Calles se vuelven tribunales: crecen linchamientos en Puebla, Edomex e Hidalgo
Los gritos de la gente enardecida, hombres y mujeres, salían de sus bocas como lenguas de fuego.
Escupían brasas ardientes en contra de un solo hombre en forma de sentencia:"¡Línchenlo, quémenlo, mátenlo!".
La tarde de aquel 8 de abril de 2019, cerca de 200 personas detuvieron a Eduardo; lo acusaron de robar bicicletas en la colonia El Fithzi, en el municipio de Ixmiquilpan, en el norte de Hidalgo.
La gente estaba fuera de sí.
Lo retuvieron, lo hicieron caminar por las calles, lo golpearon en la cabeza, en la cara, en el abdomen, en los brazos, en las piernas.
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Usaron un bate y un machete.
Con la cara ensangrentada, lo ataron a un poste, le quitaron la playera, el pantalón y lo golpearon sin que los policías municipales hicieran algo para detener a la turba.
Tras más de dos horas de agresiones, entre las 13:22 y las 15:50 horas, la gente llevó a Eduardo, agonizante, a la agencia del Ministerio Público de la localidad.
Ahí lo vieron en malas condiciones y llamaron a la Cruz Roja.
Llegó una ambulancia con dos paramédicos, quienes encontraron al hombre bocabajo, sobre la banqueta, cerca de la puerta para entrar a las oficinas.
Eduardo estaba inconsciente, no reaccionaba.
Los paramédicos lo voltearon bocarriba para ver si aún contaba con signos vitales.
Su pulso era débil.
Tenía lesiones en el rostro, la cabeza inflamada y fracturas en los dedos de las manos.
Moretones, raspones y el tabique nasal desviado.
Su condición era crítica e inestableLo trasladaron a un hospital.
En el trayecto, Eduardo tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero uno de los paramédicos lo reanimó.
Llegó con signos vitales al nosocomio, pero ahí perdió la vida.
La causa oficial de muerte: "anemia aguda secundaria de hilio pulmonar de tórax".
Es decir, sangrado de los pulmones.
Eduardo fue linchado, pero el parte médico no decía nada.
Golpes, fuego y silencio: el pueblo dicta sentenciaEn el centro del país, las calles de Puebla, Estado de México e Hidalgo se han convertido en tribunales donde los ciudadanos han decidido hacer justicia por sus propias manos, bajo un argumento de hartazgo ante la delincuencia y la impunidad.
En esas entidades, el linchamiento se ha convertido en la versión más primitiva y visible de la justicia comunitaria, pero también en un síntoma de la erosión del Estado de derecho.
El de Eduardo es solo uno de los cientos de casos que en los últimos años han ocurrido en estos tres estados, que de manera informal lideran la cifra de homicidios colectivos a nivel nacional y se han convertido en el epicentro de este problema.
Y es informal porque no existe un registro oficial de linchamientos, pues esta acción ni siquiera está tipificada como delito, al menos, en ninguna de estas tres entidades.
Ahí, los hechos de esta naturaleza se castigan, según el caso, como tentativa de homicidio, homicidio calificado, lesiones, daño en los bienes o privación ilegal de la libertad.
Más aún: tampoco existe una definición única sobre qué es un linchamiento.
Para la organización Causa en Común, dedicada a la investigación de temas en materia de seguridad y justicia, el linchamiento es "una agresión física cometida por un grupo, turba o multitud contra una persona, lo que provoca su muerte".
Los intentos de linchamiento, por su parte, se definen como “agresión física cometida por un grupo, turba o multitud contra una persona, que no conduce a su muerte”.
En Hidalgo, el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes ante el Riesgo de Violencia Colectiva define el linchamiento como el "acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionada(s) por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran no sancionará a los responsables; por lo tanto, deciden tomar la justicia en sus manos y castigar de manera corporal, directa e inmediata a los sujetos presuntamente responsables, sin permitirles defensa alguna, lo que puede llegar a provocar su muerte".
Lo mismo da que la acusación se haga contra el linchado por un robo de bicicleta, una fotografía mal interpretada o un “robachicos” inventado en WhatsApp, pues en el papel el linchamiento no existe.
