¿Quién nos vigila realmente? Secretaría de Marina desmantela 629 cámaras clandestinas en Baja California

En lo alto de postes de luz y teléfono, ocultas a simple vista, cientos de cámaras de videovigilancia clandestinas espiaban las calles. No eran del gobierno ni de empresas privadas, sino parte de una red instalada por manos criminales. Un reciente operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) reveló la magnitud de este fenómeno inquietante y plantea la pregunta: ¿quién nos vigila realmente?

Secretaría de Marina desmantela 629 cámaras clandestinas

En un golpe coordinado contra la “vigilancia paralela”, elementos de la Armada de México lograron desinstalar 629 cámaras de videovigilancia irregulares en Baja California. El operativo, ejecutado por la Segunda Zona Naval de SEMAR entre marzo y junio de 2025, se centró en los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito. Ahí, durante patrullajes de disuasión, se detectaron dispositivos camuflados en la vía pública: 600 cámaras en Ensenada y 29 en Rosarito, todas instaladas sin autorización en postes de alumbrado y telefonía.

La Secretaría de Marina informó en un comunicado que la operación se realizó en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías municipales y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California. “Estas acciones se efectuaron durante patrullajes de vigilancia en varias colonias […] donde se aseguraron 29 y 600 cámaras no autorizadas respectivamente, mismas que se encontraban instaladas de forma irregular en la vía pública”, detalló SEMAR. Las autoridades retiraron los equipos y de inmediato los pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Según el comunicado naval, el objetivo de desmontar estos aparatos es claro: el crimen organizado los empleaba para espiar los movimientos de las fuerzas de seguridad. “La delincuencia organizada emplea estos sistemas no autorizados para obtener y reportar información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad”, explicó la Secretaría de Marina. Al quitar las cámaras, “se reducen las capacidades de los presuntos transgresores de la ley para el tráfico de drogas y actividades ilícitas”, añadió la dependencia. En otras palabras, arrebatarle “los ojos” al crimen dificulta que los delincuentes evadan operativos o preparen emboscadas.

Los mandos navales subrayaron que con este operativo se reafirma el compromiso de proteger a la población y mantener el orden. “La Secretaría de Marina, en colaboración con los tres órdenes de gobierno, busca inhibir actividades ilícitas y garantizar el bienestar de las familias en Baja California”, señalaron. La acción inmediata en Ensenada y Rosarito dejó en evidencia un sistema clandestino de vigilancia mucho más amplio de lo que la ciudadanía imaginaba.

Los ojos del crimen organizado: redes de vigilancia criminal en Baja California

El hallazgo de estas cámaras “parásitas” no es un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de vigilancia clandestina operada por grupos criminales en el estado. Desde hace meses, autoridades locales advertían indicios de que el crimen organizado había instalado “cientos” de cámaras ocultas en distintas ciudades de Baja California. María Elena Andrade, Fiscal General del Estado, reveló en septiembre de 2024 que llevaban al menos seis meses descubriendo y retirando cámaras clandestinas en la vía pública, posiblemente vinculadas a grupos delincuenciales “Son cientos de estas cámaras que se han quitado, que se han retirado, se han descubierto”, confirmó entonces la fiscal, quien pidió a la ciudadanía reportar cualquier dispositivo sospechoso en postes o estructuras públicas.

Las ciudades fronterizas han sido el foco de esta vigilancia ilegal. Tijuana, Mexicali y Tecate –colindantes con California, EE.UU.– fueron de las primeras en delatar la presencia de cámaras “parásitas” instaladas en postes de luz, semáforos, palmeras e incluso techos de domicilios. Estas cámaras servían como “halcones electrónicos”: el equivalente tecnológico de los halcones (vigilantes) que tradicionalmente usa el el crimen organizado para monitorear a policías y soldados. En lugar de jóvenes apostados en las esquinas con radios, las cámaras transmitían en tiempo real las patrullas y operativos, multiplicando el alcance de espionaje criminal.

Ya en octubre de 2023, investigaciones periodísticas revelaron que se habían identificado cuatro centros de monitoreo del crimen organizado en Tijuana y Tecate, desde los cuales se controlaban más de 200 cámaras clandestinas instaladas en ambas ciudades. Sorprendentemente, según ese reporte, no había entonces investigaciones profundas ni detenidos a pesar del decomiso de equipo. La impunidad prevaleciente permitió que la red creciera y se extendiera a otros municipios.

