Fortuna mutabile Excelsior

Parece increíble y extraño que, en estos momentos de la historia de nuestro país, en pleno siglo XXI, tenga lugar una de las discusiones más añejas que le han dado sentido a la búsqueda por constituir una democracia, una sociedad que viva en plenitud sus libertades, ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones.
Parece que, en cuestión de un puñado de años, y bajo la bandera de una simulación que se revela día con día, este sea un tema que adquiere mayor relevancia y que debería ser subrayado con mayor énfasis en nuestras pláticas, en lo cotidiano: a la libertad de expresión, uno de los mayores fundamentos democráticos, se le ha colocado en un lugar delicado y frágil gracias al ejercicio autoritario del poder, desde los gobiernos que llegaron a sus respectivos lugares pontificando algo que se ha convertido en las claras muestras de la falsedad y la incongruencia.
Tampoco es momento de olvidar que la amenaza a la libertad de expresión y los ataques que han sufrido quienes nos han permitido entender la realidad, más allá de las proclamas oficialistas y la retórica del engaño, han sido parte de nuestra historia, con dolorosos y trágicos ejemplos de los alcances que tienen quienes buscan silenciar a las voces críticas, las que investigan y documentan, las que cuestionan y nos ofrecen los lentes propicios para sembrar las dudas o plantar las certezas acerca de lo que vivimos día con día.
Por ello es importante la existencia de organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional de México, Propuesta Cívica o el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y muchas más que, a lo largo de los años, han sido pilares en la defensa de la libertad de expresión y la protección a quienes contribuyen con su trabajo a revelarnos aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana: así hemos podido constatar que esa búsqueda por la verdad suele incomodar a quienes ocupan lugares en la estructura gubernamental, del poder político y económico, anteponiendo sus intereses personales; que la corrupción también ocupa un lugar de privilegio cuando el crimen organizado es quien dispone de las piezas que se mueven en el tablero de la ilegalidad.
Y de tanto más.
Sin embargo, durante estos días hemos observado que la censura ha adquirido una nueva fuerza, diferentes rostros que nacen bajo el amparo de una pretendida legalidad y que termina por colocar a la libertad de expresión en una frágil posición, pues ahora no sólo se trata de silenciar periodistas o comunicadores, también se ha llegado a las puertas de la sociedad civil.
El norte anda muy extraviado en la brújula de quienes se asumen como modelos de moralidad y democracia.
Hay imágenes que son un lugar común y de uso recurrente para referirse a temas en específico, que resultan muy efectivas para transmitir su mensaje con sencillez.
Así, no es extraño escuchar que los hilos que sostienen nuestra democracia se encuentran cada vez más tensos y frágiles.
Sin embargo, esta delicada situación se comenzó a gestar desde esa impuesta tribuna que se levantó entre los patios del Palacio Nacional: en esos micrófonos se solía atacar, lanzar vituperios y consignas —con toda la soltura que ofrece la impunidad y la conciencia de ser el centro gravitacional del poder— en contra de quienes fueran críticos de su respectivo gobierno.
Lo curioso radica en que, a pesar de las implicaciones que esto generaba, López Obrador lo expresaba y defendía desde su derecho a ejercer su propia libertad, constituyéndose como parámetro y medida.
Pero el riesgo de dicho ejemplo ya estaba sembrado en la cabeza de quienes aplaudían dichas proclamas y mecanismos.
Pues sí, en esto radica la lógica de quienes se asumen como parámetro de la justicia y utilizan las instituciones para salvaguardar sus caprichos, sus egos y alimentar sus aires de intolerancia y de censura, pues ¿de qué otra manera se puede explicar lo que ha sucedido con la ciudadana Karla Estrella, en Sonora?, ¿las disculpas que presentó un ciudadano al presidente de la Cámara de Senadores, en las instalaciones de ese organismo parlamentario, por lo que le dijo públicamente?, ¿lo sucedido con Jorge González Valdés, exdirector de Tribuna Campeche condenado a pagar una multa de dos millones de peso por presunto “daño moral” al titular de Comunicación Social de Campeche? ¿Cómo entender la ley que se proclama en Puebla y Sinaloa para amordazar a quien pretenda criticar a sus respectivos gobiernos y sus figuras tutelares?, ¿así podrá explicarse la propuesta de la reforma a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión?Y, como diría Hamlet, “algo huele a podrido en el reino de Dinamarca” (acto I, escena IV), ante el silencio cómplice de quienes han malbaratado su silencio y que, espero, no olviden que fortuna mutabile, en cuestión de lo que dura un capricho y sus voces serán un simple eco en medio del desierto.
  Columnista: Carlos CarranzaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0