Puebla y el epicentro nacionalSi existe un epicentro de linchamientos en México es Puebla, entidad que en reiteradas ocasiones ha estado "en el ojo del huracán" por la consumación de estos ataques.
De 2015 a la fecha, al menos 113 hombres, mujeres y hasta menores de edad han muerto víctimas de asesinatos tumultuarios en la entidad, según datos de la Secretaría de Gobernación estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
El promedio es de once decesos por año.
MILENIO hizo una revisión hemerográfica a los reportes que ambos organismos emitieron mediante cuestionamientos de los medios de comunicación, así como a informes anuales y a respuestas a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Los registros permitieron contabilizar mil 211 intentos de linchamiento en por lo menos 100 de los 217 municipios de Puebla, de los cuales nueve por ciento culminó con víctimas fatales, la gran mayoría hombres.
La capital es el municipio de mayor incidencia, con 42 por ciento, principalmente por detenciones que vecinos realizan en sus comunidades contra sujetos señalados por cometer robos y asaltos, pese a la intervención de la Policía Estatal, las Policías Municipales y la Guardia Nacional.
Este fenómeno ha ido en aumento en la entidad, pese a que las autoridades publicaron el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos, vigente desde mayo de 2019.
Justo ese año fue el que mayor incidencia de linchamientos tuvo Puebla en su historia, con 276 eventos, con saldo de 362 personas rescatadas y 20 fallecidas.
Destacó lo ocurrido en Cohuecan y Tepexco, en los límites con Morelos, donde siete hombres murieron golpeados, apedreados y hasta ahorcados en un árbol por un presunto intento de secuestro.
El origen en CanoaEl caso más célebre ocurrió en San Miguel Canoa, al nororiente de la Zona Metropolitana de la capital poblana, en los límites con Tlaxcala, donde en septiembre de 1968, cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla que se dirigían a una excursión al cerro de La Malinche (Manuel Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz) fueron acusados de comunismo y luego linchados por habitantes del lugar.
El hecho quedó convertido en memoria con la película Canoa: memoria de un hecho vergonzoso, realizada en 1976 por el director Felipe Cazals.
A éste le han seguido otros ataques que han conmocionado al país, como uno ocurrido en Ajalpan, donde pobladores asesinaron a dos hermanos encuestadores en 2015; o en Acatlán, donde en 2018 una turba prendió fuego a un hombre y su sobrino al ser señalados de "robachicos", aun cuando vivían en ese lugar.
Pese a ello, el homicidio tumultuario del abogado Daniel Picazo, ocurrido en junio de 2022, no sólo cimbró al país, sino a todo el mundo, pues su cargo como asesor de la Cámara de Diputados no impidió que fuera golpeado y quemado vivo en la plaza de Papatlazolco, en el Pueblo Mágico de Huauchinango.
Un grupo de sujetos actuaron como incitadores y usaron WhatsApp para alertar que Daniel había presuntamente intentado llevarse a un menor de edad, aunque en realidad se acercó para pedir ayuda, ya que se perdió en la carretera en altas horas de la noche.
Ante la magnitud de lo ocurrido, tanto las autoridades federales como estatales organizaron cateos en Huauchinango para aprehender a los incitadores del linchamiento, con saldo de 10 detenidos y vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.
25 años por muertes en AjalpanEl 19 de octubre de 2015, los hermanos Rey David y José Abraham acudieron a Ajalpan, Puebla, para realizar encuestas a la ciudadanía, pero terminaron muertos porque la población los confundió con secuestradores.
El último informe de la Fiscalía General del Estado, con fecha del 11 de enero de 2024, indicó que 13 personas fueron sentenciadas por organizar y participar en el asesinato de ambos hombres, la mayoría con penas de hasta cinco años de cárcel.
Salvo el caso de Armando "N", alias El Capitán América, que fue condenado a 25 años de prisión y al pago de casi medio millón de pesos para la reparación del daño al ser el principal incitador del crimen.
Furia en el centro del paísEn el Estado de México, los linchamientos también han dejado una huella profunda.
Solo entre 2022 y 2024, Causa en Común registró al menos 20 eventos de linchamiento en municipios como Ecatepec, Texcoco, Chalco y Valle de Chalco.