A inicios de 2025, las autoridades intensificaron los operativos para desmantelar esta infraestructura ilegal. El 25 de febrero de 2025 se puso en marcha un operativo estatal conjunto y en apenas tres semanas ya habían retirado más de 400 cámaras “parásitas” en todo Baja California. Para marzo, casos concretos salieron a la luz: por ejemplo, en la emblemática colonia Libertad de Tijuana –vecindario colindante con la frontera– se retiraron 57 cámaras de videovigilancia clandestinas en un solo operativo. De igual forma, en Mexicali se desmontaron al menos 80 cámaras durante las primeras dos semanas de patrullajes especiales. Incluso Tecate y zonas rurales registraron hallazgos de dispositivos ocultos en postes. Este rastro confirmaba que Baja California entera había sido sutilmente mapeada por cámaras del crimen, sin que la mayoría de ciudadanos lo supieran.

Tecnología al servicio del crimen organizado

El despliegue de estas redes de videovigilancia irregular demuestra un alto nivel de sofisticación tecnológica por parte de los cárteles. “La instalación y operación de sistemas de espionaje por grupos criminales revela el nivel de sofisticación que han alcanzado los cárteles de la droga en México”, señala Javier Oliva, académico de seguridad nacional en la UNAM. Los grupos del crimen organizado han adoptado con facilidad equipos modernos: cámaras inalámbricas con movimiento (PTZ), con capacidad panorámica, inclinación y zoom, además de dispositivos fijos de alta resolución, son comunes en estas redes. Estos equipos, lejos de ser inaccesibles, tienen costos relativamente bajos –en México pueden comprarse por apenas 200 a 800 pesos por unidad– lo que facilita que los criminales las adquieran en grandes cantidades sin levantar sospechas.

¿Para qué quiere un cártel tantas cámaras? Expertos y autoridades coinciden en que la meta principal es vigilar a las fuerzas de seguridad y proteger sus operaciones ilícitas. En una región fronteriza como Baja California, esto se traduce en asegurar el paso de drogas hacia Estados Unidos. Contando con ojos electrónicos en las calles, los delincuentes obtienen alertas tempranas de patrullajes, retenes u operativos sorpresa, lo que les da tiempo de desviar cargamentos, esconder armas o incluso emboscar a las autoridades. Además, monitorean a bandas rivales y controlan territorios: si un enemigo incursiona en “su” zona, las cámaras también lo delatan.

Autoridades en la mira: reacción y vacío legal

La proliferación de estas cámaras “parásitas” también plantea incómodas preguntas sobre la posible complicidad o negligencia de algunas autoridades locales. Instalar cientos de dispositivos en la infraestructura urbana –postes municipales, cableado público– requiere tiempo y acceso. ¿Cómo es que se colocaron tantas cámaras sin que nadie notara a personas subidas en postes conectando equipos? La hipótesis más benigna es falta de vigilancia y regulación: los criminales se hicieron pasar por técnicos de compañías de servicios para montar cámaras, o aprovecharon zonas con poca supervisión. Sin embargo, tampoco se puede descartar que haya existido corrupción u omisión intencional de funcionarios locales o corporaciones policiales, permitiendo que la red creciera. Hasta ahora no se han hecho públicas investigaciones que involucren a servidores públicos en estos hechos, pero la presión está sobre las autoridades para aclarar cómo operaban estos sistemas clandestinos en pleno espacio público.

Al menos, la respuesta institucional más reciente ha sido frontal. El general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, ha encabezado los operativos estatales de retiro de cámaras e insiste en que “no habrá tolerancia” para este fenómeno. Para abril de 2025, Carrillo reportó más de 700 cámaras removidas en los 7 municipios del estado. Aclaró que “los ciudadanos que tengan una cámara en sus domicilios no tienen por qué preocuparse”, pues solo se quitan las cámaras colocadas en vía pública sin permiso, no las privadas de seguridad residencial. Esta precisión intenta calmar temores de la gente común que usa CCTV en negocios o casas, y recalca que se trata de dispositivos claramente vinculados al espionaje criminal.

Tras retirar los equipos, la gran tarea pendiente es la investigación y sanción penal. Según Carrillo, la Secretaría de Seguridad se limita a quitar las cámaras y entregarlas a la Fiscalía para que continúe con la indagatoria y deslinde responsabilidades. No obstante, hasta la fecha no se ha anunciado la detención de cabecillas o técnicos especializados responsables de instalar y operar la red. En casos como Sinaloa, descubrir un centro de monitoreo llevó a identificar a parte de la estructura criminal tecnológica; en Baja California, esa pista aún no se revela públicamente. La eficacia de estos operativos se medirá no solo en cámaras retiradas, sino en lograr procesar a quienes orquestaron el sistema clandestino.

