Suma obligaciones, quita pagos e impone candados el nuevo contrato del STAUAG El Sur de Acapulco

De acuerdo con la versión preliminar a la que El Sur tuvo acceso, tal como denunciaron los agremiados que rechazaron la modificación y procedieron a ampararse, por lo menos 34 cláusulas del contrato cambiaron de manera negativa para los trabajadores

Chilpancingo, Guerrero, 17 de junio de 2025. En el nuevo contrato colectivo de trabajo, que forjaron la directiva del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y la Rectoría, se agregaron obligaciones, se ampliaron plazos para el pago de prestaciones, se eliminaron pagos y se colocaron candados que afectan, incluso, a los hijos de los universitarios.

El pasado 30 de abril, luego de la primera consulta general para la modificación del contrato colectivo, la directiva sindical destacó que “por primera vez en una década” se lograron incrementos salariales “reales” y la protección integral de las prestaciones.

Mediante un comunicado, informó que el contrato colectivo 2025-2026 mantiene todos los derechos adquiridos, incrementa beneficios económicos y sociales, como el 4 por ciento de aumento al salario base, 2 por ciento adicional en prestaciones no ligadas al salario y la nivelación de cinco categorías, que pasaron de Auxiliar a Auxiliar Académico.

En efecto, de acuerdo con la versión preliminar a la que El Sur tuvo acceso, se trata del primer contrato en los 56 años de vida del STAUAG cuya redacción incluye perspectiva de género. El seguro de vida incrementó de 292 mil a 340 mil pesos, los gastos por concepto de funerales “del trabajador, padres, hijos y cónyuge” aumentó de 28 mil 200 a 33 mil pesos.

Mientras que los pagos para compra de lentes y libros por el Día del Maestro también aumentaron de 3 mil 400 a 4 mil 800 pesos y de 500 a mil pesos, respectivamente; además, la gratificación económica para los académicos de tiempo completo exclusivo se incrementó de 3 mil a 10 mil pesos, para las mujeres y hombres con 28 y 30 años de servicio ininterrumpido.

Sin embargo, tal como denunciaron los agremiados que rechazaron la modificación y procedieron a ampararse ante juzgados federales, por lo menos 34 cláusulas del contrato cambiaron de manera negativa.

A las 21 obligaciones de los académicos, se agregó una: “Garantizar el derecho humano a la educación de los estudiantes, por lo que bajo ningún motivo podrá abandonar un grupo o materia, sin que se hayan tomado las medidas necesarias, que garanticen la continuidad de las actividades académicas”.

Se estipuló que, además de asistir, los académicos deberán “permanecer en sus labores” y “cuando un trabajador de base, de carrera o de asignatura, no complete su carga horaria docente deberá complementarla en otras unidades académicas o en otra modalidad educativa”.

En el contrato anterior, se indicaba que los académicos debían completar esta carga en escuelas “de la misma localidad”, pero con el cambio se abrió la posibilidad de que impartan clases virtuales, o bien, se vean obligados a trasladarse de una localidad a otra.

También se incluyeron, como funciones de los trabajadores, “gestión académica y tutorías”. Dar tutorías es una función que fue incluida en la definición de académicos de base, tiempo completo y medio tiempo.

Los académicos de tiempo completo deberán cumplir con su jornada de horas mínimas frente a grupo, que varían de acuerdo con el nivel educativo, y dar “orientación de carácter teórico, metodológico o técnico sobre un área de conocimiento a sus estudiantes”.

El STAUAG y la universidad elaborarán un “sistema de control bilateral”, para que los académicos cumplan con sus labores.

A las siete causas ya existentes para la terminación de la relación individual de trabajo, se agregó “por edad y tiempo de servicio y cesantía en edad avanzada”, sin más detalles.

En tanto que a las 10 causales de rescisión “sin responsabilidad para la institución”, se agregó “incurrir en cualquiera de las faltas establecidas en el Código de Ética Institucional”. En este apartado, de la causal relativa a causar daños materiales, se eliminó la especificación de que “no se considerará perjuicio o daño cuando se trate de pintas o propaganda política”.

Pagos perdidos y exclusiones

Aunque la directiva sindical afirmó que logró el 4 por ciento de incremento al salario base, este no se reflejó en la modificación del contrato, pues únicamente se estableció que “los salarios incrementarán conforme a la inflación y de acuerdo con la política salarial estipulada por la SEP”. En el contrato anterior sí se incluyó el incremento que, en su momento, fue de 3.4 por ciento directo al salario.

