Revelan que Luis Cresencio buscaba que Zaldívar interviniera en un caso de abuso Vanguardia.com.mx

En mayo de 2021, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, buscó reunirse con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para pedirle su intervención en un caso de delitos sexuales.
En esos días, el general brigadier Diplomado del Estado Mayor, Eustorgio Villalba Cortés, era procesado por presuntamente haber violado a tres subordinadas militares y haber abusado y hostigado sexualmente de dos más cuando se desempeñaba como el comandante general de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
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Villalba Cortés era un general de amplia trayectoria que en 2015 había recibido del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, el ascenso a general brigadier y, que en febrero de 2018, poco antes de que ocurrieran los hechos denunciados por sus subordinadas, había sido condecorado con la Medalla de la Legión de Honor por cumplir 30 años de servicio.
El expediente, en ese entonces, había pasado a la justicia del fuero civil porque un juez federal consideró que los delitos señalados no estaban relacionados con la disciplina militar.
Ante ello, la defensa del general Eustorgio Villalba Cortés presentó un recurso de revisión mediante el cual se solicitaba que el caso regresara a la justicia castrense, pues “al haberse afectado la disciplina militar con los hechos materia de acusación”, los tribunales militares eran los competentes para resolver.
El general Luis Cresencio Sandoval agendó una cita con el ministro Zaldívar Lelo de Larrea para que permitiera que Villalba Cortés fuera juzgado en el fuero militar, según una tarjeta hallada en correos filtrados por hacktivistas del grupo Guacamaya.
”Se solicite al C.
Pdte.
de la SCJN que se admita el recurso de revisión y se resuelva que los hechos son de la competencia del fuero militar, en razón de que este tipo de conductas sí afectan la disciplina militar”, se lee en las tarjetas que le preparó su equipo.
El general buscaba que esta carpeta, una de las 525 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Militar por los delitos de violación, hostigamiento y abuso sexual entre 2013 y 2024, se resolviera dentro del terreno judicial castrense.
Una traza de justiciaEl 2 de junio de 2018, cinco mujeres militares se presentaron ante el Ministerio Público Militar para denunciar a Villalba Cortés.
Dos semanas después, la Fiscalía General de Justicia Militar le imputó al general los delitos de violación y abuso sexual cometidos en contra de tres soldados, desestimando las otras dos denuncias al carecer de lo que calificó como “pruebas irrefutables”.
El 20 de junio de 2018 se le impuso prisión preventiva oficiosa y el general Villalba Cortés fue internado en una prisión del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.
Villalba Cortés había desarrollado un modus operandi en el que mandaba llamar a las víctimas a su oficina, procurando estar a solas con ellas para atacarlas, de acuerdo con los testimonios judiciales revisados para esta investigación.
El 20 y 21 de mayo de 2019, casi un año después de que se presentaron las denuncias, se llevó a cabo la audiencia ante un Tribunal de Juicio Oral de la Primera Región Militar.
A pesar de los testimonios y dictámenes presentados por la propia fiscal militar y las abogadas de las soldados agredidas, los integrantes del tribunal llegaron a una conclusión inesperada para las víctimas: lo absolvieron por unanimidad.
Mes y medio después de que lo absolvieron en primera instancia, Villalba Cortés recibió una importante tarea del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: lo nombran coordinador regional de la Guardia Nacional en Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, como parte de la estrategia para desplegar a la GN y militarizar la seguridad pública en el país.
Al alto mando no le importó que Villalba Cortés fuera parte de un proceso legal abierto, ya que las abogadas de las víctimas habían impugnado el fallo que lo exoneró y ese juicio estaba en curso.
El 25 de julio de 2019, las abogadas de las víctimas lograron que el Tribunal Superior Militar revocara el fallo absolutorio y el 19 de noviembre de ese año lograron otra victoria mayor: una sentencia condenatoria de 18 años y ocho meses de prisión contra el militar.
El general Villalba Cortés, que no estaba dispuesto a perder la batalla, presentó otro amparo y luego otro hasta que logró que su caso tocara las puertas de la Suprema Corte.
Pretendía que se aceptara un recurso de revisión y que el caso permaneciera en el ámbito militar y no fuera turnado a tribunales civiles.
En esos días fue justo cuando el secretario de la Defensa Nacional planeaba reunirse con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pese a la gestión del general Sandoval González, el caso nunca pasó al fuero militar.
En noviembre de 2021 el Ministerio Público Militar remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR).
Se buscó la versión de la Sedena, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Zaldívar Lelo de Larrea, a través de su secretario particular, respondió que jamás se reunió con el general para tratar ese asunto.