Ante el vacío legal que existía, legisladores locales han movido ficha para tipificar estas conductas. El Congreso de Baja California discute reformas al Código Penal para incluir el “halconeo” como delito específico, castigando hasta con 8 años de cárcel a quienes realicen labores de espionaje para el crimen –incluyendo el uso de medios digitales y electrónicos–. “Buscamos establecer una definición clara de esta conducta para que pueda ser sancionada legalmente”, declaró el diputado Jorge Ramos al presentar la iniciativa. Otros estados, como San Luis Potosí, también anunciaron leyes contra el “halconeo digital”, reconociendo que la vigilancia clandestina mediante tecnología debe ser penalizada de forma explícita. Estas medidas pretenden cerrar la brecha jurídica que había permitido a los “espías del crimen organizado” operar con relativa impunidad.

Seguridad pública vs. privacidad ciudadana

El descubrimiento de cámaras ilegales en nuestras calles genera un debate inevitable sobre seguridad y privacidad. Por un lado, desmontar la red criminal es una buena noticia para la seguridad pública: se les quita a los cárteles una ventaja estratégica, lo que podría traducirse en operativos más efectivos y menos riesgos de emboscadas contra policías o militares. La ciudadanía podría sentirse más tranquila sabiendo que los únicos ojos vigilantes en la vía pública deberían ser los de las autoridades legítimas y no los del crimen organizado.

Sin embargo, la situación también expone una preocupación profunda en materia de privacidad y derechos ciudadanos. Estas cámaras clandestinas no discriminaban qué grababan o a quién: cualquier persona que transitara por sus zonas quedaba potencialmente captada en video, sin saber que era observada por delincuentes. Esto constituye una violación grave al derecho a la intimidad y a la privacidad de los habitantes. Si bien en México suele debatirse sobre la vigilancia gubernamental (y los límites legales para el Estado), aquí enfrentamos un panorama donde grupos criminales montaron un sistema masivo de espionaje fuera de todo marco legal o control. En la práctica, los criminales podían espiar no solo a policías sino a cualquiera que pasara por las calles monitoreadas, con fines desconocidos. ¿Podrían esas imágenes ser usadas para extorsión, secuestro u otros delitos contra civiles comunes? La mera posibilidad resulta alarmante.

Organizaciones de derechos humanos y digitales han advertido que toda vigilancia masiva conlleva riesgos de abuso, ya sea por parte del gobierno o de actores no estatales. En este caso, la falta de control y transparencia es total: las cámaras del crimen organizado operaban en la sombra, fuera de cualquier regulación, vulnerando las garantías individuales. Este episodio plantea la necesidad de reforzar el control sobre las tecnologías de videovigilancia en general. Por un lado, que el Estado mejore la supervisión del espacio público para detectar a tiempo instalaciones no autorizadas. Por otro, abrir la conversación sobre quién vigila al vigilante: si las corporaciones de seguridad pública instalan sus propias cámaras (C2, C4 o C5 oficiales), debe asegurarse que esas no sean vulneradas o copiadas por criminales. Asimismo, educar a la ciudadanía para que reporte actividades inusuales –como personas manipulando postes o colocando equipos– puede ser clave para prevenir que el fenómeno resurja.

¿Quién nos vigila realmente?

El desmantelamiento de 629 cámaras clandestinas en Baja California destapó una realidad inquietante: durante meses (o años) el crimen organizado también nos estuvo “vigilando”. La pregunta “¿Quién nos vigila realmente?” cobra sentido al descubrirse que, además de las cámaras oficiales del gobierno, había ojos ocultos operados por delincuentes supervisando nuestras calles. Este caso sirve de llamado de atención. Por un lado, demuestra la capacidad de adaptación tecnológica de los cárteles y la necesidad de que las instituciones de seguridad evolucionen a la par. Por otro lado, nos recuerda la importancia de proteger los derechos ciudadanos en medio de la lucha contra el crimen: la población no debe quedar atrapada entre la vigilancia estatal y la vigilancia criminal.

La tarea ahora es doble: recuperar la confianza en que el espacio público no está tomado por el crimen organizado y garantizar que la vigilancia legítima se use para proteger, no para vulnerar libertades. Baja California ha dado un paso firme al quitar esas cámaras ilícitas; el desafío será mantener las calles libres de espionaje clandestino. Al final, la respuesta a quién nos vigila debería ser: las autoridades en el marco de la ley, bajo controles democráticos, y no redes anónimas al servicio de la delincuencia. Solo así los bajacalifornianos podrán caminar por sus ciudades sin la sombra de una cámara oculta y con la certeza de que su seguridad –y su privacidad– están en las manos correctas. N

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