Del desafuero al despojo: el largo rencor contra la Corte SDP Noticias

Hubo un tiempo en que las leyes se dictaban para limitar al poder. Hoy se redactan para complacerlo. Y los congresistas, antes tribunos, hoy son apenas corifeos de una obra escrita en Palacio.

Algún día se escribirá

Todo comenzó con una canallada. El intento de desaforar al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal fue una de esas infamias que marcan época. No por su sofisticación jurídica, sino por su procacidad política; propia del mentecato y sinvergüenza que fingía gobernar México en aquel entonces.

Lo que se presentó como ejercicio del derecho fue, en realidad, una embestida solapada. Una maniobra ejecutada para apartar del camino al adversario más temido, al único con capacidad real para fracturar la geometría de los pactos tácitos del statu quo. No sólo se transgredió el Estado de derecho; se ofendió la dignidad republicana.

Ahí nació el monstruo. Aunque el monstruo aquel aún no lo sabía.

Dicho episodio, lejos de minarlo, lo transfiguró en símbolo. Lo encumbró, lo blindó, lo envolvió en la indumentaria de la víctima redentora. Al negarle la vía electoral, sus detractores lo empujaron a regresar con más fuerza. Al intentar sepultarlo jurídicamente, lo proveyeron del argumento perfecto para colocarse por encima de toda institucionalidad. Aquella torpeza tuvo un precio. Y hoy lo seguimos pagando.

Después vino la elección de 2006. Un proceso plagado de irregularidades, pero sobre todo, de pasiones incendiadas. El discurso del fraude germinó en terreno fértil. Las autoridades no supieron o no quisieron contener la ola de desconfianza. Las calles se convirtieron en trincheras. Quien estuvo a punto de gobernar optó por erigir un poder paralelo, simbólico, autolegitimado. La ruptura con el marco constitucional dejó de ser excepcional. Se volvió rutina. México no se dividió por las cifras, sino por el relato.

Pero la ucronía tiene su valor. Si aquel personaje hubiese llegado a la presidencia en 2006, como muchos sostenían que sucedería sin la intervención de las manos invisibles del poder, acaso su estrella política se habría extinguido bajo el peso de la responsabilidad. Tal vez su sexenio habría pasado sin mayor gloria. Quizá el país habría mantenido su curso institucional; que, aunque frágil, era continuo. Sin una guerra sin cuartel contra el narco, sin la fractura moral permanente, sin la pulsión de refundarlo todo a partir de un atril.

Pero el destino optó por otro libreto.

Doce años más tarde, el tribuno se colocaba la banda presidencial. Lo hacía con un respaldo apabullante; cargando décadas de resentimientos; dispuesto no a gobernar, sino, desde su delirante megalomanía, a reescribir la historia.

Acto seguido, el poder judicial se convirtió en su antagonista predilecto. Era el único que no le debía su lugar. Conformada por hombres y mujeres que no le debían el cargo, la jurisdicción le anticipaba que no se doblegaría.

Todo indicaba que durante el obradorato, el poder judicial iba a ser el único que no se postraría. El único que, a pesar del desgaste, mantendría una brizna de independencia.

Luego, la agresión no tardó en manifestarse. En lugar de buscar equilibrio, el titular del ejecutivo federal impuso narrativa. Edificó la mitrocracia.

La figura presidencial encontró en los ministros de la Corte el blanco perfecto: distantes, crípticos, poco empáticos para el imaginario popular. Bastaba con exhibir sus sueldos, sus fallos, sus formalismos. Y así procedió. Palabra tras palabra, desde el púlpito más poderoso del país, se fue reduciendo al poder judicial a caricatura. Donde debía haber respeto, sembró sospecha. Donde debía haber diálogo, sembró desconfianza. La armonía entre poderes se volvió campo minado.

Durante 2019, la táctica se desplegó sin ambages: socavar el prestigio de la Corte para minar su fuerza moral. Cada fallo contrario al ejecutivo era retratado como conjura. Cada resolución incómoda, como felonía. Las controversias constitucionales dejaron de ser instrumentos técnicos y se transformaron en dardos personales. Desde la plataforma presidencial se construyó un discurso donde el judicial era descrito como casta decadente. La consigna era inequívoca: deslegitimarlo dejarlo como escenografía del aparato del poder.

En 2020, no obstante, se abrió una pausa. El presidente encontró en el entonces titular de la Corte a una figura complaciente. Un jurista más proclive a justificar que a contradecir. Se promovió una reforma al sistema judicial con énfasis en la depuración interna y la moralización de la judicatura. Se habló de erradicar el nepotismo, de combatir la corrupción, de fortalecer las instancias de vigilancia. Por un breve lapso, pareció existir tregua. Pero como todas las pausas en tiempos de guerra, fue frágil, efímera.

