal de Cultura, que se presentará en agosto.

Por primera vez en el estado se realiza un ejercicio de consulta amplio con organizaciones culturales, con el objetivo de generar acciones diferenciadas por región y evitar la histórica concentración de recursos en municipios como Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y el corredor industrial.

También será el primer plan estatal que defina políticas culturales con enfoque incluyente. Sin embargo, se advierte que el principal reto será el presupuesto: en 2025, la Secretaría contará con 297 millones de pesos, menos que en 2024, con los 231.9 millones del Instituto Estatal de la Cultura y los 99.5 millones del Fórum Cultural, ahora integrado a la dependencia. Es decir, se espera más con menos.

A pesar de las limitaciones presupuestales, hay señales alentadoras. Hasta el sábado, la consulta en línea ya había recabado cerca de 900 participaciones ciudadanas. Estas aportaciones, junto con las mesas de trabajo, representan una oportunidad para que la política cultural en Guanajuato amplíe su espectro, incorpore sectores históricamente marginados y avance hacia una mayor representación social.

Esto resulta especialmente relevante en un contexto en el que la Secretaría de Cultura ha enfrentado críticas persistentes por la aparente falta de rumbo desde su creación. El proceso de consulta podría marcar un punto de inflexión, siempre y cuando las propuestas no se queden en el papel.