Ecatepec, el municipio más poblado del país, concentra buena parte de estos eventos.
Allí, donde los índices de delincuencia son altos y la presencia institucional es limitada, los vecinos han asumido el papel de jueces y verdugos.
En redes sociales abundan videos donde se exhibe a presuntos delincuentes amarrados a postes, semidesnudos, golpeados por multitudes, mientras los cuerpos policiacos llegan tarde o ni siquiera intervienen.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante el lapso de 2015-2018 se registraron 336 casos de linchamiento en México, de los cuales 86 ocurrieron en el Estado de México, liderando la lista nacional.
Además, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que el Estado de México presentó un incremento significativo en los casos de linchamiento, pasando de 15 en 2015 a 44 en 2019.
En cuanto a municipios, Ecatepec destaca como el de más casos en el país, con 28 entre 2015 y 2018.
Otros municipios mexiquenses con alta incidencia son Naucalpan, Chalco y Toluca.
Sin embargo, Causa en Común aclara que sus datos no son oficiales, pues se basan en el registro hemerográfico, y que no todos los casos son difundidos por medios de comunicación.
“Es importante subrayar que las atrocidades que forman parte de este documento son sólo ejemplos de una galería de horrores, toda vez que, del total de este tipo de eventos, solo algunos son difundidos por los medios de comunicación”, advierte.
Delito no clasificadoLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que ninguna persona podrá ejercer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
El Código Penal Federal establece que en los casos de acceso a la legítima defensa o exceso en el acceso, se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.
Las penas que se aplican a partir del delito de lesiones dependen de la gravedad.
Si la lesión tarda en sanar y la víctima debe ser hospitalizada, se contemplan penas de tres meses a seis años de prisión y de 60 a 150 días de multa.
Pero en los casos donde no se requiere hospitalización, se necesita una denuncia.
La pena se agrava si las lesiones dejan cicatriz o incapacitan a la persona para desarrollar la profesión, arte u oficio que constituya su modo de vivir al momento de ser lesionado; cuando produzcan enfermedad incurable, enajenación mental o pérdida definitiva de algún miembro u órgano; se use ácido o sustancias corrosivas, químicas o inflamables; o si es en contra del personal del sector salud, público o privado, con sanciones de seis meses a diez años adicionales.
En el caso del delito de homicidio calificado, la sanción es de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a 5 mil días de multa.
Si se llega a disparar algún arma de fuego, se impone otra sanción aún mayor.
También existe en este panorama la figura de privación ilegal de la libertad, con castigos de uno a cuatro años de prisión y de 30 a 100 días de multa.
En el delito de daño en los bienes, las sanciones se calculan de acuerdo con el monto del daño y pueden ir de seis meses a 12 años de prisión.
De esta manera, dado el marco legal existente en el país, en general es prácticamente imposible tener un registro preciso de la incidencia y castigo a los asesinatos tumultuarios.
Texcaltitlán y otros ejemplosLos linchamientos suelen clasificarse, en algunos contextos, como defensa propia.
Tal fue el caso de lo ocurrido en Texcapilla, en el municipio mexiquense de Texcaltitlán, en diciembre de 2023, donde pobladores se enfrentaron contra presuntos extorsionadores de la Familia Michoacana.
El saldo fue de 14 personas muertas, 10 de ellas identificadas como integrantes del grupo criminal.
“Por lo antes expuesto, quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Texcaltitlán que fueron objeto de la agresión”, dijo el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, en conferencia de prensa el 27 de diciembre de ese año.
Un hecho similar se registró el 15 de diciembre de 2024 en la localidad de Yebuciví, municipio de Almoloya de Juárez.
En ese lugar, tres presuntos miembros de un grupo criminal con origen en Michoacán fueron privados de la vida.
Los señalados viajaban en un vehículo y fueron acusados de cobrar “derecho de piso”; fueron alcanzados, muertos a golpes y calcinados.
A diferencia del caso de Texcaltitlán, en esta ocasión la Fiscalía mexiquense ejerció acciones penales contra algunos de los involucrados.