Ya en 2021, aquella aparente colaboración se quebró con una propuesta impresentable: prolongar dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte mediante un transitorio emboscado en una ley secundaria. La inconstitucionalidad era flagrante. El mensaje, igualmente elocuente: si el funcionario era servicial, merecía permanecer. La simpatía del presidente se ganaba a fuerza de panegíricos y de sometimiento. Aquello desató el repudio de juristas, académicos, constitucionalistas y buena parte de la ciudadanía. Finalmente, el propio ministro declinó semejante despropósito. El episodio reveló que el ejecutivo no buscaba una Corte independiente, sino sumisa. El golpe al ego del caudillo fue instantáneo. El desencanto, definitivo.

Hacia 2022, la confrontación escaló. El poder judicial bloqueó iniciativas que atentaban contra organismos autónomos, intentos de militarizar al país o desfigurar al INE; y proyectos para absorber funciones de contrapeso. En otras palabras, jueces, magistrados y ministros encarnaron la salvaguarda de los pilares republicanos en los que se sostenía México. No obstante, cada resolución contraria al oficialismo activaba la maquinaria del descrédito. Desde el partido en el poder se difundía la idea de una conspiración togada, de jueces vendidos, de decisiones urdidas por élites rapaces. Ya no se discutía derecho, sino poder. El debate devino insulto. Lo dados que contenían la fortuna del porvenir de nuestro Estado de derecho estaban echados.

En 2023, se cruzó una línea irreversible. Al no poder modificar la Constitución, el oficialismo intentó reformar el sistema electoral por medio de leyes secundarias. Una operación quirúrgica para vaciar al INE desde su interior. La Corte respondió con firmeza: invalidó los elementos más nocivos del llamado Plan B. La reacción del régimen no se hizo esperar: resurgió su anhelo de transformar al poder judicial desde sus cimientos. La consigna era clara: jueces, magistrados y ministros debían ser electos por voto popular. Una idea demagógica, jurídicamente insostenible, pero emocionalmente eficaz. La justicia debía dejar de ser neutral para convertirse en obediente.

Con el arribo de 2024, la ruptura se institucionalizó. La reforma judicial fue convertida en bandera electoral. Se dejó de simular. Se asumió como promesa de campaña. Y tras la victoria oficialista, se transformó en prioridad parlamentaria. Para 2025, el asalto había dejado de ser alegoría: era ya expediente en trámite. Se presentó la iniciativa. Se planteó elegir a los juzgadores en urnas, acortar sus periodos, rediseñar los órganos de vigilancia, subordinar a la Corte Suprema al humor de las mayorías.

Así se fue gestando, de manera paulatina, esta cronología del desamor anunciado. Porque era imposible la convergencia armónica de poderes autónomos en un país gobernado por un remedo de tirano en senectud. No fue una falla del sistema. Fue una reacción en cadena. Originada en un capricho. La secuela de una historia mal resuelta entre quien llegó con ansias de redención, y un poder que, por mínima que fuese su resistencia, se negó a postrarse. Empero antes de narrar el colofón de cómo la arbitrariedad quedó plasmada en la constitución, permítanme detenerme en la ignominia legislativa que hizo posible la reforma judicial. Porque todos, absolutamente todos, los que están recibiendo sus constancias de mayoría, provienen de este manantial de corruptelas y abyecciones.

Y es que en su momento, mucho antes de que la tragedia se consumara, puse en tinta lo que creí sería una elegía prematura a la república. Hoy confirmo que no lo fue. Era, más bien, un epitafio adelantado. Porque la república mexicana no murió en un acto repentino, sino por una secuencia de traiciones, capitulaciones y simulaciones perfectamente coreografiadas. No se derrumbó en silencio: se fue desmoronando entre aplausos, bajo techos parlamentarios y con discursos de ocasión que prometían justicia mientras aniquilaban su arquitectura.

Ahora sabemos que no hubo error, sino voluntad. Que no fue torpeza, sino pacto. Que no hubo ignorancia, sino cálculo. El oficialismo ejecutó su plan con precisión de relojero, y encontró en los partidos satélites, en los legisladores mercenarios y en los oportunistas reciclados, la complicidad necesaria para cerrar el cerco. Esa fue la ignominia legislativa: no sólo aprobar la reforma judicial, sino hacerlo con el gesto de quien presume de estar haciendo historia mientras pisa la Constitución como si fuera alfombra.

La paradoja corrupta de la reforma judicial radica en que, aquello que fue anunciado como el rescate de la justicia, nació precisamente de su negación. Es una amarga ironía que una transformación supuestamente orientada a devolverle legitimidad al poder judicial haya sido consumada no por mandato popular, sino por la alianza entre el poder corruptor y la voluntad corrompible.