También el pago por concepto de despensa familiar será con base en la “política salarial estipulada por la SEP”. El plazo para el pago del denominado “bono único de 10 días”, con el que se completan los 80 días de aguinaldo, se amplió de la primera quincena de enero a “en el mes de enero”.

La prima de antigüedad, cuyo porcentaje por cada año de servicio se medía con base en el salario nominal ordinario, se pagará de acuerdo con el “salario base ordinario”. Lo que significa que un académico de tiempo completo con un salario nominal de 11 mil pesos, que incluye las prestaciones, se verá afectado, ya que para la prima de antigüedad sólo se tomará en cuenta su salario base de unos 6 mil pesos.

En el caso de las becas para hijos de trabajadores, se estipuló que será equivalente al 30 por ciento del salario base “de su categoría base”, pero sólo para quienes estudien bachillerato y licenciatura, “hasta los 25 años de edad”.

También el apoyo que la universidad entrega a los hijos de trabajadores con capacidades diferentes, equivalente al 30 por ciento del salario base, se medirá con la “categoría base” de los académicos, pero además, será sólo para quienes tengan discapacidades que “les impidan valerse por sí mismos” y “hasta los 25 años de edad”.

El contrato anterior no marcaba un límite de edad para estos beneficios y tampoco excluía a aquellos con discapacidades que no les impidan valerse por sí mismos.

Mientras que las “cuando menos 20 becas para capacitación, superación y especialización” de auxiliares académicos marcadas en el contrato anterior, fueron eliminadas.

La universidad quedó exenta del pago de “las deducciones que por concepto de impuesto deban realizarse, exceptuando los casos de renuncia”, que se incluía para prestaciones y liquidaciones en caso de la desaparición del centro o la materia de trabajo, o de que los académicos acrediten ser beneficiarios. Esto signica que las deducciones deberán absorberlas los trabajadores.

En el nuevo contrato se estableció que el STAUAG y la institución podrán proponer a mujeres y hombres, con 28 y 30 años de antigüedad, respectivamente, como candidatos para recibir la distinción de maestro emérito y esto se eliminó de las funciones de la Comisión Mixta Paritaria Académica para emitir la convocatoria correspondiente.

Los maestros eméritos no recibirán “la máxima categoría académica de la tabla de descripción de categorías vigente, del personal académico. Al mismo tiempo que la redefinición de la carga laboral y el máximo nivel de la beca al desempeño docente”.

Tampoco “el nombramiento, medalla y el importe de 45 días de salario base de la categoría otorgada en una sola emisión”, ya que estos beneficios también fueron eliminados.

La Comisión Mixta Paritaria de Becas ya no tiene como función emitir convocatorias y recibir solicitudes de regularización y titulación; además, “la Comisión de Becas designada por la administración elaborará los convenios de becas y los turnará a las autoridades correspondientes para su firma”, una función que le correspondía a la Dirección General de Docencia.

La promoción por vía escolarizada ya no será automática a la presentación de los documentos legales que acrediten el antecedente del nivel anterior y el nuevo grado académico obtenido, sino que “iniciará” con la presentación de una solicitud del trabajador, que incluya los documentos correspondientes, y será revisada por la universidad y el STAUAG.

Su aprobación será con base en “las necesidades de la universidad, los criterios bilaterales para la asignación de categorías”.

Las cláusulas controversiales

El rechazo de algunos agremiados a la modificación del contrato colectivo se derivó de los cambios en las cláusulas 151, 152 y 153, relativas al pago de 20 días de salario por cada año de servicio, en una sola emisión, en distintos casos, y cinco meses de salario como gratificación, 30 días de salario por cada año de servicio y 12 días de salario de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, para los trabajadores que se retiren con pensión por invalidez, mismos que se vincularon a la cláusula 39, que aborda los efectos colaterales de la terminación de la relación laboral.

En un comunicado emitido el pasado 8 de abril, el secretario general Francisco Hernández Herrera anunció que se mantendrá la vigencia de estas cláusulas, tal como las contempla el contrato colectivo 2021-2022 “para dar certeza jurídica” a los académicos.

Aunque en el comunicado emitido el pasado 30 de abril, la directiva sindical aclaró que las cláusulas señalan diferentes casos, por lo que los pagos se aplican “de manera diferente para cada uno de ellos y no sumándose”.

Es importante resaltar que la versión oficial del nuevo contrato continúa en proceso de edición y no se ha publicado en las plataformas del STAUAG.

Texto: Alina Navarrete Fernández/Foto: Archivo

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