Fueron detenidos Óscar “N”, Juan “N”, Ismael “N” y Valeria “N”, quienes fueron ingresados a prisión y vinculados a proceso.
Otro caso se reportó en abril de 2025, en la localidad Rancho Colorado, municipio de Jiquipilco, donde habitantes agredieron a cuatro personas señaladas como integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente intentaban extorsionar a los pobladores.
Una de las personas señaladas murió; otra fue trasladada a un hospital con heridas graves, mientras que las otras dos escaparon.
Se presume que también resultaron heridas.
Por estos hechos, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo un llamado a evitar la justicia por propia mano.
“Que denuncie la ciudadanía toda situación de alteración o de afectación en esa parte de robos, de asaltos, de extorsiones”, declaró el 29 de abril de 2025.
Entre la indignación y el silencio institucionalEn la última década, en Hidalgo han ocurrido al menos 27 linchamientos e intentos, con 18 personas muertas.
Cuatro de ellas fueron quemadas vivas.
De esas muertes, dos fueron agentes de la Procuraduría de Justicia del estado.
A uno de ellos lo mataron mientras cumplía una orden de aprehensión.
La Secretaría de Seguridad Pública reconoce que la administración anterior no dejó registros oficiales de estos hechos.
Fue la CNDH quien documentó 15 casos entre 2015 y 2018, y medios de comunicación contabilizan otros 12 entre 2019 y mayo de 2025.
Las acusaciones que desataron estos actos van desde robos menores —como una bicicleta— hasta delitos graves como violación o secuestro.
Pese a que los linchamientos ocurrieron en 17 de los 84 municipios del estado, no hay comunidades donde esta práctica se repita de forma sistemática.
Entre ellos están Ixmiquilpan, Tulancingo, Mixquiahuala, Actopan, Huasca de Ocampo y Zempoala.
En octubre de 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió la primera recomendación general sobre linchamientos, al identificar violaciones sistemáticas al derecho a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales.
Pero como el linchamiento tampoco está tipificado en el Código Penal del estado, las personas detenidas han sido procesadas por homicidio calificado, no por participar en una turba violenta.
Se han hecho dos intentos de reforma legal —uno en 2019 y otro en 2022— para crear una figura penal específica, pero ambos se quedaron congelados en el Congreso local.
En 2019 se implementó un Protocolo de Actuación Policial ante Violencia Colectiva, que obliga a la policía a actuar con rapidez y diálogo, pero la eficacia real del documento es difusa.
En la práctica, las comunidades siguen recurriendo al castigo público.
Redes sociales y rumores: la mecha encendidaLuis Alberto Hernández Cerón, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sostiene que “el sufrimiento colectivo, la desigualdad en los sistemas de justicia y los rituales comunitarios de sanción” explican por qué las multitudes actúan como asesinos.
El linchamiento, dice, surge como forma de organización comunitaria frente a la impunidad.
Y las redes sociales actúan como megáfono: “Dilatan el fenómeno, lo expanden y lo descontextualizan”.
Un video subido a Facebook puede convocar a decenas de personas en minutos.
Pero también puede volverse prueba de cargo en tribunales, fuente de revictimización o semilla para futuros linchamientos.
Lo que se pierde en la viralización es el contexto.
Los casos se ven como justicia o como barbarie, según el lente.
Pero rara vez se atiende la raíz: una comunidad herida, sin acceso real a justicia, que actúa desde la desesperación.
Los linchamientos no solo matan cuerpos: rompen el tejido social.
Las comunidades donde ocurren quedan marcadas.
Las secuelas incluyen trauma, miedo, silencios prolongados y, en algunos casos, idolatría de los “vengadores”.
“Un linchamiento se incrusta en la memoria colectiva”, dice el profesor Hernández Cerón.
“Puede haber fragmentación social, pérdida de vínculos o incluso un cambio en la moralidad de la comunidad”.
El acto se convierte en advertencia, en mito, en leyenda local.
Y cuando no hay justicia institucional que repare, se alimenta el ciclo de violencia.
Para la profesora Natalia Vázquez González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el fenómeno social de los linchamientos es un reflejo de las necesidades humanas no satisfechas, por lo que es importante analizar esta situación para que no se legitime el uso de la violencia como la única forma de resolver el problema.
