TRUMP y su Agenda Sectorial a favor de los Combustibles FÓSILES, busca Quitar Normas AntiCONTAMINANTES

El gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca se han caracterizado por una clara agenda de apoyo a los combustibles fósiles y desmantelamiento de la política climática. La inconsistencia e imprevisibilidad de muchas de sus políticas se ha extendido al sector de la energía que ha pasado del optimismo de la dominancia energética a la preocupación por el impacto de los aranceles, el efecto negativo de unos precios del petróleo demasiado bajos y la abrupta interrupción de muchos subsidios al sector de las energías renovables.

• En el sector energético, la Administración Trump ha seguido apostando por el dominio energético fósil de EEUU, desregulando y autorizando nuevos proyectos, pero se ha topado con unos precios de la energía deprimidos por la amenaza de sus propios aranceles sobre la economía global.
• El presidente de EU ha vuelto a apostar por las sanciones sobre el comercio de hidrocarburos como herramienta geoeconómica de política exterior.
• Ha incrementado la presión sobre Venezuela e Irán, mientras que la gran incógnita geopolítica continúa siendo el futuro de las relaciones entre Washington y Moscú, así como el devenir de la guerra en Ucrania y el futuro del régimen de sanciones asociado al conflicto bélico en Europa – Medio Oriente.

Trump ha recortado gran parte de las medidas de apoyo al sector renovable de su predecesor, aduciendo la necesidad de reducir el gasto público y ha impuesto importantes trabas regulatorias al desarrollo de nuevos proyectos eólicos.

• El impacto de los aranceles en el sector renovable todavía es incierto, pero se prevé un importante deterioro de las condiciones comerciales y las cadenas de suministro que, junto a la creciente inseguridad regulatoria, reduce las expectativas de crecimiento en los próximos años.

Caos energético

• Trump prometió dar rienda suelta a la dominancia energética estadounidense y lograr dos objetivos que se han mostrado incompatibles: incrementar la producción doméstica de hidrocarburos y reducir sustancialmente los precios energéticos.

Para lograr su primer objetivo, la Administración Trump ha ejecutado la mayoría de las políticas esperadas.

• Ha reducido los criterios medioambientales, especialmente los asociados a las emisiones de metano, ha autorizado nuevas actividades en terrenos federales y ha suspendido la moratoria sobre nuevos proyectos para exportar gas natural licuado (GNL).

En el ámbito internacional y en el contexto de la amenaza arancelaria, Trump ha ejercido presión sobre sus aliados para que aumenten las compras de hidrocarburos a EEUU.

• Aunque resulta complicado evaluar el efecto de esta inusual diplomacia energética, algunas compañías japonesas, coreanas y taiwanesas han manifestado interés en invertir en proyectos de alto riesgo, como Alaska LNG, y en aumentar las importaciones de petróleo, gas y carbón.
• Siguiendo la lógica mercantilista de Trump, la Unión Europea (UE) también ha planteado la posibilidad de aumentar sus compras de hidrocarburos, especialmente GNL, con el objetivo de reducir el superávit comercial.
• El recorrido de esta propuesta es limitado, al menos, en el marco de las negociaciones comerciales. El petróleo y el gas sólo pueden contribuir parcialmente a reducir el déficit: en 2024 las importaciones europeas de energía desde EEUU ascendieron a 65.000 millones de euros, mientras que el déficit supera los 320.000 millones.

Además, ni la Comisión Europea ni los Estados miembros tienen competencia legal para firmar contratos de suministro. Estos dependen de empresas privadas cuyo apetito por comprar o invertir determina, en última instancia, la rentabilidad esperada.

Esta ambición de la Administración Trump por incrementar las exportaciones de hidrocarburos ha sido opacada por su caótica política arancelaria, que ha terminado por exportar, en su lugar, incertidumbre económica al resto del mundo.

• Los temores a una recesión han situado los precios del petróleo en mínimos en cinco años, situándose en el entorno de los 55-65 dólares por barril en el índice de referencia West Texas Intermediate (WTI), 10 menos que cuando ganó las elecciones de noviembre o 15, si tomamos como punto de referencia su toma de posesión el 20 de enero.
• A esto se suma la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo plus (OPEP+) de incrementar su producción de petróleo en los próximos meses, una petición reiterada por parte de la Administración Trump a Arabia Saudí, que añade presión bajista a los mercados.

