Fiscalía pone en riesgo exhumaciones en Jojutla, denuncian colectivos Editorial Aristegui Noticias
Por Estrella Pedroza
La cuarta exhumación en las fosas de Jojutla avanza con graves fallas técnicas, falta de personal especializado y bajo presión constante para acelerar los trabajos, poniendo en riesgo la recuperación adecuada de restos y limita la identificación de las víctimas, denunciaron colectivos de buscadoras.
Las fosas, ubicadas en el panteón “Pedro Amaro” de Jojutla, usadas entre 2007 y 2014 para inhumar de forma irregular a decenas de personas, han sido objeto de diligencias desde 2017.
La última comenzó el 26 de mayo y debía concluir el 13 de junio, pero fue hasta hoy que la Fiscalía informó oficialmente que la fecha se extenderá hasta el 20 de junio, aunque para las víctimas y sus familias, esta ampliación resulta insuficiente.
Foto: Estrella Pedroza
“Con el ritmo que llevan, sacar todos los cuerpos antes del 20 de junio es imposible”, advirtió Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.
Amalia Hernández y Alba Fabiola Cruz Barrios, madre de una desaparecida en Jiutepec y parte de Familias Resilientes Morelos, denunciaron que la Fiscalía no cumple los lineamientos que ella misma estableció, lo que afecta la calidad y validez del trabajo.
“Los nuevos lineamientos para 2025 no se respetan. Esto significa un retroceso respecto a lo logrado en años anteriores”, señaló Hernández, que ha observado las diligencias a diario.
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Entre las deficiencias destacaron la falta de un antropólogo físico permanente en la Fiscalía, lo que impide diferenciar con precisión restos humanos de fragmentos animales.
La única antropóloga externa terminó su participación recientemente, dejando vacíos técnicos importantes.
La ausencia de control detallado sobre los niveles de tierra excavada y la falta de cribado exhaustivo pone en peligro la recuperación completa de restos para análisis genéticos confiables.
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Además, la clasificación incorrecta de indicios genera confusión en la cadena de custodia.
Se ha catalogado como ‘individuo’ una extremidad aislada sin confirmar su origen, lo que puede causar duplicidad es.
Hernández dijo que, la supervisión del Ministerio Público tampoco es constante, ya que la agente asignada mostró indiferencia y se negó a entregar información sobre la orden judicial para ampliar la zona de excavación.
Por instrucciones del fiscal, las labores deben concluir el 20 de junio, lo que obliga a trabajar con hasta cuatro cuerpos simultáneamente, aumentando el riesgo de errores en embalaje y registro.
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También cuestionaron la ampliación de la fosa, pues en 2024 un cuerpo quedó sin exhumar por falta de orden judicial y no han mostrado autorización para intervenir fuera del perímetro original.
“Queremos saber la orden judicial que avala esta extensión. En 2024 no se pudo intervenir por falta de autorización; ahora se amplió sin explicación”, dijo Alba Fabiola Cruz Barrios.
Al ser cuestionado directamente por las víctimas, Alberto Belmont Gutiérrez, titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, respondió que los lineamientos “son enunciativos, no limitativos”, postura que las activistas cuestionaron.
“Estos lineamientos están basados en estudios internacionales y buscan proteger el derecho a la verdad y un manejo adecuado”, enfatizó Amalia Hernández.
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Desde la primera diligencia, las irregularidades persisten o se agravan. Hernández denunció que el coordinador de servicios periciales, Samuel Nava, presiona para acelerar la exhumación, comprometiendo la metodología.
También señalaron la remoción injustificada de personal comprometido y la difusión de información falsa sobre su estatus laboral dentro de la Fiscalía.
Nos dijeron que el perito que hizo un trabajo científico en 2024 ya no trabaja ahí, pero sabemos que sí. Fue el mismo Nava quien negó esto ante un notario y la Comisión de Derechos Humanos.
Ante esto, las buscadoras exigieron al fiscal Edgar Maldonado que supervise personalmente las labores en campo.
“Debe dejar el escritorio, conocer lo que ocurre y garantizar transparencia y rigor en el proceso. Si no confía en su personal, debe venir a verlo por sí mismo”, señaló Amalia Alejandra.
Para Alba Fabiola, la falta de avances es una herida abierta.
Hay personas que no podrán regresar a casa y familias que nunca sabrán dónde están sus seres queridos.