“Entonces estamos en un asunto mucho más complejo y no solamente obedece a que se esté viendo o que las causas sean las violencias estructurales, sino se van conjuntando con las dinámicas relacionales con estas interacciones sociales que van legitimando el uso de la violencia para dar respuesta a estas necesidades humanas no satisfechas”, explica.
La doctora en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y en Desarrollo destaca que es fundamental que las comunidades puedan recuperar su origen, como fortalecer las relaciones sociales para darle respuesta a las necesidades humanas, y eso podría ser una forma de prevenir los linchamientos.
“Aquí lo importante es que podamos cuestionar que no necesariamente la violencia nos ayuda a transformar estos conflictos”.
Por parte de las autoridades, expuso, “es primordial que haya diálogo (con la ciudadanía) para que se traduzca esta problemática social en políticas públicas, para que haya pronósticos muy precisos”.
Las últimas horas de EduardoAquel 8 de abril de 2019 en que Eduardo fue víctima de linchamiento en Ixmiquilpan, Hidalgo, su padre había salido de casa con otro de sus hijos.
Ambos fueron al tianguis de ganado de Ixmiquilpan en su camioneta y vieron algunos animales.
Cuando se iban del lugar, el padre vio a un grupo de gente que gritaba: "¡Traigan gasolina!"El señor observó al grupo de personas imponiendo su ley.
Entonces reconoció a Eduardo, su hijo.
Le pegaban con el machete y el bate.
Se quedó parado, no supo qué hacer.
Vio a Eduardo hincado, a medio vestir.
El padre le dijo a la gente que no le pegaran, pero no le hicieron caso.
Lo seguían golpeando una y otra y otra vez, sin piedad.
El padre no intervino porque había mucha gente.
El miedo abrazó su cuerpo y no tuvo valor para enfrentar a la turba que linchaba a su hijo.
Vio cómo lo golpeaban, hasta que le ataron un lazo amarillo al cuello.
El padre entró en shock.
No pudo hacer nada para proteger a su hijo de los golpes.
Escuchó los gritos de la gente que decía que había robado unas bicicletas, que era un desgraciado, que lo lincharan, que no tenía salvación, que lo iban a matar, que ya había chingado a su madre.
A unos metros estaba un policía municipal.
Era testigo del linchamiento, un espectador.
El padre le pidió auxilio y el policía le dijo que no podía intervenir, que los que tenían la justicia eran ellos, la gente.
Autoridad ausenteLa policía municipal fue avisada del linchamiento.
En el lugar había dos elementos.
Pidieron apoyo por radio y llegó un tercer uniformado, quien preguntó a sus compañeros qué estaba pasando, y estos le respondieron que no se metiera porque la gente tenía a un ratero y el pueblo lo solucionaría.
El policía recién llegado les dijo a las personas que se tranquilizaran, y le gritaron a él y a sus compañeros que se fueran si no les iban a hacer lo mismo.
Los policías miraron cómo Eduardo era golpeado.
Hubo gritos con rencor:"¡Pinches policías, váyanse a la chingada!"Los agentes hicieron una sola cosa durante el linchamiento: mantenerse a la distancia.
200 en la turba, uno en prisiónLa última vez que la esposa de Eduardo lo vio con vida fue al salir de casa.
Su hermana y su madre se enteraron del linchamiento a través de las redes sociales.
Su padre dijo en el juicio del acusado que la muerte de su hijo es algo que nunca va a olvidar.
De las cerca de 200 personas que lincharon a Eduardo, solo una fue detenida: Isaac, el hombre que alternaba entre sus manos el bate y el machete, en medio de la gente, para castigar a Eduardo una y otra vez.
Un Tribunal de Enjuiciamiento lo condenó a 27 años, dos meses y siete días de prisión por el delito de homicidio calificado.
Hoy, nadie más está tras las rejas.
El linchamiento, además de un crimen, puede ser un síntoma.
De abandono, de fractura, de ausencia de Estado.
Y mientras no se aborden sus causas estructurales, seguirá encendiendo mechas en el corazón del país.
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Milenio
