El futuro del IACIP: entre la extinción y la reinvención Periódico Correo

1.- El futuro del IACIP: entre la extinción y la reinvención

En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato, presidida por Juan Carlos Romero Hicks, comenzó la discusión sobre el destino del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), tras la reforma federal que elimina a varios órganos autónomos, entre ellos el INAI.

Tanto la iniciativa de Morena como la del PAN coinciden en un punto clave: la desaparición del IACIP. Sin embargo, el debate de fondo apenas se vislumbra. Vendrá cuando se definan las leyes secundarias, el entramado donde se tejerá el verdadero alcance de la reforma.

Una de las intervenciones más relevantes fue la de Roberto Ávila, director de Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado (ASEG). Propuso que el Congreso local aproveche el margen de autodeterminación que deja la reforma constitucional. En otras palabras, la posibilidad de mantener al IACIP bajo una nueva figura: dejaría de ser autónomo, pero podría subsistir como un órgano desconcentrado.

El argumento, bien recibido por funcionarios del propio IACIP, señala que desaparecerlo por completo y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Honestidad significaría un retroceso en la garantía de derechos fundamentales como el acceso a la información y la protección de datos personales.

La propuesta también encontró eco en legisladores como Rodrigo González, de Movimiento Ciudadano, y Susana Bermúdez, del PAN, quienes manifestaron apertura a mantener al IACIP, aunque sea bajo otro modelo. “No solo hacer una homologación tal cual, un copy-paste”, advirtió el emecista.

La discusión apenas comienza. Lo único seguro es que el IACIP, tal como hoy existe, tiene los días contados este 2025. Sin embargo, esta nueva ventana abre la posibilidad de que el instituto continúe operando con un nuevo rostro, aunque subordinado al Poder Ejecutivo. El principal obstáculo será la postura de Morena, que insiste en que existe una duplicidad de funciones entre el IACIP y la Secretaría de la Honestidad.

Otro de los argumentos de los morenistas es el costo anual del IACIP: 65 millones de pesos para 2025. Sin embargo, esa cifra representa apenas el 0.05% del presupuesto estatal. El discurso de la austeridad —repetido hasta el cansancio— empieza a mostrar sus límites: lejos de optimizar recursos, ha generado cuellos de botella en la operación institucional y una atención deficiente a la ciudadanía.

2.- Violencia en Guanajuato y el costo de los cálculos políticos

La pasividad de los gobiernos federales ante la violencia en Guanajuato no fue casual: obedeció a decisiones políticas calculadas. Así lo planteó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, en una entrevista para La Saga, conducida por Adela Micha. Según su análisis, el abandono federal comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se retiró el apoyo de la entonces Policía Federal con el objetivo de debilitar al PAN y favorecer al PRI, tras una elección estatal muy competida en 2012.

Ese desdén —señala Rivas— continuó con Andrés Manuel López Obrador, y en esa omisión se gestó la expansión del crimen organizado. Favoreció el ingreso del cártel originario de Jalisco y se desató una guerra criminal con el cártel local, que persiste hasta hoy, y que ha complicado la pacificación del estado.

Rivas también denunció el uso político de las cifras de seguridad. Cuestiona que se insista en medir la violencia solo por el número absoluto de homicidios dolosos y no por tasa por cada 100 mil habitantes, lo que distorsiona la realidad: “Colima lleva más de 10 años siendo la entidad más violenta del país con una tasa de homicidio doloso mucho más alta... pero por politiquería se favorece comparar números absolutos respecto a la tasa”, sostuvo.

La periodista Anabel Hernández ya había hecho una denuncia similar. Durante su visita a León en julio de 2024, afirmó que mandos del Ejército y la Marina le confirmaron que el gobierno federal dejó crecer la violencia en estados opositores como Guanajuato, sin apoyo ni respaldo institucional, para provocar un voto de castigo y favorecer a Morena. “Dejar que la violencia creciera y creciera y creciera... sin ningún tipo de ayuda”, denunció durante el Segundo Encuentro Iberoamericano de Periodismo por la Paz.

El patrón es claro: la seguridad se subordinó al cálculo electoral. Hoy, aunque hay mayor coordinación entre niveles de gobierno y una estrategia distinta a los “abrazos, no balazos”, la herencia de ese abandono deliberado pesa. El crimen organizado no solo ganó territorio. Y todo comenzó con una decisión política: dejar solos a los estados de otros colores.

3.- Gobernadora desmiente a su secretaria, pero el rezago es el mismo

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo terminó por desmentir a su propia secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa. Hace unas semanas, durante una gira en Uriangato, la funcionaria dijo públicamente que el presupuesto estatal para el campo se había reducido a solo el 30 % del que previamente se tenía, esto ante la petición de más apoyos por parte de agricultores locales. La mandataria le corrigió la plana.

Sin embargo, los números tampoco le ayudan del todo a gobernadora. Para el ejercicio fiscal de 2025, la Secretaría del Campo contará con 566 millones de pesos, apenas 16 millones más que en 2024. El incremento queda muy por debajo del impacto inflacionario y, más aún, del rezago que arrastra el sector agropecuario en Guanajuato. En los hechos y hasta ahora, los productores perciben menos apoyos directos y una distribución más limitada de insumos y recursos.

La gobernadora y la secretaria coinciden en que se está aplicando una “reingeniería” a los programas del campo, pero campesinos, líderes de organizaciones rurales y varios presidentes municipales han comenzado a expresar su inconformidad por la falta de claridad y la lentitud en la aplicación de apoyos.

La próxima semana, la gobernadora sostendrá una reunión con el secretario federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán. El encuentro buscará afinar detalles del programa de tecnificación de 10 mil hectáreas, previsto para iniciar en julio, pero también se incluirán algunos asuntos relacionados a programas para el campo.

Este sábado, se tiene prevista la visita de Berdegué a Guanajuato para encabezar algunos encuentros y bajar las olas generadas por las protestas recientes. Las quejas ahí están: adeudos en precios de garantía del trigo —arrastrados desde 2023— y falta de apoyo para agilizar la renovación de concesiones de pozos, requisito indispensable para acceder a los subsidios por cuota energética.

Contra Retrato

Salma Luévano Luna

La exdiputada federal de Morena y actual coordinadora nacional de Economía de la Inclusión en la Secretaría de Economía estuvo de visita en Guanajuato, donde encabezó varios eventos públicos y no perdió la oportunidad de señalar el rezago legislativo del estado en temas como el matrimonio igualitario y la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, que apenas comienzan a discutirse en el Congreso local.

También participó en la presidencia municipal de Guanajuato capital, donde encabezó la conferencia Economía de la Inclusión. Lo que planteó en esta conferencia tiene pertinencia con algunos programas que se están analizando al interior del gobierno del estado, sobre todo en el área de turismo.

Luévano Luna destacó que, a nivel nacional, al menos cinco millones de personas de la comunidad LGBTIQ+ forman parte activa de la economía productiva. Además, que la derrama económica que deja esta población en destinos turísticos ha crecido un 10 % respecto a otros sectores.

Su llamado fue claro: desde las regiones deben generarse oportunidades de desarrollo para las personas LGBTIQ+, combatir la discriminación laboral y ampliar la oferta turística con un enfoque más diverso e incluyente. El impacto económico está más que documentado.

De hecho, el Plan Estatal de Turismo —que aún no ha sido presentado por la secretaria de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles León, a más de ocho meses de iniciada la administración— contempló la participación de representantes de esta comunidad en mesas de trabajo. Sin embargo, sigue siendo incierto si esta inclusión se traducirá en una estrategia concreta para aprovechar el potencial turístico de este sector.