El oficialismo obtuvo en las urnas un número holgado de legisladores, pero insuficiente para alcanzar por sí solo la mayoría calificada en el Senado. Le faltaban tres escaños. En lugar de construir un consenso honesto, de abrir deliberación, optaron por lo más abyecto: la intimidación, la compra, la promesa de impunidad.

Así, la reforma no nació del debate, sino del chantaje. No emergió del consenso democrático, sino del trueque más oscuro: la cooptación de conciencias. No se discutió el contenido con seriedad. No se ponderaron consecuencias ni se exploraron alternativas. Simplemente se pactó. El pragmatismo más vil se impuso, no con razones, sino con fuerza bruta. No hubo convicción; hubo extorsión.

Los tres votos que completaron el puñado necesario no fueron el fruto de la palabra, ni del pensamiento, ni de la voluntad cívica. Fueron consecuencia de una convergencia perversa: corruptos deseosos de impunidad, y un régimen decidido a concedérsela a cambio de su servilismo. Fue un canje obsceno entre la miseria moral y la ambición desbordada.

Y lo más trágico de todo es que esta reforma, nacida en el delirio autocrático, no traerá justicia. No corregirá los abusos ni resolverá el rezago. No será operativa. No será eficaz. Y, sobre todo, no será legítima. Porque no fue hija del pueblo ni de la ley, sino de la traición institucional. Porque no se construyó con principios, sino con traiciones.

No fue un parlamento: fue una carnicería de voluntades. Lo que debía ser un acto solemne de reforma del Estado, terminó siendo una sesión fúnebre para la democracia. Una orgía de conveniencias. Una abominación parida por la corrupción, la impunidad y el desprecio absoluto por el derecho.

Hoy, de entre los escombros de esta aberración legislativa, emerge al menos una certeza: la reforma judicial ha dejado al desnudo el gran embuste sembrado por el oficialismo, esa ficción cuidadosamente cultivada según la cual representan a una mayoría apabullante e incuestionable. No es cierto. Nunca lo fue.

Los partidos opositores, desgastados, desdibujados, reducidos en muchos casos a meras franquicias desalmadas, fracasaron en su papel electoral. Pero en la dimensión ciudadana, en el ánimo público, en los números crudos, la realidad es otra: el 44% de los votantes no eligió a candidatos del oficialismo. Casi la mitad del país le negó su sufragio a este proyecto de demolición institucional. Esa es la verdadera mayoría silenciosa: la que no se arrodilla, la que no se vende, la que no acepta que la democracia sea reducida a una masa genuflexa ante la tiranía del fango y del humedal.

Por eso persevero que esa falsa hegemonía tampoco se manifestó en el Senado. La mayoría calificada no surgió de las urnas. Fue construida artificialmente con el mortero de la impunidad y los ladrillos del chantaje. Fue una transacción infame. Un mercado de carne política. Una entrega pactada de la dignidad.

Y cuando se trató de avalar el siguiente paso, la elección de los nuevos miembros del poder judicial, tampoco hubo legitimidad. No fue el pueblo quien los eligió. Fue una maquinaria aceitada con clientelismo, apalancada en el uso faccioso de los programas sociales, operada con cinismo electoral y ejecutada sin pudor alguno. Cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral alzaron la voz. Argumentaron con rigor. Denunciaron el uso de acordeones, la operación del voto inducido, la manipulación del sufragio entre los más vulnerables. Pero seis optaron por el silencio, por la complacencia, por la complicidad. Y así, con un solo voto de diferencia, se consumó la validación del atropello. Ninguna inmensa mayoría.

Ese simple voto, minúsculo en forma, mas colosal en consecuencias, selló el oprobio. A partir de ahora, toda decisión proveniente de ese nuevo poder judicial, integrado por figuras cuya designación no emana de la virtud ni del mérito, sino de la deuda política, cargará con la mancha de su origen. Por mi parte, les daré a todos el beneficio de la duda. Porque estoy convencido que la mayoría sí son hombres y mujeres arraigados a la justicia. Sin embargo, por lo menos al inicio de sus funciones serán bañados por la sombra de esta historia. Por más preparados, justos o capaces que sean algunos de sus integrantes, quedarán atrapados en la sospecha. Porque incluso los honestos serán vistos como extensiones de un aparato putrefacto. Como ornamentos funcionales de una estructura montada para obedecer.

Y todo esto al servicio de una figura que, pese a su caducidad intelectual, a su tosquedad emocional y a su obsesión enfermiza por el control, sigue imponiendo su voluntad sobre una nación entera. Una figura caprichosa, obtusa, anacrónica y marchita, que, por ahora, se está saliendo con la suya.