Indemnizan a un joven con síndrome de Down con 25.000 euros por escolarizarlo en un centro especial: la ONU respalda la decisión Infobae
El Tribunal Supremo ha dictaminado que la familia de Rubén, un joven con síndrome de Down, escolarizado en un centro de educación especial frente a la petición de sus padres de una escolarización ordinaria. Ahora debe recibir una compensación económica. La decisión surge después de que Naciones Unidas considerase que el derecho de este a la educación inclusiva fue vulnerado, lo que ha supuesto un trascendental respaldo internacional de cara a la protección de estos derechos en el ámbito nacional.
La controversia se remonta a la etapa de Rubén en primaria en León, actualmente este joven tiene 23 años. Por disposición de la Consejería de Educación, el menor fue matriculado en un centro educativo especial. Sus padres recurrieron la medida ante distintas instancias judiciales, defendiendo su derecho a una plaza en la enseñanza ordinaria. A pesar de la lucha judicial, las resoluciones buscadas no llegaron y la familia se vio obligada incluso a escolarizar a su hijo en un centro privado, lo que les acarreó una denuncia por abandono de familia de la Fiscalía Provincial de León, causa por la que resultaron finalmente absueltos por el Juzgado de lo Penal.
Cambio en el enfoque judicial
La intervención de Naciones Unidas resultó determinante para que el caso adquiriese un nuevo perfil internacional. El dictamen del organismo acreditó que Rubén había vivido una situación de “violencia” durante el periodo entre 4º y 5º de primaria, señalando que la escolarización en un centro especial vulneró su derecho a una educación inclusiva. Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó en su momento la reclamación patrimonial de la familia, al considerar que el daño alegado no se podía atribuir directamente a la administración educativa.
El Tribunal Supremo revocó esa decisión, ordenando a la Audiencia pronunciarse sobre el fondo del asunto. Además, subrayó que el pronunciamiento de la ONU podía servir como base suficiente para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado. Esta revisión obligó a la Audiencia Nacional a analizar el caso en profundidad antes de rechazar de nuevo la petición.
Indemnización limitada y nueva orientación constitucional
El fallo del Supremo supone un reconocimiento oficial de que los poderes públicos perjudicaron a la familia en el ejercicio de su derecho a la educación inclusiva. La Sala ha dispuesto una indemnización de 25.000 euros por los gastos judiciales en los que incurrieron los padres, aunque ha descartado compensar con la cuantía íntegra solicitada por la familia de 350.000 euros, excluyendo los daños morales reclamados.
La resolución cita el nuevo contenido del artículo 49 de la Constitución, que orienta la acción de los poderes públicos hacia la integración de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles, dotando de una nueva perspectiva a los deberes institucionales de inclusión. Pese a la indemnización limitada, el fallo refuerza la vigencia del derecho a la educación inclusiva y marca un punto de inflexión en el tratamiento legal de casos relacionados con la discapacidad y el acceso a la educación en España.
La decisión también incorpora un voto particular de la magistrada Pilar Teso, quien plantea dudas sobre la obligatoriedad de los dictámenes internacionales como fundamento automático para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial por parte del Estado, advirtiendo de la necesidad de evaluar cada caso según los requisitos formales establecidos en la legislación española.
*Noticia elaborada con información de EFE
