Cierre de Larcomar genera polémica: ACCEP alega “acoso” y “hostigamiento” de la Municipalidad de Miraflores al centro comercial Infobae
El cierre temporal de Larcomar por parte de la Municipalidad de Miraflores generó una fuerte reacción de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP). La organización acusó a la gestión del alcalde Carlos Canales de encabezar un “hostigamiento” constante contra el reconocido centro comercial ubicado en la Costa Verde.
Según el comunicado oficial de la comuna, el cierre se debió a deficiencias detectadas en la infraestructura de las áreas comunes de Larcomar. Entre las observaciones figuran grietas en zonas de tránsito, instalaciones eléctricas expuestas y la falta de implementación adecuada de medidas de seguridad.
El presidente de ACCEP, Carlos Neuhaus, calificó estas observaciones como “pretextos” para una campaña contra el centro comercial, que se inició con un cierre total durante los primeros meses de la actual gestión municipal. Neuhaus destacó que la Municipalidad empezó con medidas extremas sin mediar inspecciones rigurosas.
Además, denunció que el centro comercial ha soportado diversas situaciones adversas y que, a pesar de ello, la Municipalidad mantiene un “acoso permanente”, que incluso apunta a cancelar contratos de servicios como el estacionamiento en el lugar.
Asociación respalda seguridad de Larcomar
Inicialmente, la Asociación de Centros Comerciales del Perú emitió un comunicado en el que asegura que no existen problemas estructurales que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes de Larcomar.
El texto señala que en caso de un sismo fuerte, como el registrado el 15 de junio, la estructura del centro comercial se mantendría segura. Además, indican que los diagnósticos fueron elaborados y respaldados por profesionales altamente calificados en ingeniería.
En diálogo con Canal N, Carlos Neuhaus recordó que Larcomar resistió el terremoto de 2007, evento que puso a prueba la fortaleza de la construcción. Agregó que el centro comercial fue construido con refuerzos que demandaron una inversión superior a los 20 millones de dólares.
El abogado explicó que algunas zonas del terreno original correspondían a rellenos y que la obra actual pesa menos que la tierra que reemplazó. Este detalle, señaló, debe ser entendido desde la ingeniería estructural para no generar alarmas infundadas.
“Se invirtieron alrededor de 20 millones de dólares para reforzar el centro comercial. En ingeniería, hay que entender que al sacar tierra y reemplazarla por un edificio como este, se le quita peso al acantilado; es decir, la obra pesa menos que la tierra que estaba antes. Por eso, aquí ha habido un acoso permanente”, sostuvo.
La Asociación insiste en que las observaciones presentadas por la Municipalidad se usan como pretexto para presionar y generar inconvenientes. Consideran que el cierre no responde a una necesidad real de seguridad sino a un “hostigamiento”.
El presidente de ACCEP añadió que la medida también afectaría servicios como el parqueo, cuya concesión estaría en riesgo de cancelación, lo que representaría un impacto económico adicional para Larcomar y sus usuarios.
Defiende seguridad de Larcomar
Neuhaus desmarcó el caso de Larcomar de la tragedia en el Real Plaza de Trujillo, donde sí hubo un colapso parcial que generó preocupación nacional. En contraste, afirmó que Larcomar ha sido sometido a revisiones rigurosas desde su construcción.
“Desde que se hizo Larcomar hubo chequeos escrupulosos de todas las estructuras”, declaró Neuhaus. Añadió que ingenieros como Casabone y Zegarra, además de especialistas en suelos, han confirmado la estabilidad y seguridad del centro comercial.
Respecto a la inspección reciente, indicó que la Municipalidad comunicó a la gerencia que debía cerrar Larcomar por 48 horas para realizar revisiones. Sin embargo, Neuhaus sostuvo que dichas inspecciones se pueden hacer mientras los locales permanecen abiertos sin riesgos para los visitantes ni trabajadores.
El dirigente criticó que se use el cierre total como una medida que perjudica a cientos de empleados que dependen de sus ingresos diarios para vivir, especialmente sin evidencias contundentes de peligro estructural.
“Lo que hemos visto es un fenómeno común en el Perú: para ser formal es difícil y una vez que se logra, las autoridades le complican la vida a las empresas”, sostuvo Neuhaus. Reiteró que este tipo de acciones desincentivan la inversión privada tanto nacional como extranjera.
“Aquí todo es muy sospechoso. Esperamos que mañana la razón vuelva a su lugar y se actúe sin hígaso, con la cabeza fría, pensando en el impacto negativo que esto puede generar en nuestro país”, concluyó.