Según las diferentes estimaciones, los productores estadounidenses necesitan en promedio de entre 45 y 65 dólares por barril para obtener rentabilidad de un nuevo pozo, por lo que este escenario de precios supondría ya no sólo una barrera para el crecimiento del sector del shale, sino un posible destructor de producción petrolera y gasista a medio plazo.

• Además, se prevé un aumento de los costes de producción en EEUU, aún difícil de cuantificar, como resultado de los nuevos aranceles sobre el acero, al aluminio y diversos componentes esenciales para una industria habituada a operar dentro de cadenas de valor globales.

El descenso de los precios del petróleo también afecta indirectamente a la industria del GNL estadounidense, segunda pata de la dominancia energética, al hacerla menos competitiva en el mercado internacional.

• El GNL exportado por EEUU se indexa al precio del gas establecido en el índice Henery Hub, mientras que la mayoría de los exportadores del golfo Pérsico y el norte de África mantienen fórmulas de indexación asociadas al petróleo crudo.
• Además, la respuesta china a los aranceles de Trump ha incluido el GNL y el petróleo estadounidense, que queda virtualmente excluido de uno de los principales mercados del mundo.

Rechazo renovable

Una de las primeras medidas de la Administración Trump fue la suspensión de gran parte de desembolsos de los programas federales de apoyo a las energías renovables, hidrógeno y vehículos eléctricos, en particular aquellos establecidos en virtud de la IRA y la Ley de Inversión en Infraestructura.

• A esto se sumó, en su primer día de mandato, la firma de una orden ejecutiva que suspendió todos los nuevos arrendamientos y permisos para proyectos de energía eólica (tanto en tierra como en mar) en terrenos y aguas federales.
• Esta medida estará vigente hasta que se complete una revisión exhaustiva de su impacto ambiental, revisión que, cabe destacar, no se aplicará a los proyectos de producción de hidrocarburos.
• Dado que las aguas federales comienzan a apenas tres millas (menos de cinco kilómetros) de la costa, la orden supone, en la práctica, una moratoria sobre nuevos proyectos de eólica marina en EEUU.

Aunque en un principio se pensó que los proyectos ya aprobados no se verían afectados, el 17 de abril el Departamento de Energía ordenó la paralización de Empire Wind 1, un parque eólico frente a las costas de Nueva York que ya contaba con autorización y financiación.

Esta intervención directa sobre un proyecto en marcha ha generado una fuerte preocupación en el sector ante el riesgo de una paralización generalizada de la eólica marina.

• Prueba de ellos es que la consultora Wood Mackenzie ha revisado a la baja sus previsiones: ahora estima que se instalarán 45,1 GW de nueva capacidad eólica, tanto terrestre como marina, entre 2025 y 2029, frente a los 75,8 GW inicialmente proyectados bajo la Administración anterior.

En el caso de la energía solar, se prevé un impacto significativo derivado de los nuevos aranceles, especialmente sobre las importaciones procedentes del sudeste asiático, origen de la mayoría de los módulos solares instalados en EEUU.

• Después de una investigación antidumping de más de un año que se inició con la Administración Biden, EEUU impuso en abril de 2025 nuevos aranceles a las importaciones solares procedentes de Camboya, Vietnam, Malasia y Tailandia (origen del 77% de las importaciones de paneles solares en 2023[4]), con tasas que varían entre el 34% y hasta el 3521%, según el país y la empresa afectada.

Aunque la medida representa un respaldo para fabricantes nacionales como First Solar o Hanwha Q-Cells, también podría dificultar el desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos en EEUU. Se espera que los costes aumenten significativamente a medio plazo, una vez se agoten las existencias de módulos disponibles en el país, que actualmente podrían cubrir hasta un año de nuevas instalaciones.

• Ahora, la principal incertidumbre es si la Administración Trump mantendrá los generosos subsidios, en forma de crédito fiscales, dedicados a la fabricación de paneles solares en EEUU bajo la IRA.
• Estos fondos, unidos a las medidas proteccionistas, habían favorecido la recuperación del sector, especialmente en los denominados red states o estados de dominio político republicano.

