La falacia actual de la representación política Excelsior
23 de Junio, 2025 02:00Por una #SociedadHorizontal.
Por una #NuevaRepública Más allá de las históricas trampas que han definido a los procesos electorales en México, donde el acarreo, la inducción (ahora mediante acordeones) y la compra del voto son características de una profunda cultura clientelar, ya que ha concluido la primera “elección” de juzgadores en el país, vale la pena reflexionar sobre otras terribles anomalías que las recientes modificaciones al Poder Judicial evidenciaron sobre nuestro sistema político.
En particular, vale la pena profundizar sobre la forma en que, hasta hoy, ha funcionado la representación política.
Se dice que la representación, desde una perspectiva tanto política como sociológica, es la acción que realizan las autoridades de “personificar, actuar en lugar de los ciudadanos y en nombre de éstos, así como de cuidar, exponer intereses, necesidades y quejas de sus mandantes representados”.
Con la división de poderes, ya sea desde el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, la representación confiere a las autoridades que los componen la capacidad de tomar decisiones y actuar en nombre de la sociedad, ya sea para hacer leyes, ejecutarlas o dictaminar su apego al marco constitucional.
Adicionalmente, “la representación política consiste en hacer presentes las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos en el proceso de elaboración de políticas públicas.
La representación política ocurre cuando los actores políticos hablan, abogan y actúan en nombre de otros en la arena política”.
Frente a esta definición, resulta indispensable resaltar que uno de los supuestos fundamentales sobre los que descansa esta representación es que “los representados pueden controlar que el representante cumpla con su mandato”.
En caso contrario, se convierte en una simple simulación o, peor aún, en un engaño, cuando son los intereses de unos cuantos los que imperan bajo la excusa de que son los de los de la mayoría.
Por eso cabe la pregunta, ¿realmente tenemos forma de exigir dicho cumplimiento?El proceso de reforma judicial dejó evidencias puntuales de estas fallas.
Los cambios inesperados en la posición pública de personajes como Héctor Yunes, cuyo voto en el Senado posibilitó la mayoría calificada para el cambio Constitucional; del ministro Pérez Dayán, quien facilitó la declaración de constitucionalidad de la citada reforma y, la semana pasada, de la consejera Carla Humphrey, quien convalidó desde el INE la reciente elección de juzgadores, dan muestra de cómo el funcionamiento actual de la representación política permite que los intereses de unos cuantos se sobrepongan.
De igual manera, aquellos que argumentan —como lo hacen Morena y sus aliados— representar a las mayorías con argucias, presiones y cooptaciones ilegítimas han dejado cada vez más claro que son sus intereses individuales o de grupo los que buscan imponer por encima de los del verdadero interés común.
Sin mecanismos reales para exigir cumplimiento, las sociedades deben evolucionar la democracia representativa hacia una profunda democracia participativa.
Mientras tanto, hay que tener presente la forma en que los representantes populares afectan con sus acciones las libertades en el país.
Un ejemplo es la reforma impulsada a la Ley de Ciberseguridad en Puebla, donde el Congreso local busca imponer penas de once meses a tres años de prisión a quienes “usen las tecnologías de la información —como es el caso de las redes sociales— para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona”.
La afectación a las libertades de expresión e información son un riesgo latente.
Este asunto no es aislado.
Lo ocurrido recientemente en Campeche, donde Jorge Luis González, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso bajo el cargo de “discurso de odio” es un ejemplo de cómo, desde la cúpula, vendrán denuncias contra opiniones incómodas para los poderosos.
Hoy que “nuestros representantes” en el Senado mantienen latentes las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, con una agencia gubernamental “todopoderosa” para otorgar, renovar o revocar concesiones, vigilar y limitar los contenidos publicitarios, además de instrumentar un control total del ecosistema mediático, es fundamental recordar que la verdadera construcción de una #NuevaRepública pasa por garantizar, a toda costa, la libertad de expresión.
Frente al riesgo de que se acallen voces críticas y se dé pie a una peligrosa censura institucionalizada.
La #SociedadHorizontal debe estar alerta, articularse y movilizarse para evitar que se eliminen los contrapesos derivados de tener una prensa libre, así como conversaciones digitales en las que todas las personas tengan la posibilidad de participar de manera irrestricta.
Columnista: Armando Ríos PiterImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0
