Escándalo en Tucumán: tras la difusión de un audio del intendente, el gobernador Jaldo intervino la ciudad de Alberdi y convocó a elecciones Infobae
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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidió desplazar al intendente Luis “Pato” Campos de su cargo en la ciudad de Juan Bautista Alberdi y convocó a elecciones para el 26 de octubre. Esta medida, adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se produjo luego de la difusión de un audio en el que Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez mantienen una comunicación en la que conversan sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y un robo millonario, lo que desencadenó una crisis institucional en la provincia.
La intervención se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución provincial, que habilita al Poder Ejecutivo a tomar el control de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional. Ahora, Guillermo Norry asumió el control del municipio.
La intervención se extenderá por un plazo máximo de 180 días, durante los cuales Norry tendrá la responsabilidad de restablecer el orden administrativo y garantizar la continuidad de los servicios municipales.
El ministro del Interior, Darío Monteros, explicó que el interventor, contador de profesión y con experiencia en la función pública, se encargará de normalizar las finanzas y la gestión, asegurando a los empleados municipales la continuidad en sus puestos bajo las directivas del nuevo responsable.
El Gobierno provincial, a través del DNU, también dispuso la convocatoria a elecciones municipales para el 26 de octubre, con el objetivo de restituir la normalidad institucional mediante el voto popular.
La crisis institucional se precipitó tras la filtración de un audio en el que se escucha a Campos y Giménez discutir sobre un robo millonario y presuntos lazos con el narcotráfico. El gobernador Jaldo manifestó públicamente su rechazo a cualquier tipo de vínculo entre funcionarios y actividades ilícitas, y advirtió que no tolerará que políticos de Tucumán estén relacionados con el tráfico de drogas.
“No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional lo vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad —en este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna—. Como Gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, declaró Jaldo el viernes pasado, según publicó El Tucumano.
En la madrugada del lunes, una comitiva integrada por los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa; el fiscal adjunto Raul Ferrazzano; el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau; y el propio Norry, arribó a Alberdi para ejecutar la intervención. El fiscal adjunto Ferrazzano dio lectura al DNU, en presencia de la escribana Olga Inés Navarro, responsable del Registro de Gobierno. Paralelamente, por orden judicial, efectivos de la Policía y de Gendarmería allanaron los domicilios del exintendente Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, además de tomar posesión de los edificios de la Intendencia y del Concejo Deliberante.
La investigación judicial que motivó la intervención se originó tras la denuncia presentada por el jefe policial Joaquín Girveau, luego de la difusión del audio entre Campos y Giménez.
El domingo pasado se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Juan Bautista Alberdi: la vivienda particular de Giménez y el ex mercado municipal, que figura como su domicilio legal. En la casa del barrio 111, donde reside un familiar directo de Giménez, los agentes secuestraron teléfonos celulares, documentación y el DVR del sistema de videovigilancia. En el ex mercado municipal no se hallaron elementos relevantes para la causa.
Chipi Giménez, de 39 años, es conocido en la ciudad por su rol como contratista de obras públicas. Su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal destinada a vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos. También estuvo a cargo de la recuperación del mercado municipal, aunque los trabajos se suspendieron por falta de pagos, ya que no recibía los fondos provinciales necesarios para continuar. Posteriormente, habría sido contratado para refaccionar el Centro Cultural de la ciudad.
El conflicto entre Giménez y el intendente Campos surgió tras el robo sufrido en el obrador del mercado municipal. En el audio viral, Giménez le reclama a Campos: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”. Este hecho fue denunciado ante las autoridades.
El intendente Campos reconoció públicamente que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. “De la grabación no recuerdo muchos detalles”, declaró Campos a El Tucumano, quien situó la conversación hace aproximadamente un año y aseguró que el diálogo giraba en torno al robo sufrido por un tercero. Además, cuestionó la legalidad de la grabación, argumentando que “grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”.
Campos manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y expresó: “Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la justicia”. El exintendente también afirmó que dio garantías al gobernador sobre su desvinculación de los hechos y ratificó su permanencia en el cargo antes de la intervención: “No voy a tomar licencia. Estoy más firme que nunca. Se lo dije al Gobernador: no voy a renunciar. El pueblo de Alberdi está conmigo”. Finalmente debió dejar su cargo por orden del gobernador.
La situación se agravó por la reciente incautación de un pan de cocaína en Alberdi, hecho que, según el gobernador Jaldo, evidencia la presencia de intereses afectados por los operativos policiales. “No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”, sentenció el mandatario provincial. Las autoridades provinciales reforzaron los controles en la zona y mantienen la vigilancia sobre el municipio, mientras la investigación judicial avanza con el análisis de los elementos secuestrados en los allanamientos.
En su primer acto administrativo como interventor, Norry dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal, como paso inicial para restablecer el orden institucional y garantizar el funcionamiento legal del municipio. El ministro del Interior, Darío Monteros, subrayó que el interventor tiene la misión de poner en orden las finanzas y la gestión, y de asegurar la continuidad de los empleados municipales en sus funciones.
El proceso de intervención requiere la aprobación de la Legislatura para convertir la decisión del Poder Ejecutivo en ley. Mientras tanto, la administración de Norry se enfocará en restablecer la normalidad institucional y preparar el terreno para las elecciones municipales del 26 de octubre, en las que la ciudadanía de Juan Bautista Alberdi elegirá a un nuevo intendente.