Aunque la capacidad de fabricación de módulos solares en EEUU ha superado los 50 GW anuales, suficiente para cubrir casi toda la demanda esperada de 2025, el país sigue dependiendo en gran medida de importaciones (ahora sujetas a aranceles) para las etapas de mayor complejidad, como la producción de células, obleas y lingotes.

• En campaña, Trump renovó su promesa de revertir el declive del sector del carbón en EEUU, a pesar de que se trata de un proceso que obedece principalmente a factores económicos.
• En el ámbito de la generación eléctrica, tanto el gas natural como las energías renovables son hoy más competitivas, mientras que la minería del carbón atraviesa una situación similar y su producción se ha reducido en un 50% desde 2008.

Para intentar revertir esta tendencia, en abril el presidente firmó una orden ejecutiva titulada:

• “Revitalización de la hermosa industria del carbón limpio de Estados Unidos”, que busca reducir las regulaciones ambientales sobre el sector, mejorar la remuneración de las centrales eléctricas y facilitar la minería en tierras federales.

Esta medida, que buscaría retrasar el cierre de más de 25GW de carbón en EEUU de aquí a 2028, podría bloquear el acceso a la red eléctrica de capacidad renovable en construcción y, gracias a la nueva demanda proveniente de los centros de datos, dar una segunda vida a estas centrales.

Con respecto de la energía nuclear, se ha mantenido cierta continuidad con la Administración Biden, reforzando las ayudas al sector, tratando de reactivar o alargar la vida de centrales existentes e incrementando los subsidios para la investigación de nuevos reactores.

Busca derogar normas de controles de contaminación de centrales eléctricas

La administración Trump reveló planes para derogar los mandatos que obligan a las centrales eléctricas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que representa su acción más significativa hasta el momento para revertir las políticas que combaten el cambio climático.

• La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental, que podría finalizarse a finales de este año, está acompañada de un plan para aliviar los límites al mercurio y otros contaminantes tóxicos del aire en las instalaciones.
• Las acciones ocurren mientras la administración Trump busca cumplir una promesa de campaña de “abrir docenas y docenas” de plantas de energía para ayudar a satisfacer un aumento esperado en la demanda de energía de los centros de datos y la fabricación.

“Se promulgaron normas que buscan sofocar nuestra economía para proteger el medio ambiente, buscando hacer desaparecer todo tipo de industrias, incluyendo la del carbón y otras más”, dijo el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y agregó que la administración Biden quería “regularlas hasta que desaparezcan”.

¿Los gases de efecto invernadero tienen que ver con la contaminación del aire?

Zeldin hizo el anuncio en un evento en la sede de la EPA, al que asistieron representantes de American Electric Power y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otros.

La agencia propone concluir que las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles no contribuyen significativamente a la peligrosa contaminación del aire.

• La norma sobre centrales eléctricas implementada por el presidente estadounidense Joe Biden impuso restricciones a los gases de efecto invernadero que calientan el planeta que efectivamente obligan a las plantas de carbón existentes a capturar casi todas sus emisiones de dióxido de carbono, o cerrarlas, para 2039.
• Quienes se oponen a la norma, entre ellos algunas empresas de servicios públicos propiedad de inversores y la industria del carbón, afirman que obliga innecesariamente a las centrales de carbón a cerrar y desalienta la construcción de instalaciones de gas.
• Sin embargo, los ambientalistas argumentan que los planes del presidente estadounidense Donald Trump amenazan con desatar una contaminación que pone en peligro el clima y la salud humana, exponiendo a las personas a más mercurio, arsénico y otras toxinas que contribuyen al daño cerebral y al cáncer.

¿Cuáles son las consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero?

El sector energético es la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, solo por detrás del transporte.

• Los científicos afirman que el mundo necesita reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global y evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático.

“Al derogar las normas de contaminación de carbono para las centrales eléctricas, sin proponer un reemplazo, la EPA va más allá de la negación del cambio climático y se convierte en una rendición absoluta”, declaró Meredith Hankins, abogada sénior del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

• “La EPA intenta afirmar con total seriedad que las centrales eléctricas, la mayor fuente industrial de contaminación de carbono del país, no contribuyen significativamente al cambio climático”.

