Alertan de contagio de “leyes censura” con gobiernos de Morena Vanguardia.com.mx

La censura a periodistas, organizaciones sociales e incluso a ciudadanos en general, continúa al alza en nuestro país.
En México hay Congresos locales, como el de Puebla, que ya avalaron la llamada Ley Censura; además, en el Congreso de la Unión están en debate al menos tres normas federales que otorgan facultades al Estado mexicano para el espionaje, para bloquear información en plataformas digitales y hasta para “bajar” y “castigar” los contenidos “incómodos” para los gobiernos.
TE PUEDE INTERESAR: Pierde México 18 posiciones en el Índice de Transición EnergéticaA ello se suma la persecución judicial contra periodistas, pues en lo que va del año se contabiliza una demanda cada tres semanas, en especial, contra comunicadores que investigan casos de corrupción, crimen organizado o abusos de poder, lo que para los expertos “refleja una preocupante tendencia a utilizar el sistema legal como herramienta para silenciar a la prensa y limitar la libertad de expresión”.
Por lo anterior, los especialistas también advierten sobre el riesgo de que la Ley Censura se replique en otros estados de la República “transgrediendo los derechos humanos y la libertad de expresión”.
Otro elemento adverso para la labor periodística es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), encargado de responder solicitudes de información y que, principalmente, era utilizado por ciudadanos y periodistas.
Para Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, “el panorama hacia adelante es poco halagüeño”.
“El incremento de reformas tenientes a la censura y la captura del Poder Judicial en manos de Morena entraña un peligro, precisamente porque se nos va a privar de la posibilidad de defendernos tanto de estas leyes como de las demandas ante la Suprema Corte o en los juzgados de Distrito o en los tribunales Colegiados, es decir, de impugnar estas leyes o recursos por diferentes medios de defensa”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.
Entre las legislaciones más criticadas en la materia destaca la denominada Ley Censura en Puebla, que castiga con tres años de cárcel y multas de hasta 40 mil pesos los insultos, injurias, ofensas, agravios y vejaciones en redes sociales, por considerar que los comentarios en redes menoscabaron su integridad física o emocional.
La reforma, oficialmente denominada Ley de Ciberseguridad, fue publicada el pasado 13 de junio y modifica el Código Penal de Puebla para tipificar y sancionar el delito de “ciberasedio”.
En el Senado está a discusión una nueva Ley de Telecomunicaciones, que entre otras cosas permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin control u orden judicial.
Lo anterior es calificado por la oposición y organizaciones civiles como “un intento autoritario de controlar lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice en México”.
De aprobarse en sus términos, esta reforma permitiría al gobierno intervenir comunicaciones, apagar contenidos digitales, impedir publicaciones desde su origen, geolocalizar personas y acceder al contenido completo de sus dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial.
En la Cámara de Diputados está a debate una iniciativa para crear la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otras cosas prevé la creación de un “registro nacional de usuarios de telefonía móvil”, que dará acceso total a las instituciones de seguridad pública para intervenir comunicaciones, bajo el argumento de poder “obtener datos de prueba”, a fin de combatir delitos como extorsión y secuestro.
Adicionalmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene en la mesa una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia, que plantea legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército.
Lo anterior permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir llamadas telefónicas y otras comunicaciones, bajo el argumento de “procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional”, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.
Recientemente, Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna denunció persecución luego de que una jueza estatal lo vinculó a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
Otro ejemplo es la imposición de medidas cautelares consistentes en censura previa en contra de Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, después de que el periodista publicó una columna en la que reveló la existencia de una investigación al exadministrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, por la presunta “existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial impuso a una usuaria de la red social X medidas cautelares que incluyeron el retiro inmediato de una publicación, bajo el argumento de violencia política de género.
Karla Estrella, ama de casa, publicó un tuit cuestionando la candidatura de una mujer impulsada, presuntamente por su esposo diputado, Sergio Gutiérrez y como respuesta fue denunciada por presunta violencia política de género.
El mensaje decía: “Así estaría el berrinche de @XXXX para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura.
Cero pruebas y cero dudas”.
A ello se suma la disculpa pública que un ciudadano tuvo que ofrecer al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por ofender y supuestamente “agredir físicamente” al morenista.
Con su disculpa, logró evitar un proceso penal ante la denuncia que Fernández Noroña presentó en la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con Artículo 19, en lo que va del año se contabiliza una demanda cada tres semanas, especialmente contra periodistas que investigan casos de corrupción, crimen organizado o abusos de poder.
Para organizaciones civiles y especialistas existe el riesgo de que las denuncias contra periodistas y la Ley Censura se repliquen en otros estados de la República, principalmente en las entidades gobernadas por Morena, como un método de control político.
“En otros estados donde los gobernadores tienen una mayoría aplastante sería muy fácil adoptar esta ley poblana, sobre todo en aquellas entidades donde las organizaciones de la sociedad civil no son tan fuertes, y esto, por supuesto, es un agravio contra la libertad de expresión, el derecho a la información y en contra de los derechos humanos”, subraya Manuel Alejandro Guerrero, académico e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de la Ciudad de México.
Ayer miércoles, Amnistía Internacional (AI) llamó al Congreso de Puebla a abrir un diálogo público con expertos y ajustar el Código Penal para que se respeten los derechos humanos.
“La ciberseguridad no debe ser excusa para criminalizar la opinión ni para censurar a quienes alzan la voz”, puntualizó en su cuenta de X.
Explicó que el supuesto delito de ciber asedio castiga insultos u ofensas reiteradas si afectan la salud mental de alguien: “Este tipo penal es ambiguo e incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión”, indicó Amnistía Internacional.
Consideró que esos delitos podrían ser usados arbitrariamente contra periodistas, activistas y ciudadanía que disiente.
Lejos de proteger derechos, estas reformas los ponen en riesgo.
Guerrero expuso a El Gran Diario de México que las leyes de ciberseguridad que se han consolidado en varias partes del mundo están enfocadas en proteger a la población más vulnerable.
Acusó que el exdiputado Sergio Parra y actual coordinador del gabinete del gobernador morenista Alejandro Armenta empujaba la Ley Censura desde hace más de un año y desde su óptica es un instrumento de censura, pese a que se le intenta hacer ver como un instrumento para proteger derechos personales.
“Esta ley no tuvo una discusión adecuada, además de que no está específicamente pensada para grupos vulnerables, más bien está diseñada en este contexto de crítica que se vive en el gobierno de Puebla”, recalcó.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó en estos días su preocupación por esa norma, al destacar que abriría la puerta para eliminar contenidos no por su falsedad, sino por presiones de actores con poder o intereses: “Lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir.
Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, resaltó.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Contreras, destacó que lo que sucede en Puebla y Campeche, donde una jueza vinculó a proceso al periodista González Valdez, exdirector del portal Tribuna, representa un grave riesgo para la libertad de expresión.
“Esto podría tener como consecuencia una cascada de modificaciones a las leyes y códigos penales las entidades, para sancionar este tipo de acciones, sobre todo en estados donde gobierna Morena.
El panorama que se percibe es el de una tremenda regresión.
Con estos hechos que se han presentado en Puebla y Campeche vemos que se intenta la censura y una limitación a los derechos humanos”, denunció.