Alumnos pagan para evitar castigos en escuela de la Policía en Huancayo: denuncian trabajos forzados y cobros indebidos Infobae

La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (EESTP PNP), ubicada en el distrito de Pilcomayo, en Huancayo, está en el centro de la controversia tras graves denuncias realizadas por sus propios estudiantes. Según un reportaje del medio Huanca York Times, se estarían aplicando medidas informales y presuntamente irregulares para “resarcir” faltas disciplinarias leves: los alumnos son obligados a aportar materiales de construcción o realizar trabajos físicos, como pintar o construir infraestructuras dentro del campus, a cambio de recuperar privilegios como el permiso de salida los fines de semana.

Uno de los hechos más llamativos es la construcción del estacionamiento techado del director del plantel, el comandante PNP Dany Soriano Cruzado. La obra, concluida a fines de mayo, habría sido ejecutada por alumnos de la promoción “Honorables”, quienes denunciaron que se encargaron del vaciado de concreto, instalación de estructuras metálicas y techado con calamina. Todo esto, según los estudiantes, con el único objetivo de evitar sanciones o poder salir del campus los viernes.

Alumnos relatan trabajos obligatorios a cambio de “perdón” disciplinario

Los testimonios recogidos por Huanca York Times exponen una práctica que ha ganado fuerza desde inicios del año académico. “El que quiere salir, apoya. Algunos compran pintura, otros cemento. Incluso el grass sintético ya tiene malla gracias a una colecta entre los chicos”, relató un alumno que prefirió mantener su identidad en reserva. De acuerdo con esta versión, al menos S/3.000 fueron reunidos por estudiantes solo para una obra interna.

Los trabajos no son parte del plan de estudios de esta institución, que oficialmente incluye cursos como estadística, derecho penal y defensa personal, pero no albañilería. Sin embargo, los denunciantes indican que cargar mezcla, usar carretillas y operar trompos de concreto se ha vuelto una práctica recurrente, y que los alumnos sin recursos económicos o que se niegan a participar deben quedarse internados hasta el sábado por la tarde, mientras sus compañeros disfrutan del permiso regular desde el viernes.

Consultado por el medio regional, el comandante Dany Soriano negó tajantemente las acusaciones. “Aquí los alumnos vienen a estudiar. No se pide un sol. No estamos para chismes de balcón”, declaró, agregando que los materiales usados en los trabajos de pintura provienen de donaciones desde Lima.

Pese a ello, las fotografías y relatos recogidos documentan paso a paso cómo los alumnos realizaron trabajos en beneficio directo del director, como el techado de su estacionamiento. Además, mencionan que las “colaboraciones” se extienden a otras áreas, como luminarias, pintura y cercado del grass sintético, utilizando recursos donados por los propios alumnos o sus familias.

Corrupción en academias policiales: en Piura, oficial PNP vendía vacantes y fue condenado a prisión

Mientras las denuncias de trabajos forzados en Huancayo sacuden a la PNP, un caso igualmente alarmante se registró en el norte del país. Hace apenas unas semanas, en Piura, el oficial Jorge Amílcar Chávez Guerrero fue condenado a 8 años de prisión efectiva tras comprobarse que vendía vacantes en la Escuela PNP de La Unión, cobrando dinero a padres de familia desesperados por asegurar el ingreso de sus hijos. El caso fue tipificado como tráfico de influencias agravado.

Según la investigación liderada por el fiscal superior Elmer Castillo Temoche, el oficial se aprovechaba de su cargo dentro de la Policía Nacional para ofrecer “facilidades” en el proceso de admisión. Padres de familia entregaban sumas de dinero a cambio de una supuesta garantía de ingreso, lo que generó falsas esperanzas y un perjuicio emocional y económico a las familias afectadas.

Esta práctica fraudulenta fue sustentada con pruebas contundentes y confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, que ratificó la condena en segunda instancia. Además de la pena de cárcel, Chávez Guerrero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y deberá pagar S/30.000 de reparación civil.