¿Un acuerdo general con Washington?

La agenda internacional está saturada. El esperado encuentro entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, que se tenía previsto para la semana pasada en el marco de la reunión del G7, no pudo concretarse.

Hay demasiado ruido, demasiados cambios y conflictos: las guerras en Medio Oriente; ahora, la embestida del Pentágono contra el programa nuclear en Irán; la convulsión en Estados Unidos por las redadas contra migrantes, y la amenaza constante de una guerra comercial de todos contra todos. El río está revuelto, por decir lo menos, y es precisamente en estos contextos de caos que algunos actores se animan a tomar decisiones audaces, de esas que, en otro momento, sería en extremo difícil sacar adelante.

Me vienen a la mente, las declaraciones que nuestra presidenta hizo en la mañanera del pasado 18 de junio: “Le hice un planteamiento (a Trump) en el sentido de que hemos alcanzado muchos acuerdos, pues tenemos una frontera mucho más segura, hay un acuerdo en términos de seguridad… es un primer acuerdo que se firmó en Washington… y entonces, le planteé que por qué no teníamos un acuerdo general, que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio”.

Primera sorpresa para todos, que esta administración ya tenga un acuerdo firmado. A falta de más información, se puede especular que dicho acuerdo fue para acciones de carácter táctico. Tal vez la movilización de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, o los sobrevuelos de drones en nuestro espacio aéreo.

Segunda sorpresa, que Sheinbaum haya planteado un acuerdo general, al parecer sumamente ambicioso en sus alcances, donde se incluyan los tres temas esenciales de la relación entre México y Estados Unidos. La idea es riesgosa. Si la negociación fracasa, podría dañarse sensiblemente la relación bilateral, con consecuencias potencialmente ruinosas para nuestro país.

Yo soy de la opinión de que, en principio, sería preferible negociar por separado los asuntos comerciales y los de seguridad. Además, para que un “acuerdo general” se pueda vender en México como un éxito se tendrían que lograr tres objetivos.

Primero y, más importante, lograr un trato digno y respetuoso para los millones de mexicanos que viven y trabajan al norte de la frontera.

Segundo, obtener alguna certeza de que en el mediano plazo no habrá más aranceles o que, por lo menos, los aranceles no serán de un calibre que ponga en riesgo la integración de sectores estratégicos, como el automotriz.

Tercero, que en el ámbito de seguridad, además del combate al tráfico trasnacional de fentanilo y otras drogas, también haya colaboración para atender las prioridades del gobierno mexicano (es decir, la pacificación de nuestro territorio). Ya de pilón, la presidenta podría solicitar que se impongan sanciones reales, que duelan, a ciertas empresas asentadas al norte del río Bravo, que han hecho un muy buen negocio con la venta de armas y el apoyo logístico a los cárteles mexicanos.

La apuesta de la presidenta de intentar llegar a un acuerdo general es interesante, aunque se ve difícil. Difícil, por supuesto, no es imposible. Yo seré el primero en celebrar si el gobierno logra un acuerdo general que de verdad sea satisfactorio.

La presidenta tiene a su favor, de entrada, su creciente prestigio internacional. También cuenta con un equipo de primer nivel para negociar: el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Qué tiene en contra? Varias cosas, pero más que nada su partido, que en tiempos de López Obrador cultivó una relación ambigua, y a veces cercana, con los cárteles.

Para avanzar hacia un acuerdo general, la administración Trump no se va a contentar con los 29 capos que el gobierno mexicano mandó a Estados Unidos en febrero pasado. Van a seguir con las investigaciones y las sanciones a políticos mexicanos.

Sospecho que la gobernadora de Baja California y su esposo, a quienes se les revocó la visa en mayo, son sólo el principio de una larga lista de morenistas de alto perfil que pasa por varias entidades federativas. En un futuro próximo, la presidenta Sheinbaum podría verse en la difícil disyuntiva de tener que colaborar con estas investigaciones si desea seguir adelante con la negociación del acuerdo general. Hacerlo le costaría caro, sería casi contraintuitivo en términos políticos. Sin embargo, como dije al principio, en estos días tan agitados todo parece posible.