Además de derogar las restricciones a las emisiones de gases de efecto invernadero, la EPA avanza con sus planes para desmantelar las normas que limitan las emisiones de mercurio, una neurotoxina que perjudica el desarrollo cerebral, así como otros contaminantes atmosféricos peligrosos.

• Los límites de la EPA a la contaminación por mercurio, que en la práctica obligan a implementar controles de contaminación en las centrales eléctricas de carbón, datan de 2011, aunque los requisitos se reforzaron con el mandato de Biden el año pasado.

Busca potenciar la energía nuclear civil y aligerar regulaciones en EU

• El presidente de EU firmó en mayo pasado una serie de decretos para impulsar la producción de energía nuclear civil en Estados Unidos, incluida una reducción de los procesos regulatorios sobre una tecnología que aún genera controversia.
• Esta medida se produce en medio del creciente interés por la energía nuclear en Estados Unidos, a pesar de su alto coste de construcción y de la sensibilidad política que genera tras los desastres de las centrales de Fukushima en 2011 y de Chernobyl en 1986.

«Firmamos importantes órdenes ejecutivas que realmente nos convertirán en la verdadera fuerza de esta industria», declaró Trump a periodistas al sellar los cuatro decretos en el Despacho Oval.

• Según un asesor de la Casa Blanca, el presidente estadounidense busca un «renacimiento» de la energía nuclear civil en el país, con la ambición de cuadruplicar su producción en los próximos 25 años.
• Trump afirmó que se buscará construir reactores más pequeños, como los que requieren las empresas de tecnología e inteligencia artificial con enormes necesidades energéticas.
• Las decretos también reforman la comisión reguladora nuclear estadounidense para que las decisiones sobre la construcción de nuevos reactores se tomen en un plazo de 18 meses.

Trump negó que acelerar el proceso de regulación pueda comprometer la seguridad. «Lo conseguiremos muy rápido y con mucha seguridad», prometió. «Es la hora de la energía nuclear y vamos a hacerlo a lo grande».

• Estados Unidos sigue siendo la primera potencia nuclear civil del mundo, con 94 reactores operativos, pero su edad media está aumentando (42 años).

«Queremos estar en posición de probar y desplegar reactores nucleares durante el mandato en curso», es decir, antes de enero de 2029, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, durante un intercambio con periodistas.

«Emergencia energética»

Al asumir en enero, el republicano Trump declaró una «emergencia energética» para expandir la extracción de petróleo y gas y revertir las políticas climáticas de su predecesor demócrata, Joe Biden. Pero ahora Trump también apuesta a la energía nuclear para satisfacer la creciente demanda de energía.

• Gran parte de esta demanda proviene de los gigantes tecnológicos estadounidenses, como Amazon, Microsoft y Google, que firmaron recientemente acuerdos de energía nuclear en su búsqueda de fuentes de electricidad libre de carbono.
• Dos compañías energéticas estadounidenses también se preparan para reactivar centrales nucleares, incluida Three Mile Island, donde en 1979 se produjo el peor accidente nuclear comercial en la historia de Estados Unidos.

El secretario de Interior, Doug Burgum, dijo que el desafío es «producir suficiente electricidad para ganar el duelo de inteligencia artificial con China».

• El interés de Trump en impulsar la minería y el enriquecimiento también refleja el hecho de que Estados Unidos importa la mayor parte del uranio necesario para alimentar las centrales nucleares.
• Estados Unidos compró la mayor parte del uranio de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán en 2023, pero en 2024 prohibió las importaciones de Rusia debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
• La energía nuclear ha experimentado un resurgimiento en los últimos años a medida que los países buscan energía libre de carbono y se enfrentan al aumento de precios por la guerra en Ucrania.

Francia, que con 57 reactores sigue siendo el país más nuclearizado por habitante, anunció en 2022 un nuevo programa de seis o hasta 14 reactores, el primero esperado en 2038.

China iguala actualmente a Francia con 57 reactores en su territorio y tiene otros 27 en construcción. Rusia, en tanto, sigue siendo el primer país exportador de plantas nucleares, con 26 reactores en construcción, de los cuales seis están en su propio territorio. /PUNTOporPUNTO